Atravesando ríos, valles, montañas y desiertos, en lo que va corrido del año, a lo largo y ancho de su territorio, la Colombia históricamente convulsionada por la guerra se ha sacudido con la capacidad organizativa y movilizadora de una Minga indígena, Afro y Campesina. Con esa fuerza, en el mes de marzo se levantó un Paro Nacional y una Asamblea Permanente y, se instaló hasta el 2 de mayo un Refugio Humanitario por la vida de líderes y lideresas sociales en Bogotá.
Esta nueva explosión de sinergia social iniciada el 10 de marzo con La Minga por la Vida, Territorio, la Justicia y la Paz en el departamento del Cauca, que encontró adhesiones en todo el territorio nacional, sostiene como eje común y central la defensa de la vida, dentro un pliego de exigencias en materia de derechos sociales, culturales y sociales. La Minga enfrenta de esta manera las políticas derechistas y retroactivas en términos sociales, humanitarios y ambientales que busca implementar el gobierno a través de su base de políticas gubernamentales propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo.
Los Acuerdo de paz, el gran damnificado de la falta de compromiso del Estado.
El presidente Iván Duque, del Centro Democrático, el partido político fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha sido el único en declararse formalmente opositor al Proceso de Paz llevado adelante entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la organización guerrillera insurgente FARC-EP. En la misma línea ha procurado una postura desinteresada en dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz. Por el contrario, ha optado por el desfinanciamiento de los mismos e incluso arremete en su contra entablando una serie de objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el conjunto de normas creado para regular el inédito sistema de justicia transicional que resultó de las negociaciones en La Habana para el juzgamiento de los excombatientes y que funciona a su vez como sistema de rendición de cuentas.
Las modificaciones propuestas por el mandatario afectan en varios sentidos a las comunidades movilizadas. Quebrantar los acuerdos establecidos que permitieron la desmovilización del grupo guerrillero instala un descrédito en el proceso que busca establecer una paz estable y duradera en territorios de fuego cruzado entre los distintos grupos armados. Este gesto es una invitación a la reactivación del conflicto. Además, sienta bases de desconfianza para futuros procesos de desmovilización con otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional. Desde que Duque asumió la presidencia, ocho ex-comandantes de las Farc abandonaron sus espacios de reincorporación argumentando faltas de seguridad.
Esta actitud por parte del gobierno no es nueva. De hecho, fue la falta de compromiso político lo que precisamente impulsó a una nueva conformación de La Minga, una práctica ancestral que funciona como mecanismo de articulación entre indígenas de diferentes etnias para la coordinación de acciones conjuntas alrededor de la consigna “Caminar la Palabra”. A esta Minga, acudieron comunidades de consejos regionales indígenas de varios departamentos como el Cauca, Huila y Caldas, contó con la participación de algunos resguardos indígenas, organizaciones campesinas como el Coordinador Nacional Agrario, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO-CUT), movimientos político-sociales como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos y comunidades Afro nucleadas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.
Despojo de la tierra, el triunfo de las grandes minorías.
“Las organizaciones que nos movilizamos en la minga somos organizaciones que tenemos acuerdos firmados con el gobierno nacional, acuerdos que no se han cumplido” cuenta Marylen Serna, mujer campesina del departamento del Cauca, integrante de La Minga, vocera del Congreso de los Pueblos y vinculada al Movimiento de Mujeres por la Vida del municipio Cajibío.
Un serial acumulado de pactos incumplidos relacionados principalmente con prácticas de despojo de la tierra que se remontan al periodo colonial y que hoy persisten en los territorios a causa de las altas concentraciones de la tierra en manos de pocos propietarios: terratenientes, ingenios azucareros, grandes concesiones mineras y multinacionales. Marylen nos presenta un ejemplo concreto de esta dinámica: “En el caso del Cauca, la multinacional irlandesa Smurfit Kappa Cartón de Colombia que siembra pinos y eucaliptos tiene más de 12.000 Hectáreas”.
