Una entrevista sobre las implicaciones ecológicas, sociales y humanas de los megaproyectos Minero-Energéticos en Colombia

En el mes de Octubre una comisión de líderes sociales colombianos estuvieron de gira por Europa con el apoyo y organización de Friends of the Earth International. Tras ubicarse Colombia, junto a Honduras y Palestina, como uno de los tres países prioritarios de la organización a causa de la situación de violación de derechos humanos, emprendieron camino en esta gira Danilo Urrea, miembro de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia, Blanca Nubia Anaya del Movimiento Social Ríos Vivos en defensa del Sogamoso en Santander y Jonathan  Ospina del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA – en el departamento del Tolima.

Nos reunimos con la comisión para ahondar en el estado de la situación y presentar las violaciones colectivas a los derechos de los pueblos que están teniendo lugar en el país por la participación del capital transnacional en la construcción de megaproyectos.

Colombia se ha caracterizado por décadas por su actividad económica de tipo extractiva. La extracción y exploración de hidrocarburos como principal fuente de ingresos nacionales, se vio sin embargo, consolidada junto al énfasis en los proyectos minero-energéticos a gran escala como uno de los pilares de desarrollo económico en el plan nacional de desarrollo 2014-2018.  ¿Qué implicaciones ha tenido esta afamada «locomotora minero-energética “en los territorios donde se ubican dichos proyectos?

Danilo: Señalaría un aspecto, sí es cierto que el modelo se consolidó entre 2014 y hasta 2018 por el plan de desarrollo, pero la viabilidad del modelo y su incursión firme en el país las entrega la política de “seguridad democrática” durante la presidencia de Uribe, en la que se hizo todo por atraer la inversión extranjera directa, causando 4 millones de desplazados, 5 millones de hectáreas de tierra tomadas por el paramilitarismo.  Es la seguridad democrática la que garantizó el modelo, Santos, el presidente actual, lo que hizo fue darle un impulso a esas garantías para el capital transnacional. Pero ya eso estaba bien consolidado.

Jonathan: Este modelo ha hecho que haya un desconocimiento de las comunidades en los territorios por parte del estado, desde la centralidad. Al perseguir esta estrategia de desarrollo, se han causado nuevos y numerosos conflictos con las comunidades, conflictos por la tierra y por el ambiente. Lo que se ve amenazado es la tradición y la permanencia en el territorio.

¿Es posible hacer minería a gran escala sostenible, responsable y respetuosa de los derechos?

Danilo: No existe la minería sostenible ni responsable. Es un discurso corporativo, que incluso ha calado en todo el sistema de Naciones Unidas que ha garantizado que a través de esos discursos lleguen a territorios específicos con esas falacias.

Es contradictorio. La misma actividad es de tipo extractivo. De explotación. No puede ser sostenible ni sustentable. Desde la mirada científica es contradictorio. Tampoco es responsable. De lo único que es responsable es del desplazamiento, de la criminalización de la lucha, de la contaminación de agua, de enfermedades respiratorias y estomacales. Lo demás es una falacia. Todo el modelo de responsabilidad social empresarial, que ha sido montado alrededor de la minería, es un favorecimiento del modelo corporativo. Porque una responsabilidad social corporativa que se hace por ejemplo responsable de pagar las fiestas patronales del Tolima para que la gente se comprometa a permitir la entrada  de la transnacional, o de pagar la construcción de escuelas en las que se les enseña a los niños indígenas que se tienen que convertir en mineros por fuera de toda su concepción tradicional y ancestral, un puesto de salud donde ni siquiera hay energía necesaria para poner a funcionar las máquinas para realizar exámenes y atender a la población, son claramente sólo lavados de imagen corporativo para lograr exención de impuestos como está comprobado hasta la saciedad en el caso colombiano. Por todo eso, ese modelo de responsabilidad social y el discurso de minería sostenible es sólo una estrategia para garantizar la entrada más fácil de los proyectos y las mineras a los territorios.

Y en últimas para liberar también al estado de su responsabilidad como garante de las condiciones para el desarrollo de los territorios y la vida de las personas.

Danilo: Suplantación ficticia del estado.

Y además dividen a la población para ganar adeptos. ¿Cómo hicieron por ejemplo en Cajamarca para reunir a la mayoría en contra del proyecto de minería de oro?

Jonathan: Sólo tuvimos 15 días  para organizar a la gente. Sobre minería ya habíamos hablado por muchos años. Para todos era claro que Cajamarca en su mayoría iba a votar No a la minería. Ese día de la votación, ofrecieron paseos para irse a otros lados, en otros casos ofrecieron 400.000 pesos para retener cédulas y después las devolvían al final de las votaciones. A pesar de esas maniobras de último minuto, nuestro proceso de información y sensibilización ya tenía efectos irreversibles. Los pequeños grupos que estaban a favor de la minería eran porque tenían contratos u otros beneficios directos con la empresa.

Colombia transita por un proceso de construcción de paz. Ya con la ley de víctimas, y después del acuerdo de paz, se comenzó a implementar y reforzar en Colombia la política restitutiva, reparativa y de redistribución de tierra.  Pero todo eso va en paralelo compitiendo con la “Locomotora Minero-energética” y con políticas o leyes como la ZIDRES- Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social- . ¿Uds. creen que esta competencia de políticas se constituye en un impedimento efectivo para la paz?

