En EL TIEMPO del pasado martes 8 de octubre, bajo el título ‘Debate sobre minería en Jericó debe basarse en argumentos’, salió publicado un extenso artículo del exministro de Minas y Energía Ramiro Valencia Cossio, en el cual trata de rebatir el que me publicó el mismo medio el pasado miércoles 2 de octubre bajo el título ‘Los riesgos del proyecto de minería en Jericó’.

Desde el mismo título y en seis puntos más, aunque no entiendo por qué se refiere a infraestructura, se empeña en afirmar, sin saberlo, que debo basarme en argumentos, “en un contexto científico y fáctico, y no en impresiones e imprecisiones”, que mis críticas al proyecto de Quebradona no cuentan con los suficientes argumentos técnicos y científicos, que una discusión compleja es “orientada desde la percepción y no desde las pruebas ingenieriles”. En todo ello está totalmente mal informado, desinformado, y muy equivocado, como veremos en seguida.

Comienzo por juzgar que si las cosas fueran como las plantea el exministro Valencia Cossio, con tanta ignorancia del tema por mi parte, no tendría explicación alguna el hecho de que no se haya conocido siquiera un intento de negación o controversia oficial, con los ingenieros o los consultores de AngloGold Ashanti, la multinacional surafricana dueña del proyecto, reacción que me anunció la vicepresidenta de asuntos corporativos de AGA cuando me dijo que “esos documentos se filtran y llegan muy rápidamente a nuestras manos, y ya lo estamos analizando en detalle”.

Se refería al documento ‘Consideraciones sobre el proyecto de minería de cobre Quebradona, de AngloGold Ashanti en Jericó, Antioquia’ y su resumen ejecutivo, que empezábamos a enviar a mucha gente en versión digital a principios de julio del presente año, elaborado por el ing. geólogo, consultor y profesor Fabián Hoyos Patiño, graduado de la Universidad Nacional y magíster de la Universidad Estatal de Arizona, y mi persona, tras muchos meses de estudio sobre el proyecto, que incluyeron asistencia a dos presentaciones de socialización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de AGA y sus consultores, y recibo de los documentos presentados, además de muchos otros que ya teníamos.

El estudio es completísimo, cubre todos los aspectos técnicos y sociales, con cálculos propios y detalle de las bases, las variables y las fórmulas utilizadas y con un listado completo de datos, fuentes de información y referencias. Y, claro está, muchos de los resultados difieren bastante de los oficiales que ellos presentan.

Para reforzar mis capacidades y mis posiciones, cuento siempre con el desinteresado apoyo de otros preclaros profesionales en las materias claves, a quienes vengo consultando desde hace dos años largos, cuando me dediqué a estudiar el tema, para reforzar lo aprendido en la presidencia de Carbocol, donde me tocó hasta la selección de equipos, en mis muchos trabajos de consultoría sobre minería, en la promoción, la fundación y la junta de una empresa minera grande, y luego en la presidencia de Asomineros, mas no en el Ministerio –donde solo aprendí que estábamos destruyendo el medioambiente del país–; en igual forma a lo que se está haciendo en todo el mundo, hasta con ‘las mejores y las más avanzadas tecnologías’, y que la mayoría de las grandes empresas mineras engañan fácilmente a los gobiernos.

Pues bien, aclarado esto, veamos los principales puntos que el señor Valencia Cossio incluye, y otros que no toca y son fundamentales, con los cuales quiere “AGAcharme” para agradar y defender a sus contratantes, porque es lo único bien dicho en su escrito: que a él le pagan por decirlo, mientras del otro lado del debate muchos trabajamos por conciencia y por amor a las causas ambiental y popular.

En fin, para no entrar en minucias, me referiré a los más protuberantes errores del señor Valencia Cossio, que a su vez son los de mayor y más grave impacto.

Uno es la repetición e insistencia en el cuento de que en las montañas de Jericó no hay acuíferos y que, por lo tanto, las aguas no serán afectadas. Es una afirmación atrevida, tremendamente grave, de sus geólogos y de la mayor trascendencia porque las afectaciones a las aguas sí serán enormes y dañísimas. La prueba que se le ocurrió al autor del artículo lo único que genera es un torrente de risa: que “en dichas áreas, los habitantes no tienen captaciones de agua subterránea tipo aljibe o pozo para suplir sus actividades agropecuarias ni domésticas”. ¡Pues claro! A ellos no se les ocurre hacer eso pudiéndola tomar de nacimientos y manantiales que corren por sus veredas. Pero pasemos a las pruebas definitorias.

Lo primero es que la evidencia a la vista y los conceptos de muchos geólogos e hidrogeólogos muy conocedores de la zona, la estructura de sus rocas, sus diaclasas y sus quebradas contradicen esa afirmación, y ello deja sin piso muchas otras cosas de su EIA y de la gente de AGA.