La presencia de esta compañía en municipios del suroccidente colombiano como Cajibío, Sotará y El Tambo, genera varios tipos de afectaciones “Tiene miles de hectáreas productivas. Ha ocupado tierras que se necesitan para la producción de alimentos, además requiere muchísima agua y ha ido acabando con fuentes hídricas propias de nuestras comunidades. Ha desplazado flora y fauna nativa por la instalación de cultivos que son agresivos. Los campesinos y campesinas que antes tenían sus propias fincas donde producían su comida se han vuelto dependientes de esta empresa, hoy son peones con malos pagos por sus trabajos […] Al ir mecanizando el trabajo, ha ido desplazando el empleo que trajo a las comunidades.” Explica Marylen.
Defensa de la tierra y el territorio en el centro de la vida
La líder campesina señala que los impactos más fuertes los produce en la vida de las mujeres: “No es posible que haya una producción de alimentos en la zona, porque no tenemos tierra y las mujeres somos las que más trabajamos y luchamos por la conservación de las semillas, para tener una producción diversificada en el terreno, en las propias huertas, así no es necesario comprar todos los alimentos, ni traerlos de otros lugares o de las ciudades o que las mujeres tengan que irse al trabajo doméstico simplemente porque no hay tierra para trabajar. El promedio de la tierra que tenemos en el municipio de Cajibío es 1.3 hectáreas por cada familia y cada familia está compuesta por 5 o 6 personas. Realmente es imposible vivir con esa cantidad de tierra. Por eso una de las peticiones más importantes de las mujeres en esta Minga es la adjudicación de tierra y que las mujeres sean propietarias de esa tierra.”
La expansión de la frontera agrícola tiene efectos semejantes en la generación de alimentos para las comunidades. Kelly Peña perteneciente a la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública comparte la enorme preocupación por el impacto del creciente fenómeno de la deforestación: “El desplazamiento de esta frontera transforma inmensos bosques tropicales de la Amazonía del pacífico colombiano en grandes hatos ganaderos y cultivos de palma aceitera, poniendo en riesgo la labor de recolección que realizan las mujeres en las comunidades indígenas, reduciendo parte de la oferta de alimento que tienen comunidades enteras”.
Sobre este punto las diversas comunidades que integran La Minga vienen trabajando en el diseño de una propuesta de reordenamiento territorial con una justa redistribución de la tierra basada en la fórmula “territorio con autoridad colectiva” para que según Marylen “Podamos hacer un acuerdo interétnico con las comunidades indígenas y negras, porque estamos en un solo territorio, que podamos construir territorios interculturales, para producir conjuntamente […] que la tierra vuelva a manos de sus propietarios ancestrales y tradicionales”.
Mineras y violencias en los territorios
El conflicto por la tierra y el territorio se ven profundizados por el extractivismo, señala Kelly Peña. Desde la organización en la que trabaja vienen enfatizando las consecuencias del extractivismo minero-energético para las mujeres: “Se ha dado un aumento de la explotación y la violencia sexual de las niñas y mujeres en el marco de las economías de enclave, desarticulación de las economías propias de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas donde las mujeres tienen un papel preponderante, informalidad laboral, impacto en la salud sexual y reproductiva y surgimiento de nuevas formas de explotación de las mujeres a partir del trabajo no valorizado que realizamos en torno al cuidado”.
En este sentido el relato de Marylen resulta descriptivo: “Las concesiones mineras llevan maquinaria a sitios donde anteriormente la minería era artesanal, tanto hombres como mujeres de manera sostenida en el tiempo extraían pequeñas cantidades de minerales que les permitían subsistir, hoy ya no es posible, hoy están las dragas, las grandes maquinarias en los ríos especialmente donde se saca oro. Lo que afecta principalmente a las mujeres quienes más se sostenían de la pequeña minería”.
Estos territorios de gran riqueza natural y proximidad al mar pacífico convierten a estas tierras en una región codiciada por todos, aquí el conflicto armado se relaciona con la disputa por el control de cultivos ilícitos, la minería y la presencia de las multinacionales. Frente a este escenario las comunidades desarrollan procesos de resistencia por el valor de los ríos y del agua, cuenta Kelly, recordando la experiencia de lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. “En muchas de estas regiones se asesinan líderes y lideresas sociales” plantea. La organización Somos Defensores habla de 600 asesinatos desde el 2016. De los cuales 118 serían indígenas según la Organización Indígena Nacional de Colombia.