Danilo: En primer lugar es importante señalar que es un error tratar los temas agrarios  en el marco de los planes de desarrollo territorial integral. Cuando hablamos de desarrollo rural, se habla de la tierra en términos de explotación, de lo productivo. Diferente a cuando hablamos de lo agrario. Más allá de ésto, el obstáculo real es que todo el andamiaje normativo de Colombia está en contravía del acuerdo. Por ejemplo las ZIDRES van a crear clústeres productivos, es decir que la única vía será integrar a las Zonas de Reserva Campesina con las ZIDRES como anexo para fortalecer los megaproyectos en la zona. Esta anexión implica que las zonas campesinas, van a ser devoradas por el modelo corporativo que dirige las ZIDRES. Esa fue una jugada brillante del gobierno, ya que ahora todo ese esquema normativo y las políticas de desarrollo rural van a ser validadas y legitimadas en su totalidad por los Planes de Desarrollo Territorial – PDET-, que son parte del acuerdo de la Habana. No dejan ventana ni chance de articular de ninguna forma alternativa los territorios rurales y las actividades productivas. Todo queda atrapado en el modelo corporativo.

Se ha discutido ya ampliamente, que tras la retirada de las FARC de los territorios, éstos quedan totalmente libres para que el gobierno y las multinacionales entren con sus megaproyectos de minería o agricultura intensiva y monocultivo. ¿Puede ser que la ausencia de las FARC conduzca a una catástrofe natural y social en territorios que por tradición habían sido intocables por la protección del grupo guerrillero?

Blanca: De hecho en varias comunidades, la misma gente no ha querido que la guerrilla se vaya. La gente tiene miedo. Ha habido muchas amenazas a pobladores diciendo que apenas se vayan las FARC los van a ajusticiar.

Danilo: Es importante dejar claro que nosotros respaldamos cien por ciento el acuerdo como posibilidad de terminar un conflicto armado de tan larga data. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que se quiere implementar como paz. Las comunidades han construido paz desde siempre desde sus mismas formas de habitar el territorio, en una dirección totalmente diferente al modelo corporativo impuesto por el gobierno.

Nosotros como firmes defensores del proceso de paz, sabemos la importancia de la reconciliación como primer paso para construir paz. Pero la reconciliación debe ser completa. También debe haber reconciliación con la naturaleza. La guerra también ha sido declarada a la vida no humana. Reconocer, reparar y enmendar el camino es parte de la construcción de la justicia ambiental para una paz integral.

Ustedes representan procesos colectivos locales de resistencia y rechazo a los megaproyectos minero-energéticos. En Cajamarca se llegó a ese punto culmen con la consulta popular en la que el 97% votó en contra de la mina de Oro “La Colosa”. En Sogamoso, la represa siguió su curso como proyecto pero es conocido que la resistencia de la comunidad ha obligado a gobierno y a empresa a hacer un pare y negociar con la gente ¿Cómo fue el proceso colectivo del pueblo para llegar a esos puntos determinantes en la defensa del territorio?

Blanca: En Sogamoso, no ha sido nada fácil, duramos 6 meses en protesta y en paro organizado en uno de los parques de la localidad. Nuestras condiciones fueron muy difíciles. En últimas la sede de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores- fue la que nos prestó techo y refugio sobre todo para nuestros ancianos y niños. Tal fue nuestra resistencia que la empresa ofreció 1.300 millones de pesos (39.000 euros) para solucionar la situación. Pero eso no era ninguna solución. Somos más de 2000 familias, y no se nos ofrecen tierras para cultivos ni soluciones de vivienda. Tras seis meses rompimos la huelga pues no aguantábamos más a sol y a lluvia todos los días. Seguimos movilizándonos y exigiendo. Requerimos apoyo internacional.

Jonathan: Un año antes de la llegada del proyecto “La Colosa”, ya existían algunas organizaciones sociales. Con la llegada de la minera y su gran campaña de prensa y su discurso de progreso económico en las jornadas de socialización con la comunidad, ya comenzaron con gran escepticismo a organizarse los mismos pobladores en comités como el Comité Ambiental en Defensa de la Vida -CADV-. Se formaron redes locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales en apoyo a la causa. Se utilizó muchísimo el “voz a voz” y se generaron iniciativas de movilización ciudadana como las marchas-carnaval. También se produjeron materiales, cartillas, y contenidos de tipo informativo y didáctico en las que se lograron explicar todas las implicaciones de la minería a cielo abierto a gran escala.

De igual forma nos asesoramos con abogados y fuimos muy activos en usar todas las herramientas jurídicas para no sólo hacer respetar el derecho a la consulta previa, sino el hecho de hacer valer la presencia de representantes de la comunidad en sesiones de consejos locales o nacionales y mantener vivo el tema de la minería en el agenda pública.

Y después de la consulta, la empresa también se agarró de argumentos jurídicos para deslegitimar los resultados. El argumento de que habían ya adquirido los derechos de explotación tras haber obtenido la licencia para exploración durante 10 años, fue utilizado decididamente por la minera para argumentar su negativa a dejar el territorio. ¿Cómo se alegó contra esos argumentos?

Jonathan: En primer lugar, esos argumentos no tienen un peso jurídico real. En la legislación colombiana, la licencia para exploración no concede de manera automática la licencia para explotación. Es una mera expectativa. Entonces la empresa no tenía ningún derecho adquirido real. No cuentan con licencia ambiental y con los resultados de la consulta tampoco la obtendrán.