Lo segundo, que para contar con el respaldo de pruebas técnicas, Fabián Hoyos, acompañado de campesinos de la zona, tomó personalmente muestras de aguas que luego envío a los Estados Unidos, para hacerle pruebas isotópicas, que son utilizadas para datar la edad y el origen del agua, su renovación y el tiempo de tránsito en el sistema hidrogeológico.

Otro refuerzo valiosísimo es el del geólogo Julio Fierro Morales, de la firma Terrae, de Bogotá, quien por otro camino, el de la conductividad eléctrica, me dice que “en sus presentaciones públicas realizadas en el primer semestre de este año, AGA mostró datos físico-químicos de las aguas, cuyos resultados son muy similares a los datos de aguas de manantiales que han sido medidos por grupos de trabajo técnico independientes contratados por las comunidades. Los datos de conductividad muestran que los manantiales de la parte baja (tierra caliente) tienen valores consistentemente mayores conforme se alejan de la parte alta (tierra fría), y esto solo puede ser explicado por el recorrido de las aguas a través de los macizos rocosos. Una roca que permite que el agua se infiltre en la parte alta, la recorra y luego salga en la parte baja se llama, en Jericó y en Cafarnaúm, acuífero. Quizá valga la pena que Valencia se dé un paseo por la tierra caliente y vea que cada finca toma de agua en los nacederos, para que su voz no sea solo un eco de lo que dice la cuestionada empresa minera”.

Por estas razones no pueden decir que no se afectarán las aguas. El consumo en los procesos de la empresa sería varias veces superior al que ellos dicen, al volumen de lo que tomarían del río Cauca como única fuente, pero… claro: la realidad sería que con las filtraciones a los túneles y a la gigantesca caverna que se formaría con la explotación de la roca suplirían sobradamente el agua que necesitarían y no traerían del Cauca. El gran consumo sería en el proceso de flotación, que es el frecuentemente utilizado para separar los concentrados metálicos y las arenas y lodos residuales, que son las famosas colas o relaves que Valencia Cossio prácticamente omite, pasa por encima, hablando de un supuesto “proceso de relave”.

Otro es la de contaminación del aire, sobre la cual afirma que yo desconozco “que las actividades de explotación en el proyecto son subterráneas y que en ese sentido las emisiones de la explotación son tratadas en su interior sin que sean percibidas en la superficie”.

Puedo asegurar que jamás en parte alguna he dicho lo contrario. Clara y simplemente, me he referido a la administración y a otras operaciones grandes como la de flotación, empaque y despacho de concentrados, más la filtración y el secado de relaves que harían, según dicen sus técnicos, todo ello, cierta e indiscutiblemente, en la superficie.

Pero esos relaves tienen que ser almacenados sin límite de tiempo, es decir, eternamente, casi siempre en estado líquido, como lodos, en represas que se rompen con frecuencia y generan grandes desastres, como el muy divulgado hace unos meses en Brasil. Dice AGA que ellos los almacenarán (más de 17.000 toneladas por día) en una inmensa pila de 174 hectáreas de base y 120 metros de altura.

Y si eso resultara verdad, los relaves así preparados tendrían que ser transportados a la pila en camiones mineros que, dependiendo de su capacidad de cargue, requerirían muchos viajes por hora durante las 24 horas del día, todo el año. En días de lluvia harían tremendo pantanero y mucho rodaría al Cauca. Pero en días secos, la polvareda sería enorme y dañaría cultivos y pulmones. ¿Podrá sostenerse el señor Valencia Cossio en su afirmación?

Otro más, lo de revegetalizar la zona. No es decente ni honesto atacar a alguien poniendo en su boca lo que no ha dicho. Tampoco he afirmado en vez alguna que no se pueda revegetalizar la zona. Sí he dicho, y lo sigo sosteniendo, que es imposible revegetalizar la pila o montaña de relaves.

Y esa pila es solo una fracción del área que ocuparían las instalaciones de administración y operación de la empresa, un conjunto de edificaciones y patios industriales de más de 50 hectáreas que brillaría como parche en el verdor de arboledas y potreros, causando irremediable daño al paisaje, al que yo vengo llamando ‘monumento a la feúra’. Esto, para tocar algo del tema de daños al paisaje, que tantos esfuerzos les está costando, pero que solo dejarán el recuerdo de las alabanzas de Valencia Cossio.

Y otro: a propósito del almacenamiento de estos residuos, es importante copiar aquí la opinión bien autorizada de Julio Fierro, que coincide con lo que afirma Fabián Hoyos, bien explicado en el documento ‘Consideraciones…’, del que comenté en párrafo anterior.