“La presencia de grupos guerrilleros, militares, paramilitares, grupos armados protegen los cultivos ilícitos, otros protegen la minería y las multinacionales. Quitan libertades y la posibilidad de movilidad de la gente en el territorio. La gente no tiene libertad para reunirse, organizarse, porque está siempre estigmatizada, señalada. Donde las mujeres son botín de guerra de los actores armados [..] las consecuencias de todo esto son muy fuertes: miedo a la organización, a la vida comunitaria, tener que salir del territorio para ir a la ciudad a buscar formas de subsistencia, por miedo, por el temor, por el asesinato a líderes y lideresas que se atreven a levantar su voz y defender su territorio”. Comparte Marylen acerca de la presencia de actores armados legales e ilegales.
Conectando luchas entre mujeres mingueras y de otras organizaciones.
En este contexto la movilización social adquiere características específicas para las mujeres “Ellas han ganado estos espacios en el marco de enormes dificultades y sacrificios familiares […] Alejandrina Pastor, mujer referente de la ONIC hablaba de Efigenia Vásquez, de todo lo que implicó tanto para la organización como para ella, ser una mujer periodista indígena” cuenta Kelly refiriéndose al asesinato de la lideresa indígena del pueblo Kokonuko en el 2017 por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, una unidad de la Policía Nacional de Colombia. “No sólo se pierden vidas, se pierden procesos costosísimos para las mujeres”.
En medio de estos escenarios de dolor, exclusión de los espacios de decisión y la desatención de las apuestas y necesidades de las mujeres, las mujeres han motivado los procesos de organización, expone Marylen: “Poder leer el contexto que nos rodea y nos afecta desde la visión de las mujeres ha permitido el reconocimiento de nuestro derecho a la movilización y la participación política”. Sobre el desafío que implicó para las mujeres sostener la minga durante más de 27 días comparte una anécdota: “Las múltiples tareas y obligaciones no les permiten esa libertad para poder participar y poder salir de su casa durante tanto tiempo. Por eso tuvimos que generar un relevo. Que estuvieran por 3 y 4 días y después llegarán otras. No fue fácil, fue muy difícil. Sin embargo, ahí estuvimos durante todo el tiempo, movilizadas, trabajando, cocinando, prestando guardia, asistiendo a los espacios de comisión política. Las mujeres nos la jugamos toda en esta Minga”.
A pesar de que el movimiento social y en este marco el de las mujeres atraviesa por un periodo de repliegue defensivo, sugiere Angélica Beltrán de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, en el cual “pasamos de tener un escenario en el que propusimos con mayor protagonismo a uno en el cual resistimos el avance de las diferentes iniciativas del Gobierno Colombiano”. Las últimas movilizaciones revelan una nueva capacidad aglutinante entre diferentes sectores, organizaciones y apuestas “Poder construir un ejercicio unitario de movimiento social y popular de los movimientos sindicales, agrarios, estudiantiles.” concluye Marylen.
Así también viene ocurriendo en los movimientos de mujeres según observa Sandra Solano, también integrante de la Confluencia “En nuestro país el movimiento de mujeres es muy diverso en sus apuestas feministas, aun así se han generado escenarios de unidad y convergencia desde los feminismos, entorno a la defensa de la paz y la salida política y negociada”. En este sentido el reto consistirá según ella en: “Seguir generando opinión y acción frente a la profundización del modelo neoliberal después de unos acuerdos incumplidos a las FARC y un creciente exterminio de líderes y lideresas sociales […] Es necesario generar procesos de reflexión frente a experiencias pasadas y apostar al fortalecimiento organizativo de las mujeres en los territorios, pues es allí donde se generan disputas diarias frente a la justicia, la permanencia en el territorio y la eliminación de todas las violencias que nos atraviesan”.