Danilo: En todo caso, los resultados de la consulta sí son vinculantes. Lo que pasa es que hay un vacío jurídico. Esos mecanismos de participación están garantizados en la constitución, pero no hay gran desarrollo en su reglamentación. Por esta razón después de los resultados hay un gran bloqueo porque no hay claridad de cómo implementar o seguir el proceso. En eso se excusa el gobierno Colombiano para no actuar de acuerdo a la voluntad de los votantes. Sin embargo, sí existe la jurisprudencia de la corte constitucional que indica que toda decisión de los entes territoriales debe ser previamente consultada y que los resultados de las consultas son vinculantes.

La verdadera pregunta es cómo se están interpretando los desarrollos de la corte constitucional y las discusiones alrededor de éstos. Y eso va para largo.

Entonces en el caso de Cajamarca ¿tampoco se ha implementado?

Jonathan: El proceso de implementación en principio sigue tres etapas. El local,  luego el departamental y por último el nacional. Los consejos municipales tienen que reglamentar los resultados de la consulta en el ordenamiento territorial, entonces en Cajamarca, el consejo municipal sacó el decreto por el cual adopta los resultados de la consulta popular pero lamentablemente lo hizo a espaldas de la comunidad  y quedó un decreto muy  vulnerable que puede ser atacado en cualquier momento  por la empresa. Pero bueno, desde lo local ya se puede decir que se implementó. En el nivel regional, la Corporación Autónoma del Tolima – CORTOLIMA- falta que le quite los permisos ambientales a la empresa; los que tiene de exploración. Y de orden nacional falta que los ministerios le quiten los títulos mineros. 80% del territorio en Cajamarca está titulado como territorio minero, entonces seguimos exigiendo que esos títulos se deroguen, pues si la actividad minera está prohibida pues no tendrían por qué estar activos. Al día de hoy la empresa sigue como titular de los territorios, tienen seguridad privada.  La empresa expresó que estaría esperando la resolución del tema minero y allí retornarían o se irían; en un total desconocimiento de la voluntad de Cajamarca.

¿Cómo ha sido la situación en relación a la seguridad e integridad de los líderes sociales que defienden los territorios de los mega proyectos y las grandes empresas?

Danilo: En Colombia ha habido un cambio del dispositivo de criminalización en los últimos diez años y el cambio no significa que se haya dejado de usar la forma clásica que es el asesinato y el encarcelamiento. En los últimos diez años hubo todo un desbloqueo de las tecnologías del poder y cambiaron a tener otras estrategias como la deslegitimación del trabajo de la gente. Tiene que ver con mostrar a esas personas como que tienen problemas diversos, más allá de lo que se refiere a su trabajo y tiene que ver con un intento de presentar a los líderes y lideresas como si hicieran parte de grupos insurgentes. Aun cuando eso no se lleve a escenarios penales, genera bastante desconfianza en la población local. Este nuevo dispositivo de criminalización ha tenido un resultado. La estigmatización ha sido producto de una muy buena coordinación entre los medios que están asociados a las empresas privadas y a éstas que a su vez aportan dinero a esos medios.

Blanca: Cuando empezó a entrar con fuerza la empresa en el territorio para construir la represa, sucedieron 4 asesinatos de líderes. Aún siguen esos y otros casos en la completa impunidad. Así mismo tenemos compañeros y compañeras a quienes les han ensuciado su imagen de manera tal que es casi imposible poder recuperar la credibilidad o confianza por parte de los demás. Es muy lamentable. Apenas ven cabezas visibles en la resistencia y defensa de la causa, se implementan varias estrategias para afectarlos. En el peor de los casos, desaparición o asesinato.

Jonathan: En Cajamarca sucedió lo mismo, el asesinato de 3 líderes, dos en 2013, otro en 2014. Según las investigaciones siempre se ha arrojado que los crímenes fueron aislados y desvinculados de su protagonismo en la lucha por la defensa del territorio, sin embargo, se han encontrado también inconsistencias en estas investigaciones. Además también ha habido muchas amenazas al movimiento y sus líderes por parte de grupos paramilitares; en otros casos por personas desconocidas.  La empresa incluso ha tenido históricamente escándalos de vínculos con grupos paramilitares en otras partes del mundo, en Ghana o Sudáfrica, por ejemplo.

Causa curiosidad que las amenazas realizadas por el grupo paramilitar “Las Águilas Negras” utilicen el mismo lenguaje y discurso utilizado por la empresa: El famoso discurso del progreso. Existen muchos indicios que ponen a pensar que realmente existen nexos entre estos grupos y la empresa, teniendo en cuenta que la empresa tiene convenios de seguridad con cuatro batallones de alta montaña del ejército. Es bien sabido por todos cómo no sólo en Cajamarca, los grupos militares han trabajado de la mano con grupos paramilitares. La misma fuerza pública además ha sido de los principales actores que han vulnerado los derechos de los líderes y las comunidades en defensa del capital y los megaproyectos asociados. Este año volvieron a intentar nuevos asesinatos; hubo disparos por parte de una persona desconocida. Se trató que la investigación se hiciera de una manera efectiva pero no hay respuesta ni intención explícita de investigar a fondo. Vemos que los derechos se vulneran constantemente no sólo por los directamente involucrados en las agresiones sino por parte del estado entero al no tener voluntad ni disposición para investigar y esclarecer los hechos. Muestra de ello la impunidad total en la que quedan todos estos casos.