Dice Fierro: “Es necesario explicarles a los pobladores del suroeste la imposibilidad de tener relaves encapsulados y supuestamente ‘secos’ como lo muestra la empresa minera en sus presentaciones. Los relaves con menor humedad se denominan filtrados, los cuales no son posibles cuando las precipitaciones son superiores a 50 mm de lluvia mensuales, de acuerdo con los estudios de la empresa Golder, que parece ser la biblia para los explotadores mineros. En el caso de Jericó, las estaciones de Ita y de Pueblo Rico nunca muestran promedios mensuales que sean menores al valor crítico para poder disponer relaves filtrados”. Al respecto, cabe preguntar ¿qué buscarán los señores AGA con esto y cómo creerles todo lo que dicen, como lo hacen Valencia Cossio y los demás consejeros que bastante le deben costar por ese trabajo?

Juzgarán los lectores si es el anterior artículo mío o este o el del exministro Valencia Cossio el que no se basa en argumentos válidos. Y de igual manera podrán pensar y juzgar sobre la calidad de la empresa minera.

Fuente:https://www.eltiempo.com/economia/sectores/exministro-propone-debate-sobre-mineria-en-jerico-425952

Este 17 de octubre defensores ambientalistas y habitantes del departamento de Santander volvieron a las calles en Bogotá para expresar su rechazo en contra de la licencia ambiental otorgada a la empresa minera árabe Minesa, en el Páramo  de Santurbán desde el 2015, que se ubicaría por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, afectando a ecosistemas, habitantes de zonas rurales y de la ciudad.

Una Audencia Publica de Páramos

Asimismo, la movilización buscó hacer un llamado a las instituciones ambientales como  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que en la audiencia pública sobre delimitación de Páramos, se comprometieran a realizar un espacio abierto con la comunidad en donde se expongan las consecuencias de la licencia sobre el Páramo de Santurbán en el marco del debate de control político que se le realizará la primera semana de noviembre a Rodrigo Suarez, director de de la ANLA y al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.

Mayely López, vocera del Comité por la Defensa del Páramo, expresó que la licencia sería  “un acto administrativo con el cual se pretende fraccionar las montañas y las delimitaciones territoriales de zonas protegidas» y afirmó que «a este acto, que supuestamente tendría que salir en diciembre, todavía le faltan estudios de impacto de mitigación y estudios a perpetuidad sobre cuáles serían las aguas subterráneas afectadas o  en general las consecuencias para el ambiente». (Lea también: No se puede fraccionar el Páramo de Santurbán»: Comité para la Defensa)

La movilización también rechazó la designación de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, como representante ministerial ad hoc para emitir un concepto al interior del Consejo Técnico Consultivo de la ANLA sobre el destino del Páramo de Santurbán, ya que para ambientalistas Carrasquilla estaría protegiendo los intereses de la multinacional Minesa y el proyecto de exploración minera de oro y cobre denominado Soto Norte, que se desarrollaría entre los municipios de California y Suratá. (Le puede interesar también: Razones por las que Carrasquilla no es idóneo para decidir sobre Santurbán)

Una mirada hacia las Comunidades de Santurbán

La activista agregó que las delimitaciones de los páramos se deben hacer “con la mirada de las comunidades afectadas” porque finalmente, aún si Minesa está hablando de garantías laboral y de enriquecimiento de estructuras por el bienestar de las comunidades con una ganancia en termino de regalías del 0,2%, permanecerían las afectaciones ambientales sobre las cuales no hay medidas de recuperación por parte de las autoridades institucionales.

“¿De verdad queremos realizar una afectación ambiental permanente para una ganancia que no va a mejorar realmente la calidad de vida de las comunidades, en cambio desempeñar ganancias por el bienestar de unos pocos que incluso se la llevan en otro país?”

Finalmente la activista afirmó: “seguiremos movilizándonos las veces que sean necesarias para garantizar la protección, no solo del Páramo de Santurbán sino de todos los territorios que necesitan la defensa por parte de la movilización cívica porque ese tema es algo que nos afecta a todos”.

Fuente:https://www.contagioradio.com/paramo-de-santurban/

Exministro de Minas Jorge Eduardo Cock analiza, punto a punto, los compromisos de AngloGold Ashanti.

El presidente de AngloGold Ashanti (AGA) en Colombia, Felipe Márquez, en su ‘Carta a todos los habitantes de Jericó’, del 18 de julio de 2019, radicada ante notario, y los altos funcionarios de la empresa, en sus presentaciones de ‘Socialización del estudio de impacto ambiental’ (EIA) han hecho una serie de compromisos y afirmaciones cuya posibilidad de cumplir es bien incierta, como se analizan en seguida:

1. Que “este proyecto tiene impactos mínimos en cuanto a calidad del aire y ruido, porque toda la actividad es dentro de la montaña”.