Estos desafíos conllevarían el aprovechamiento del caudal de saberes adquiridos en materia organizativa, como explica Angélica: “Las experiencias que vivimos son capacidad instalada, aprendizajes valiosos que nos fortalecen para seguir actuando de cara al país y también en lo regional, donde el trabajo no para y las organizaciones de mujeres seguimos sembrando trabajo de base”.
Este ciclo de movilizaciones que incluyeron el paro más grande realizado por poblaciones indígenas en el país seguramente continuará caminando como la Minga, hasta que se transformen las condiciones que le dieron forma, hasta que haya tierras donde vivir y garantías para cultivar. Ni los panfletos encargados de diseminar amenazas contra las líderesas y líderes sociales, las organizaciones sociales, campesinas y afro, ni los pronunciamientos criminalizantes por parte de integrantes del gobierno buscando estigmatizar las resistencias, ni el miedo, ni el dolor, ni la desesperanza han sido suficientes para frenar esta fuerza colectiva que aprende de la movilización en unidad. Porque como dijo la líderesa afro del Cauca Rossa Mejía Caicedo “El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”.
Fuente: https://www.revistaamazonas.com/2019/05/08/mujeres-tejiendo-resistencias-voces-desde-la-lucha-de-la-minga-indigena-afro-y-campesina-en-colombia/?fbclid=IwAR35i1-426-6noyXtGhJKwhgXyMcA35g1wtDlM_y2JGnOsSqpk3syQnDE0k
Los habitantes de este municipio de Antioquia impidieron la instalación de una plataforma de exploración de la multinacional AngloGold Ashanti, empresa que tiene previsto el desarrollo de un proyecto de extracción de cobre en esta región.
Como protesta al supuesto guiño que le hizo el Plan Nacional de Desarrollo al Ministerio de Minas para que estudien la posibilidad de explorar y producir hidrocarburos a partir de yacimientos no convencionales en el país, más de 100 municipios preparan movilizaciones.
Desde Colombia llegan los ecos de la imponente movilización de la población en defensa de su agua y su ambiente. Una vez más queda claro el valor de la participación y la organización de las comunidades que deben enfrentar a transnacionales poderosas y sus socios de la política.
«Por el agua, por nuestra tierra, #Colombia Libre deFracking», bajo ese lema, movimientos ambientalistas y activistas por los derechos humanos, vienen convocando para una marcha nacional contra el fracking, el día 7 de junio en Colombia.
En medio del álgido debate nacional por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno de Iván Duque, en el cual se incluye la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking, la disminución de regalías para empresas mineras y otras medidas que afectan el ambiente, desde diversos sectores se está organizando una marcha carnaval nacional contra el fracking y la minería contaminante para el viernes 7 de junio.
El pasado lunes 13 de mayo empleados de Anglo Gold Ashanti, en conjunto con miembros de la Fuerza Pública intentaron instalar plataformas de exploración minera en la vereda Vallecitos, del municipio de Jericó (Antioquia). Con esta acción, la empresa quiso pasar por encima del Acuerdo municipal 10 de 2018, que prohibía la explotación minera en el territorio. (Le puede interesar: «Jericó, Antioquia le dice ¡No! a la minería por segunda ocasión»)
Los santandereanos regresaron a las calles para manifestar su rechazo a una posible licencia ambiental para que la empresa Minesa opere en el páramo de Santurbán.
Varios líderes sociales y defensores de derechos humanos del Cauca, entre ellos Francia Márquez, fueron víctimas de un ataque el sábado 04 de mayo en la tarde. El hecho se presentó en zona rural de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Márquez estaba con varios líderes, preparándose para una reunión con el Gobierno el próximo 8 de mayo, en el marco de la Minga Nacional.
Luego que la corte constitucional fallara a favor de una demanda interpuesta por el polo democrático, en la que se impedía la minería y la extracción de hidrocarburosen las zonas protegidas, una empresas canadiense ha interpuesto una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, se trata de Eco Oro Mineral Corp con sede en Canadá, haciendo uso de sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.