¿Qué mensaje principal quieren dejarle a nuestros lectores y cómo se pueden vincular y participar para lograr el mejoramiento de la situación?

Jonathan: Visibilizar los casos. Que no se quede la información en los territorios. Difundir la información. Presionar al gobierno colombiano en dirección a que respete la democracia participativa, los derechos y que implemente las medidas para que se dejen e vulnerar éstos de manera sistemática. Así mismo hacemos un llamado a que las personas cuestionen y cambien sus prácticas del día a día. El consumo excesivo e innecesario está conduciendo a que las empresas vayan a los países “subdesarrollados” para extraer los recursos naturales y así garantizar que otras personas en otros países vivan lo más cómodamente posible a costa de la vida de otras personas. Si cambiamos nuestras prácticas  de consumo no habría necesidad de ir a otros países a explotar y extraer sus recursos hasta acabar con los territorios. Antes de comprar o desechar algo, hay que pensar que otras personas están sufriendo o perdiendo la vida para que ese producto o servicio esté al alcance.

Blanca: Toda la explotación que se hace, se hace de recursos naturales que no son renovables. El agua es vital para sobrevivir. La gente debe ser consciente de que cuando un bombillo está prendido innecesariamente, es el agua la que se está acabando, cuando usamos y botamos mucho papel, también. Al atentar contra el agua, atentamos contra la vida misma. La gente debe despertar y enterarse de dónde y cómo se producen las cosas que adquieren o tienen.

Danilo: Lo principal es tener una mirada crítica frente al modelo global de producción y consumo y lo que implica que una sociedad participe en el modelo de producción y consumo de otras sociedades. En el fondo, la discusión debe ser cómo una situación como la Colombiana, depende de una presión internacional muy fuerte; desde los pueblos de otros países. Se debe saber que no es una democracia la que se vive en Colombia, que la idea de que Colombia ha vivido como la democracia más antigua de Suramérica es una idea falsa. Es una creencia justificada en un modelo legal pero falsa. Creo que como mensaje quiero decir que en Colombia no hay garantías democráticas para el ejercicio de la defensa del bien natural y el territorio y que hasta que no cambie esa concepción de las sociedades europeas de que Colombia es una democracia, no va a ser posible intervenir para acabar con el modelo de dominación, que es un modelo de dominación oligárquico, de una clase social sobre las otras y sobre la naturaleza. El mensaje sería que hay que construir una democracia basada en la autodeterminación de la gente.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/no-existe-la-mineria-sostenible-ni-responsable-eso-es-un-discurso-corporativo/

El Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán compartió ayer un video filtrado que muestra a Santiago Urdinola, presidente de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), detallando una estrategia mediática para impulsar la solicitud de licencia ambiental que presentaron para la construcción de Soto Norte, un proyecto minero de extracción de oro que, según organizaciones ambientalistas,  afectaría nocivamente al Páramo de Santurbán.

En este video de una reunión privada de Minesa, se ve a Urdinola hablando de una estrategia de comunicaciones que tiene como prioridad tener «tranquilos» a las autoridades competentes en Bogotá, durante el proceso de la solicitud de la licencia ambiental, esto a pesar de las manifestaciones públicas de las comunidades en contra de este megaproyecto. «Si yo tengo el mundo incendiado, pero en Bogotá sienten que estamos bien, estamos bien«, sostuvo.

El presidente continúa, diciendo que la manera indicada de minimizar las voces contradictorias a la mina es desarrollar una narrativa que presenta a los manifestantes como militantes de la oposición, vinculados a los movimientos políticos del Senador Gustavo Petro, al Partido Verde, al Polo Democrático y a algunos élites de Bucaramanga, que estarían buscando a través de estas manifestaciones tumbar el Gobierno del Presidente Iván Duque. (Le puede interesar: «Páramo de Santurbán nuevamente amenazado por solicitud de Minesa«)

Mayerly López, vocera del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, señala que este video filtrado confirma las denuncias que los ambientalistas organizados en contra de este proyecto habían publicado por años y que es la empresa la que emprende en una campaña de estigmatización para deslegitimar a los manifestantes señalándolos como politiqueros de izquierda, por el solo hecho de que algunos contradictores son integrantes de partidos políticos.

El Comité también compartió otro video de la misma reunión en que el presidente afirma que el proyecto minero Soto Norte, al ser aprobado, estaría desplazando a 50 familias, «de sus territorios donde han vivido por 100 años porque están en la huella del proyecto».

Frente estos hechos, el Comité planea mandar una denuncia a la ANLA para que este video se tenga en consideración al tomar una decisión frente la solicitud de licencia ambiental que presenta la empresa y esperan que las autoridades competentes investiguen los procederes de la empresa. Adicionalmente, el Comité realizará una marcha el próximo 10 de mayo para presionar a las autoridades a rechazar la solicitud de Minesa.

Fuente:https://www.contagioradio.com/filtran-video-que-evidencia-campana-de-estigmatizacion-de-minesa-contra-ambientalistas/?fbclid=IwAR3H3Peo3eT5akPdi9gYjjWyt-VzXrPH4edo9v7T0RYzZhWCgcHwO744-qM

La ley de Transparencia y Acceso a la Información en Colombia pone los datos públicos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones. Sin embargo, esto no siempre se cumple, mucha información no se actualiza, se encuentra fragmentada en diferentes instituciones y llegar a ella suele ser un trabajo dispendioso y hasta especializado.