No es cierto ni posible. La mayor parte de las operaciones estaría por fuera de la caverna, en inmensas instalaciones y equipos, siendo la peor de todas la formación de la inmensa pila o montaña de residuos mineros o relaves, que son arenas sucias, lo que proponen como solución y cuyo transporte de la planta a la pila requiere muchísimos viajes de volquetas mineras por hora, todo el día. Ruido y polvo por cantidades.

2. Que “Estudiamos y nos aseguramos de que no existen acuíferos subterráneos en la zona del proyecto, por lo que el potencial impacto en aguas subterráneas será mínimo”.

La evidencia a la vista y los conceptos de muchos geólogos e hidrogeólogos muy conocedores de la zona contradicen esa afirmación y ello deja sin piso muchas otras cosas de su EIA y de su presidente.

Basados en esa afirmación de que en la zona no hay acuíferos, subestiman drásticamente las grandes filtraciones que se producirían en la caverna y en los túneles. Esas aguas, al entrar en contacto con aire y con rocas recién quebradas, igual que las que penetrarían por el gran hundimiento, la subsidencia y las grietas que la circundarían, se convertirían todas en aguas ácidas, inutilizables por los seres vivos o en agricultura, aguas que se producen y duran hasta por siglos.

3. No en su carta, pero sí en declaraciones al periódico Portafolio del martes 4 de junio del 2019, afirma el señor Márquez que “el proceso de producción… iría en una primera fase hasta 2047”. El documento de socialización del EIA (pág. 19) dice: “Fin operación minera (año 2045). ¿A quién o a qué creerle? Además, dentro de las leyes, nada justifica lo de “una primera fase”. Solo maromas y jugadas a la ley explicarían la extensión de los periodos que en ella se establecen.

4. Sobre el depósito de relaves dice el señor Márquez: “Al ser arenas secas se facilita su depósito, rehabilitación y revegetalización progresiva”. Lo primero es: ¿Arenas secas? ¿Cómo piensan secar más de 17.000 toneladas diarias? Como secan café, con techos corredizos, o en hornos a carbón o eléctricos.

5. Pero lo peor del tema es que una funcionaria de altísimo nivel en AGA define los relaves como “partículas de mineral que el agua ya ha lavado”, lo que aparece en su entrevista del domingo 30 de junio de 2019 en El Colombiano, sin rectificar. ¿Lavado? ¿Con qué agua? Y si fuera cierto, ¿dónde se vertería tal agua? ¡Por favor!

7. Otro cuento, no cierto, sobre arenas secas: ¿Revegetalizar? En La Guajira, cuando extraen el carbón, o lo que sea, siembran y crecen plantas del desierto. Pero ¿en esa tierra tropical de Cauca? Que no nos crean tan…

8. Más compromisos de Márquez sobre relaves: “Este depósito no tendrá ningún tipo de impacto sobre el río Cauca”. Y ¿qué pasaría con los aguaceros que caen en la zona? ¿No rodarían cantidades de arena ácida y con químicos hacia el río?

9. Para la generación de polvo, dice Márquez que tendrán “medidas de control, como riego con agua… y cubrimiento de áreas de operación con mallas”. ¿Agua? ¿Cuál? ¿No dicen que van a recircularla en un 80 por ciento? Y ¿mallas? ¿Sí tapan polvo?

10. En otro párrafo dice el señor Márquez: “El hundimiento que será progresivo, controlado”. ¿Controlado? ¿Cómo lo van a amarrar y frenar?

11. Y agrega que “se evitará el acceso de personas y animales al área de subsidencia”, que le harán “cierre perimetral”. Y continúa con “que la subsidencia se vea y se integre al paisaje y pueda ser considerado en el futuro un atractivo turístico, con potencialidad de volverse un espacio de avistamiento de aves”. En total contradicción con lo primero.

12. Hablando del paisaje, afirma: “Nos comprometemos a que nuestra presencia no será un factor disruptivo que altere sustancialmente la vista en la región”.

Tres enormes daños le hacen imposible cumplir: Uno, la inmensa ciudadela industrial que tendrían que construir, con grandes bodegas, talleres, patios y subestaciones, vías internas, bandas transportadoras, oficinas y otros ítems, que ocuparían más de cincuenta hectáreas según sus dibujos para la socialización, harían un horroroso parche en el verdor de la zona.

Otro, la gigantesca pila o montaña de arena que proponen hacer con sus “relaves secos”, un horrendo tumor en la pradera, con 174 hectáreas de base y 120 metros de altura en su “primera fase”. Y el otro, el famoso hoyo de la subsidencia, con una boca de varios cientos de hectáreas y con sus grietas radiales y, encima, la red de carreteables, caminos y desviaciones de quebradas para evitar que sus aguas se vayan por el hueco a su frente minero.