Todos estos problemas se juntan cuando las comunidades desean obtener información sobre megaproyectos mineros, energéticos, de hidrocarburos o viales. Cuatro sectores priorizados por el Plan Nacional de Desarrollo y cuyas obras, muchas veces, solo llegan a conocimiento de las personas cuando se dan los procesos de socialización o cuando están a punto de entrar en operación.

La noticia es que a principios de abril se dieron a conocer dos geoportales de libre acceso, uno donde los colombianos pueden identificar todas estas actividades en el país y cruzarlas con áreas prioritarias de conservación y otro donde se dan a conocer los proyectos que tendrían gran impacto sobre los páramos de Guerrero, Chingaza y Sumapaz en el departamento de Cundinamarca. Esto permite a las personas solicitar información adicional a las entidades competentes y estar enterados en tiempo real sobre las decisiones que se toman en sus territorios.

Miles de megaproyectos en Colombia

Al ingresar a www.ecosistemasenalerta.info ─creado por la organización Ambiente y Sociedad─ se pueden visualizar, en un solo mapa, los sitios donde hay grandes megaproyectos y añadir capas que permiten identificar los lugares en que las actividades se cruzan con áreas de gran valor ambiental, e incluso ─con información oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y de Global Forest Watch─ saber si coinciden con focos de deforestación en el país.

El departamento con más alertas es Antioquia (497), seguido por Santander (327), Tolima (258) y Meta (220). Sin embargo, estas cifras solo incluyen los proyectos legales y hay informaciones oficiales que están desactualizadas. Entidades como el Catastro Minero no entregaron la información más reciente a pesar de que los creadores del portal la solicitaron a través de un derecho de petición ─mecanismo jurídico en Colombia con el cual toda entidad que trabaje con datos públicos está obligada a dar respuesta a las solicitudes─.

Hernando Ovalle, coordinador general del proyecto y desarrollador del sistema de información geográfica (SIG), asegura que algunos proyectos les llamaron la atención debido a los grandes impactos que generarían.

Uno de ellos está relacionado con el sector hidrocarburos. El Oleoducto al Pacífico tiene un corredor aprobado de 780 kilómetros que pasaría por cuatro departamentos colombianos: Valle del Cauca, Tolima, Huila y Meta y atravesaría las tres cordilleras de los Andes (Oriental, Central y Occidental).

El proyecto busca conectar de manera más eficiente los bloques de producción de la región de los Llanos Orientales con la región Pacífica, en otras palabras, unir las zonas productoras de petróleo con la salida al mar para ser más competitivos con futuros mercados asiáticos.

De acuerdo con Ovalle, con este proyecto habría afectación a resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes donde ya se han venido adelantando las consultas previas. “En un momento el proyecto cruzaba un Parque Nacional por lo que tuvieron que presentar una nueva alternativa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Aun así, pasará por zonas de bosques que están relativamente bien conservadas”, asegura.

Y es que, según dice, esta obra no solo se limita a darle paso a un tubo, sino que busca unir varios oleoductos existentes y eso trae consigo la construcción de vías que aumentarían la deforestación en esas zonas. Ovalle además ve con preocupación lo que viene sucediendo con la Amazonía, sobre todo en el sector noroccidental donde los proyectos de hidrocarburos están ejerciendo mucha presión sobre los departamentos de Putumayo y Caquetá.

El geoportal también llama la atención sobre proyectos en etapa de construcción u operación. Es el caso del polémico Hidroituango, en el departamento de Antioquia, que ha estado en el ojo del huracán, entre otras cosas, por la inundación que provocó en mayo de 2018 en el sector de Puerto Valdivia o cuando Empresas Públicas de Medellín (EPM) retuvo el río Cauca durante una semana en febrero de este año, generando impactos ambientales que aún no se conocen con exactitud.

Esta hidroeléctrica se encuentra sobre bosques naturales y vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes, una de las áreas prioritarias de conservación establecidas en el libro ¿Qúe y Dónde Conservar? publicado en 2011 por Germán Andrade y Germán Corzo en un ejercicio de investigación de Parques Nacionales Naturales de Colombiay donde uno de sus objetivos era identificar los tipos de ecosistemas sin representación en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Este libro fue la base para establecer las áreas prioritarias de conservación que se reflejan en el geoportal.

De hecho, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a inicios de abril pidió acciones inmediatas para frenar la crisis ambiental que desató Hidroituango en el ecosistema del río Cauca y que afecta la vida de cerca de 60 000 personas.

Fábricas naturales de agua en amenaza

Los páramos son ecosistemas estratégicos para Colombia y de ahí que ─después de la gran ola invernal de 2010-2011 que causó grandes estragos─ su delimitación y protección fueran una tarea de primer orden para el gobierno nacional, que destacó su importancia para la mitigación y adaptación al cambio climático dada su enorme importancia como fuente de agua.

Precisamente el segundo geoportal: Páramos y proyectos de gran impacto (www.cuidemoslosparamos.info), también creado por Ambiente y Sociedad, se centra en este ecosistema en el departamento de Cundinamarca. Ahí se identificaron 328 proyectos de gran impacto en los páramos de Sumapaz, Chingaza y Guerrero: 272 títulos mineros, 41 viales, 10 de hidrocarburos, 2 de represas y 3 de tendidos eléctricos. De estos, 245 fueron caracterizados y mapeados, y pueden ser visualizados y consultados en el geoportal.