13. Un compromiso cumplible pero que niega las maravillas que prometen como beneficios que obtendría la población: hablando del empleo que generaría el proyecto minero, dice el señor Márquez: “Cerca de 3.000 en construcción (empleados directos y contratistas durante 4 años), 550 en operación (empleados directos y contratistas durante 21 años)”. Un tsunami inflacionario y de forasteros durante la construcción, muy poco en operación y… se cierra la mina. ¡Tremendo daño social!

14. Una sugerencia incumplible por absurda. Hablando de qué usos se le podrían dar al terreno que abandonarían (473 hectáreas, equivalentes a 739 cuadras) con el cierre de la mina, dice el señor Márquez: “Algunos ejemplos de qué se podría hacer son: … o granjas de generación de energía solar”. ¿Será que así, como un desierto, tan destruido lo pensarían dejar?

Fuente:https://www.eltiempo.com/economia/sectores/los-riesgos-del-proyecto-de-mineria-en-jerico-418650

Paradójicamente, el importante uso de los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de los bienes comunes ha intensificado la disputa por el verdadero sentido de la democracia durante los últimos años. Esto debido a que la fundamental participación de los pueblos en la defensa y la protección de los bosques, los suelos y las aguas ha desembocado en una reflexión sobre ¿qué es participar? ¿cómo se concibe la participación?, ¿cuál es su significado legal y/o legítimo en los territorios? Al mismo tiempo, estos pensamientos plantean retos importantes en cuanto a la concepción de las luchas ambientales más allá de lo jurídico, y presentan interesantes horizontes para la articulación de los actores en los territorios, en su diversidad y diferencias.

Recientemente, la Corte Constitucional ha emitido una serie de sentencias contradictorias frente al derecho de participación ciudadana que promulga la Constitución de Colombia (ej: T-342 de 2019), donde limita aún más la posibilidad de los municipios de decidir sobre la realización o no de actividades extractivas en sus territorios. Por esta razón, la Corte insta al Congreso de la República que defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio.

Bajo este contexto, es posible determinar dos escenarios producto de las limitaciones a la participación por parte de la corte. Por un lado, desde el inicio del año, el gobierno junto a sectores mineros y petroleros han anunciado la propuesta de un proyecto de ley sobre la coordinación y concurrencia del gobierno central con los representantes de los municipios -alcaldes- para la concertación de las actividades extractivas. Aunque hasta el momento no se ha presentado por parte del gobierno dicho proyecto, si se ha venido denunciando en diferentes medios de comunicación la estrategia de la Agencia Nacional Minera y Agencia Nacional de Hidrocarburos de reunirse con los alcaldes para promulgar tales territorios como municipios mineros y dar vía libre a las actividades extractivas. Es necesario aclarar que la estrategia del gobierno también se encuentra articulada con una reforma de la ley de regalías, actualmente en debate en el Congreso, que incrementaría el nivel de beneficios a los municipios que aportan mayores recursos al Sistema General de Regalías, intentando presentar a la minería y petróleo como más codiciables.

Quienes sí presentaron un proyecto de ley sobre la concertación y concurrencia respecto a actividades extractivas fueron los partidos de oposición, radicado el 24 de julio del 2019. El proyecto establece la necesidad de audiencias públicas ambientales, la participación de las universidades para los estudios previos a actividades extractivas, el reconocimiento a las posibles objeciones de los municipios y participación de la “ciudadanía”. Ahora bien, será necesario que el proyecto de ley pase por los diferentes debates y que no se convierta en un adefesio en donde la participación quede eclipsada por una simple concertación bilateral entre el gobierno central y los alcaldes, o que parta de un diálogo desigual entre comunidades y el sector empresarial. En definitiva, queda la pregunta ¿qué posibilidades reales van a tener las comunidades para decir no a un proyecto extractivo?.

Por otro lado, frente a esta situación los procesos organizativos han seguido construyendo y fortaleciendo propuestas de autonomías energéticas, alimentarias y de ordenamiento territorial popular, que se traducen en acciones concretas en la disputa por la participación y por la gestión comunitaria de los bienes comunes. En este sentido, y durante los últimos meses se han consolidado las consultas populares legítimas, inspiradas en ejercicios de participación ciudadana con el objetivo de radicalizar la democracia. Estamos hablando, por ejemplo, de la Consulta Autónoma realizada en La Guajira en el 2014, entre otras cosas, contra la expansión caboniféra en territorios étnicos, los mandatos populares en el Suroeste Antioqueño, construidos por varias comunidades en temas sobre uso del suelo y agua, patrimonio cultural y ambiental, participación social y educación territorial, así como propuestas de ordenamiento en relación con la construcción social y cultural de los territorios.

Sumado a lo anterior, la última consulta popular legítima respecto a la exploración y explotación de minería metálica e hidrocarburos llevada a cabo en Mercaderes (Cauca) el pasado 3 de agosto, fruto de la organización de varios procesos en la Coordinadora Integral Social Mercadereña y de las históricas luchas por las aguas en la región, deja enseñanzas que robustecen los ejercicios autónomos de las comunidades: 1) Se consolida una pedagogía popular y ambiental en donde las comunidades son capaces de aprender y enseñar en el voz a voz, de casa en casa, donde las expresiones culturales y artísticas se convierten en una oportunidad para el convite, la solidaridad y la alegría del compartir. 2) Redimensión (resignificación) de los territorios: ha sido la posibilidad de recorrer nuevamente los territorios, recordarlos, inquietarse nuevamente por sus montañas, fuentes y paisajes, en algunos momentos hasta se ha podido descubrir nuevos caminos, cuerpos de agua o animales. 3) Radicalizar la democracia ante la negativa del Estado de hacer cumplir el derecho de participación de la ciudadanía, las comunidades se organizan para hacer efectivo su derecho, el Estado se convierte en algo superfluo, no necesario para la expresión de una democracia radical. 4) Articulación de actores diversos más allá de sus diferencias para la protección del agua y de la vida, que abarca también la lucha por las economías propias y las posibilidades de transformación desde la raíz.

Uno de los retos fundamentales radica en ¿cómo dar continuidad a la construcción de los sentidos de la participación en clave de ejercicios de autonomía territorial? Si bien, las posibles respuestas son asuntos para seguir reflexionando y construyendo, hay ejemplos y pistas en lo más profundo del tejido territorial, resulta importante seguir aprendiendo de ellas, tanto de sus obstáculos como de sus aciertos.

Fuente:https://www.contagioradio.com/sentidos-ambientales-de-la-participacion/

Con iniciativa de los representantes a la Cámara, César Pachón Achury y Fabián Díaz Plata, se programó para finales de septiembre, en plenaria, en el Salón Elíptico del Congreso, el debate de control político al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y al director de la ANLA, Rodrigo Suárez. Intervendremos por invitación del congresista Díaz Plata, abordando las diversas problemáticas alrededor de Santurbán: Mario Avellaneda Cusaría, Luis Álvaro Pardo y este columnista Rodriguez-Salah.

La próxima semana nos visitarán desde Washington Sarah Joy Dorman, CIEL, y Manuel Pérez Arocha, investigador del Instituto de Estudios Políticos, organizaciones internacionales aliadas de nuestro Comité por la defensa del agua y Santurbán para dictar la conferencia Demandas contra el Estado colombiano por empresas mineras, casos: Eco Oro, Galway y Redd Eagle Mining; conferencia que se realizará el lunes 9 de septiembre, a las 6:00 p.m., en la calle 33 23-37, con entrada libre.

El 27 de septiembre, en el auditorio Luis A. Calvo de la UIS, realizaremos el Foro sobre el Agua y Santurbán, con los candidatos a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Bucaramanga.

Los días 26 y 27 de septiembre, en esta ciudad, participaremos dando nuestro aporte desde la plataforma cognitiva, en el Congreso organizado por la Asociación Colombiana de Salud Pública, el médico y columnista Jaime Forero Gómez, el ingeniero Gonzalo Peña Ortiz y este colaborador.

Adenda: Con gran beneplácito, el pasado 23 de agosto participé como conferencista en la jornada académica del Día del Inmobiliario Santandereano organizada por la Lonja de Propiedad Raíz de Santander, donde se dieron cita empresarios del sector de la construcción, inmobiliarias y administradores de propiedad horizontal. Felicitaciones a su junta directiva y a su director ejecutivo, Julio César Ardila: muy loable que los gremios económicos se preocupen por la protección del agua en Santander con miras a blindar el agua de nuestros hijos y el futuro de nuestra competitividad regional. Sin agua no habrá vida, tampoco competitividad empresarial. ¿Qué empresa no necesita del agua para su operación?

Fuente:http://concienciaciudadana.org/todo-por-nuestra-agua-y-santurban/?fbclid=IwAR1fvdyHixMhSrblO-TX1y-uBIe4dSDA_zJ1uHYYNlDnO0kBwZ6JUKxUXMY

La Fundación Forjando Futuros hizo un estudio en el que se presentan las cifras de los títulos mineros que tiene Anglo Gold Ashanti, en relación con el despojo de tierras, el proceso de restitución de las mismas, el asesinato de líderes sociales y la comisión de masacres. Aunque la investigación aclara que de ello no se concluye que la empresa sea culpable por estos hechos, sí debería motivar al Gobierno para que tome medidas respecto a la explotación del subsuelo.

El director de La Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, denunció que pese a que han sostenido reuniones con Anglo Gold Ashanti, la multinacional ha realizado visitas a las embajadas o agencias de cooperación «buscando que no tengamos apoyo para hacer las investigaciones que hacemos, pero nosotros vamos a continuar en nuestra labor independientemente de todo».