“Se diseñó como una herramienta que le permitiera a diferentes actores, que conviven y trabajan en estos territorios de alta montaña, conocer los proyectos de desarrollo que se están implementando en sus espacios de vida y consultar, de forma fácil y rápida, información precisa sobre dichos proyectos”, señala Andrea Prieto, geógrafa en la Asociación Ambiente y Sociedad y co-coordinadora de la investigación.

Quizás el proyecto que mayor impacto podría generar sobre los páramos es Chingaza II, que busca proveer más agua para Bogotá y que a pesar de estar suspendido actualmente, es probable que se reactive en el futuro. Abarca 500 000 hectáreas en la cuenca del río La Playa, río Guatiquía y río Guavio; y además incluiría el trasvase ─paso del agua de un afluente a otro─ de la cuenca del Orinoco a la cuenca del río Bogotá, con el aumento del caudal de los ríos Fucha, Tunjuelo y Soacha.

“El proyecto está dentro del Parque Nacional Natural Chingaza. Páramo Chingaza. Requiere la totalidad de las aguas de los ríos: i)La Playa, ii)Frío, iii) Chuza, y demás vertientes tributarias de dicha olla. Afectación posible a la cuenca la quebrada Blanca que abastece a la cabecera municipal de San Juanito y la vereda El Carmen”, se lee en el geoportal.

Allí también se indica que, en términos generales, el desarrollo del proyecto altera los ecosistemas naturales, reduce caudales, altera vías migratorias de aves y peces, genera contaminación de las aguas, afecta humedales aguas abajo, reduce el aporte de nutrientes y sedimentos aguas abajo y puede producir desecamiento de áreas inundables, además de pérdida de vegetación paramuna y fragmentación de hábitats.

En 2015, un análisis geoespacial de la Universidad Nacional de Colombia determinó que el embalse afectaría directamente el 11,33 % del valle del río La Playa (la biodiversidad de 638 hectáreas). Además, el pasado 22 de marzo, día del agua, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Antonio Navarro Wolff, reactivó la polémica sobre el proyecto cuando indicó “la necesidad de Chingaza II para el abastecimiento de agua potable para Bogotá y la sabana, para adaptarse al cambio climático y sus veranos más intensos”.

Otros proyectos polémicos en los páramos son: la ampliación de la Vía Perimetral de Oriente y el tendido eléctrico Nueva Esperanza, “que ya existe pero preocupan los impactos indirectos, principalmente por cuenta de las radiaciones que emiten las líneas de alta tensión y que cruzan algunos de los páramos”, dice Hernando Ovalle.

Así mismo, le preocupa en general el impacto de la sinergia de un gran número de proyectos mineros en la parte norte y que están en el límite del páramo de Guerrero. “Los bosques altoandinos de ahí para abajo prácticamente desaparecieron en esa zona y aunque están en los límites del páramo, pueden afectarlo. Toda esa minería es a cielo abierto lo cual genera mayores presiones”, dice.

Luisa Vargas, antropóloga que ha trabajado durante varios años con las comunidades en los páramos, considera que se deben analizar en profundidad los proyectos pero cree que lo que más impacta a estos ecosistemas, paradójicamente, es su delimitación, la cual “se viene realizando con criterios meramente ecológicos y técnicos, desconociendo los criterios sociales y de participación. A esto se sumó la restricción de la producción agrícola tradicional arraigada en la cultura campesina. Si bien hay que realizar acciones de protección, estas deben estar basadas en acuerdos concertados con los campesinos y las comunidades locales”.

Transparencia y acceso a la información

Cada vez que un proyecto se traslapa con un área prioritaria de conservación se genera una alerta. Según dice Hernando Ovalle, estas “alarmas” fueron agrupadas por departamento y por municipio. “Al dar click sobre cada proyecto puedes ver quién lo genera; la información de quién lo ejecuta; el número de expediente para que la gente pueda ubicarlo rápidamente si, por ejemplo, necesita información en la Anla; y el tipo de ecosistema que se estaría impactando con el proyecto”, asegura.

El objetivo es que todo se pueda encontrar en un mismo lugar, sin necesidad de buscarlo en otras páginas. “Para nosotros es muy importante el derecho al acceso a la información para tener una verdadera participación y justicia ambiental”, comenta Margarita Flórez, directora de Ambiente y Sociedad.

Para ella, los geoportales dan un sentido de la gran cantidad de proyectos que hay en las regiones y de su impacto acumulado. “Para una mejor toma de decisiones necesitamos mayor información sobre lo que existe”.

El gran reto es mantener actualizados los datos de los proyectos. En el caso de ecosistemasenalerta.info, Global Forest Watch seguirá dando un soporte técnico y las licencias para utilizar los mapas, pero lo más difícil será obtener la información. “Lo del acceso a datos abiertos es muy bonito en el papel, pero no se cumple en Colombia”, dice Ovalle. A pesar de esto, el objetivo está en actualizar la información por lo menos dos veces al año.

Jessica Webb, gerente senior de Compromiso Global de Global Forest Watch, asegura que “las personas más afectadas por los megaproyectos de infraestructura son los últimos en enterarse de que se van a realizar. Una vez que se dan cuenta del proyecto, ya es demasiado tarde para poder expresar sus opiniones y participar en la toma de decisiones sobre su implementación”.

Webb considera que no es suficiente con este espacio abierto en internet. Cree que es necesario tener un plan para interactuar y conectar con los usuarios, para apoyarlos en entender cómo se puede utilizar la información que contienen los mapas.

La expectativa ahora está en la utilidad que tengan los geoportales en las comunidades. El desafío es lograr su apropiación, garantizar una actualización de la información y con ella generar participación y diálogo para enfrentar los conflictos socioambientales que no cesan en Colombia.

*Imagen principal: La minería de carbón es una de las principales actividades en el páramo de Pisba y una de las que quedará prohibida con la delimitación. Foto: Daniel Reina Romero-Semana Sostenible.

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/04/megaproyectos-y-ecosistemas-estrategicos-geoportales-colombia/

Hoy Cajamarca, el mismo municipio de entrada al mítico Alto de la Línea, se proyecta como un destino ecoturístico con atractivos como el páramo de Anaime y el volcán Cerro Machín.

El 26 de marzo de 2017 el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, le dijo NO a la minería de oro, mediante una consulta popular.

Ese día 6.241 personas salieron a votar para decidir si aceptaban o no el desarrollo de un proyecto minero en Cajamarca, sólo 76 dijeron que sí. El proyecto minero de una multinacional buscaba extraer oro a cielo abierto en una mina llamada La Colosa que de haberse dado, hubiera sido la mina de oro a cielo abierto más grande de Sudamérica.

¿Qué camino tomó Cajamarca desde entonces?

Agricultura limpia y responsable así fue la apuesta de esta comunidad que hoy es uno de los grandes productores de arracacha del país. Actualmente, cerca de 1.500 bultos salen de este municipio cada día con destino a las otras regiones.

La inconquistable Cajamarca

El Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA) es una de esas organizaciones que después del NO empezaron a fortalecer su trabajo en el territorio.

“Nosotros, los jóvenes, estamos plenamente convencidos de que Cajamarca es para producir comida, que somos la despensa agrícola del país”, relata Robinson Mejía, líder de colectivo COSAJUCA.

Junto a Robinson, nos desplazamos hasta la vereda La Tigrera a la finca Bella Vista, donde conocemos a la familia de Bernaín Vargas, un cultivador de arracacha, quien nos cuenta su día a día y cómo con mano en azadón se saca este tubérculo de la tierra y cómo fue la lucha que dieron él y las demás familias de Cajamarca contra la explotación minera.

“Una de las formas de defendernos era seguir produciendo el oro de esta tierra que es la arracacha”, cuenta Bernaín.

De hecho, una de las estrategias que usaron fue buscar alianzas con grandes restaurantes del país quienes vieron en la despensa agrícola de Colombia una oportunidad para alimentar las mesas de sus comensales.

Así fue como la arracacha se convirtió en el nuevo “oro” de Cajamarca.

Fuente:https://canaltrece.com.co/noticias/cajamarca-tolima-mineria-arracacha-consulta-popular-referendo/

Vivimos en la era de las noticias falsas, la manipulación de las redes y el populismo que exacerba las emociones para buscar votos a como dé lugar. Poco importa el conocimiento y la búsqueda de la verdad; basta acomodar la información para defender prejuicios. Hoy, uno de los temas más proclives a caer en esta peligrosa mezcla de desinformación, tergiversación y cruce de intereses es el medio ambiente.

En muchas ocasiones, la preocupación por el cambio climático, la mala calidad del aire o el agua termina en disputas radicales donde el consenso y las soluciones no existen. En la mitad quedan expuestos los ciudadanos que no dominan asuntos técnicos y que algunos, con cálculo, convierten en banderas políticas o, peor aún, politiqueras.

Cuento esto porque bajo ese contexto se debate la agenda ambiental del país y porque sorprende un doble rasero en Santander. Es taquillero y da votos hablar del páramo de Santurbán y la minería. Pero no da votos y nadie habla, con la misma vehemencia, de las alertas por el aire en Bucaramanga; de la contaminación del río de Oro; de las cuencas que van por los barrios, convertidas en basureros; o de la arborización, el reciclaje y el Carrasco.

¿Algún candidato se ha rasgado las vestiduras porque, durante marzo, la ciudad sobrepasó los límites permitidos de emisiones contaminantes del aire? ¿Algún candidato ha visitado al río de Oro, sumido en el olvido, con unas plantas de tratamiento que no cumplen con sus objetivos?

Evidentemente no. Ya lo advirtió Leonidas Gómez, favorito para ser el próximo Gobernador de Santander, quien reveló que su “principal contrincante” en la contienda electoral será Minesa, la firma interesada en el proyecto de minería en California y Suratá. Leonidas lo sabe a la perfección: ahí están los votos.

Esperemos, en todo caso, que la campaña a la Gobernación vaya más allá de Santurbán y su delimitación, una discusión que por cierto debe darse con altura y responsabilidad. Los políticos también deben ocuparse de otros temas ambientales, a lo mejor poco taquilleros y sin suficientes votos, pero que vienen deteriorando seriamente la calidad de vida de miles de personas.

Dato de cierre: Todos coinciden en que el ingeniero Juan Carlos Cárdenas no despegó como candidato a la Alcaldía. ¿Qué pasó ahí?

Fuente:https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/yesid-lancheros/mas-alla-de-santurban-DE723072

El jefe de la Defensoría del Pueblo denuncia el asesinato de 462 activistas y defensores de derechos humanos en Colombia desde 2016.