El foco sobre Anglo Gold Ashanti

Según información publicada por las Dos Orillas, 11 grandes empresas son las encargadas mayoritariamente de extraer metales preciosos en Colombia: Gran Colombia Gold Corp., Continental Gold Corp., Miranda Gold, Royal Road Minerals, Libero Copper Corporation, Newrange Gold Corp., Max Resources, Metminco, Atico Mining Corporation y Anglo Gold Ashanti. Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, declaró que Anglo Gold tiene 184 títulos de explotación minera, y hay 109 títulos más de empresas con las que tienen alguna relación porque son sus filial o porque comparten miembros de juntas directivas.

Gerardo Vega resaltó que esos municipios donde la empresa tiene títulos mineros hay 18.422 solicitudes de restitución de tierras; además, en esos mismos municipios se han presentado 57 asesinatos de líderes sociales desde 2016. El director de la Fundación manifestó que muchos de estos lugares tienen en común que «son zonas olvidadas, donde hubo presencia del conflicto, actores armados ilegales y que de una u otra forma en medio del conflicto, causó el desplazamiento».

Vega aseguró que luego del mapeo y cruce de información, la Fundación no afirma que Anglo Gold Ashanti haya causado estos delitos, «pero sí vemos que estas empresas han aprovechado la situación de violencia para adquirir estos títulos mineros, o para compra y concentración de tierra». El defensor de derechos humanos argumentó que ello se argumenta en la figura de la buena fé exenta de culpa que está en la Ley 1448 DE 2011, que señala que las empresas o personas que compren en lugares donde ha habido conflicto deben investigar suficientemente para saber que el precio que pagan por la tierra es justo.

Asimismo, recordó que también tendrían que estar seguros que quien vende es el verdadero propietario y que no hay hechos de violencia que ocasionan la venta de dichos bienes, en ese sentido, sostuvo que comprar tierras a precios bajos en zonas de conflicto significaba que «tiene una tragedia atrás, que se la quitaron, que a alguien despojaron» y las empresas «si tienen que saber que allá había ocurrido algo». Por esta razón, Vega dijo que el Gobierno debía tomar medidas en relación con la política para la adjudicación de títulos, que impidiera que este tipo de situaciones siguieran pasando.

Fuente:https://www.contagioradio.com/anglo-gold-ashanti-bloquear-investigacion/?fbclid=IwAR2_TX65sKgpX-tAaf35OcDqsYrHC34-943twUwF679Y765mJSTXafIVAeI

La cita fue en un domingo caluroso de julio.

Junto a comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes desplazadas por la minería de carbón, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, empleados de la empresa Cerrejón y funcionarios de gobierno caminé por más de cinco horas por donde alguna vez corrió el cauce natural del arroyo Bruno.

Lo que vi a mi paso fueron restos de caracoles que murieron de sed, pegados al fango, y el cuerpo sin vida de un tigrillo que, inerte, nos muestra lo que no debería pasar de nuevo.

El Bruno es una vena de agua que irrigaba el departamento de la Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia y azotado hace años por una sequía extrema.

El arroyo es un generoso tributario del río Ranchería, una de las fuentes hídricas más importantes del departamento, y hace parte de los sistemas subterráneos de agua que han dado vida a las comunidades de la región.

Fue doloroso caminar por donde alguna vez el Bruno fluía libre, pensar —mientras lo hacía— que lo que ahora es un tramo seco, antes era un caudal rebosante de vida.

Ese domingo también recorrimos lo que ahora pretende ser el cauce artificial del arroyo después que, en 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizara a Cerrejón desviar 3,6 kilómetros del caudal del Bruno para favorecer la continuidad de la explotación de carbón en la Guajira.

Varias cosas me impresionaron ese día.

Una de ellas fue que pese a que los ríos nos pertenecen a todos y las fuentes naturales de agua son públicas, estuvimos siempre acompañado por empleados de la empresa. Entramos a terrenos “de propiedad” de la concesionaria de explotación de carbón en la Guajira. Las comunidades que antes transitaban libremente la rivera del arroyo hoy no pueden hacerlo.

Aunque el Bruno es una de las pocas vertientes de agua del departamento menos lluvioso de Colombia y una de las escasas fuentes de agua dulce de las comunidades, su cauce fue taponado y desviado para facilitar la minería.

Una obra de ingeniería afectó una de las vertientes más importantes para una región sedienta y creó un camino artificial por el que no corre ni un hilo de agua.

“Si llevan agua son ríos; si no, son caminos, nos enseña uno de los versos del poeta indígena guatemalteco Humberto Ak’abal. El nuevo “cauce” del Bruno no es río, “sino camino estéril” que atestigua el deterioro de un ecosistema sensible. El “camino” no recupera ni mitiga los daños de la desviación del arroyo. Por el contrario, produce nuevos.