El consejo comunitario de ese afluente en Buenaventura se ha enfrentado a los grupos armados, al Estado y a quienes quieren depredar el terriorio con cultivos de coca o minería mecanizada. Hoy, sus líderes siguen adelante, a pesar de las amenazas y las presiones de sus propios vecinos.

Al llegar a la comunidad de San Antonio, ubicada en la margen izquierda del río Yurumanguí (Buenaventura, Valle del Cauca), hay un mural que reza “Yurumanguireño que se respete no consume ni cultiva coca. Somos población civil no al conflicto armado”. Esa imagen es apenas un reflejo de la lucha que han dado los afrodescendientes que habitan esa región para mantener a raya a la minería mecanizada y la coca, una causa que les ha acarreado amenazas de muerte.

Aunque el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, sancionó el acuerdo, no se pronunció al respecto.

El acuerdo promovido desde el concejo de Salento, por medio del cual se prohíbe el desarrollo de actividades de minería de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala, se encuentra en la dirección de asuntos jurídicos de la gobernación del Quindío, para revisión de constitucionalidad y legalidad. Así lo informó la secretaria jurídica departamental, Cielo López Gutiérrez, quien confirmó que el documento ya fue radicado.

No a la minería

El proyecto, promovido por la concejal Orfa Liliana Correa, busca garantizar la defensa del territorio y tiene un componente ambiental de protección que va más allá del ‘Municipio Padre’. “Es importante destacar que no solo Salento se beneficia, sino todo el departamento”.

La cabildante explicó que en donde las concesiones mineras buscan intervenir, son lugares en los que se encuentran los nacimientos de agua. “Así que no es tanto el tema minero, sino de conservación de las fuentes hídricas”, aclaró Correa.

Sobre la etapa en que va el proceso del acuerdo, la concejal expresó que se siente muy positiva frente al visto bueno del gobernador, ya que él ha estado muy comprometido con este tipo de causas.

Agregó que el proyecto ya fue sancionado por la administración municipal y que en estos momentos espera que la gobernación dé el concepto.

Se puede demandar

Aunque hasta el momento el panorama pinta positivo, Correa señaló que como todo acuerdo puede ser demandable y tanto el ministerio de Minas como una multinacional podrían llevar a cabo esa acción, “pero tenemos mucha confianza en que todo estará a favor de la defensa del territorio”.

Alcalde no se pronunció

Aunque el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, sancionó el acuerdo, no se pronunció al respecto.

Fuente:https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en-revision-acuerdo-que-busca-prohibir-actividades-mineras-cronica-del-quindio-nota-128470

La Corte Constitucional en 2016 estableció que los municipios podían prohibir los proyectos mineros a través de consultas populares, sin embargo, el año pasado tumbó dicha ley estableciendo que estos mecanismos ya no podrán vetar proyectos extractivos de minería e hidrocarburos.

“En 2016 la Corte abrió la puerta a las consultas populares, pero en 2018 la cerró, ahora las consultas populares se pueden seguir haciendo para cualquier otra cosa, menos para actividades mineras”, explicó Rodrigo Negrete Montes, consultor legal ambiental.

Por su parte, Marcela Bayona, abogada senior, socia M&M Estudio Jurídico Ltda, indicó que “la Corte ha dejado claro que los temas relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, escapa a la órbita de los entes territoriales y no podrán prohibir la actividad, sin embargo, señala que son varias tareas pendientes para el Gobierno Nacional y todas las autoridades involucradas, insistiendo en la concurrencia y la coordinación de la nación con el territorio”.

Mientras estuvo vigente la ley de consultas populares se realizaron 10 votaciones en departamentos como Tolima, Casanare, Santander, Cundinamarca, Quindío y Meta, en todos ganó la opción que se niega a hacer minería en el departamento o municipio.

Aunque la norma ya no está vigente, las comunidades ya tienen un plan B. Según Negrete actualmente los municipios están acudiendo a los acuerdos municipales como solución. “Ya van 43 municipios que han prohibido la minería mediante acuerdo municipal en defensa de la naturaleza y de la cultura”, dijo el abogado.

Así mismo, debido a los fallos de las altas cortes colombianas la Agencia Nacional de Minería está realizando concentraciones con las autoridades locales para definir las zonas susceptibles para la actividad minera.

“En Colombia hoy sí es posible conciliar los intereses de las partes involucradas para la realización de actividades mineras y la concreción de proyectos mineros. Desde la ANM hemos visto esto como una oportunidad de hacer la minería cómo se debe hacer en los territorios”, señaló la entidad.

Es por ello que, la ANM diseñó e implementó un Programa de Relacionamiento con el Territorio, que tiene como objetivo principal lograr una relación eficaz, oportuna y permanente con los actores estratégicos involucrados en el desarrollo de proyectos mineros, previo al otorgamiento de un título minero.

Gracias a ello, la Agencia ha logrado concertar a la fecha con más de 200 autoridades locales y ha realizado 47 audiencias públicas de participación, otorgando 87 contratos de concesión minera.

Poblaciones no quieren la minería

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería durante el 2017 se realizaron siete consultas populares, dos en Cundinamarca, dos en Santander, una en Quindío, otra en Meta y una última en Tolima. Por otro lado, en 2013 se realizaron dos consultas en Piedra, Tolima y Tauramena-Casanare y el año pasado se realizó solo una en Fusagazugá. “De las consultas 10 consultas populares que se han hecho de 2013 a la fecha, en todas las comunidades han dicho que no, entonces esto se vuelve vinculante”, señaló Rodrigo Negrete.