El mundo enfrenta una crisis climática y la minería de carbón es una de sus principales causas. Mientras varios países están reemplazando el uso de carbón en sus matrices energéticas por opciones limpias, en Colombia se decide secar un río para explotar cada vez más carbón.

Recorriendo caminos de justicia

Pese a todo, al día siguiente de la caminata, la frustración por lo absurdo no impidió un asomo de esperanza.

El lunes, a la audiencia pública convocada por algunos congresistas para la rendición de cuentas sobre lo ocurrido con el Bruno, llegaron los representantes de las comunidades y organizaciones.

La fuerza y dignidad de sus palabras, en donde se cifran décadas de resistencia, me abrazaron el alma.

“Este territorio es nuestro, nuestros ríos son nuestra vida y la vida se cuida, por nuestros hijos, por nuestro presente y por nuestro futuro y el del mundo”.

Como en muchas ocasiones antes, la Guajira le habló al país y al mundo.

Les dijo que no es posible que se priorice el uso del agua para la minería sobre su consumo humano

Les advirtió que el país debe transitar a formas de producción de energía que no generen los daños que la minería de carbón ha provocado por décadas en el clima, los derechos humanos y en los ecosistemas y especies que nos sostienen.

El arroyo debe volver a su cauce, los caracoles deben beber nuevamente de sus aguas y ningún tigrillo debe seguir muriendo por la destrucción de su mundo.

En una sentencia de 2017, la Corte Constitucional evidenció que existen incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación del cauce del arroyo Bruno. Y ordenó la creación de una Mesa Interinstitucional para resolver las denuncias de las personas afectadas.

Las comunidades seguirán exigiendo el cumplimiento de ese fallo y demostrando que las incertidumbres son en realidad certezas de daños que siguen minando sus vidas.

AIDA, junto con otras organizaciones, seguirá acompañando esa lucha para evidenciar los daños de la minería de carbón y promover alternativas limpias y justas que respeten el ambiente y a las personas.

Fuente:https://aida-americas.org/es/blog/caminando-por-donde-alguna-vez-corrio-un-arroyo-carbon-o-vida?fbclid=IwAR21EMKyB0TaUygvC0Q4ZGs-GtBa65fpbTBAjTTYKjU-ZeLc1cZqRkY01qw

Las organizaciones que analizan el tema tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que, de acuerdo a ellos, los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie.

Investigadores de Colombia, Perú, Brasil y Argentina dieron a conocer en una conferencia realizada ayer en el Banco de la República que aunque las empresas mineras aseguran que no cometen violación de los derechos humanos, sino que eventualmente existen impactos ambientales, se encuentran violaciones a los derechos de la salud, ambiente sano y participación de las comunidades.

Diego Pérez, de la organización Pensamiento y Acción Social, contó que esta iniciativa nació el año pasado con investigadores de Perú, Brasil y Argentina que trabajan en territorios donde hay actividades de minería a gran escala, donde hay comunidades afectadas; ellos hicieron una investigación conjunta de cuáles son los patrones de afectación de las empresas trasnacionales.

“Presentamos el resultado de esas investigaciones. En el caso de Colombia se hizo en las comunidades de El Hatillo (El Paso), Tamaquito (Becerril) y Roche (Barranca, La Guajira) evidenciándose violaciones de los derechos humanos de las comunidades y los territorios. Además, el Estado se desentiende de proteger los derechos de las comunidades, deja que las empresas hagan obras sociales y de desarrollo, pero ese le compete es al Estado. En el corredor minero Cesar- La Guajira hay daños al territorio irreparables no solo por el daño al ambiente, sino por la forma en que se ha transformado el territorio a partir de la minería a cielo abierto con excavaciones, desechos, daño al agua y al aire. El lavado del carbón implica genera una serie de tóxicos que se van a profundidad de la tierra, aunque las comunidades tienen sus pozos para alimentarse, estos ya están contaminados”, argumentó.

La finalidad de esta investigación es que las comunidades de los territorios mineros de los cuatro países analizados tomen conciencia que pese a que se haga la explotación minera tienen derechos que deben exigir, insistir que los gobiernos deben ser responsables en la exigencia de licencias ambientales para explotar cualquier mineral como carbón, oro o níquel, teniendo en cuenta que las empresas mineras dejan un daño ambiental irreparable.

Entre las conclusiones planteadas están: “Las comunidades tienen propuestas de cómo manejar y cuidar el ambiente, teniendo en cuenta que los indígenas y campesinos saben cómo tratar el medio ambiente mejor que nadie; las Naciones Unidas pueden exigir la obligación de los estados, queremos incidir para que les pidan a los gobiernos que cumplan los planes y tratados que han firmado a nivel internacional relacionados al cuidado del medio ambiente”, subrayó Pérez.

Por su parte, el representante de comunidades campesinas, Guillermo Pérez, quien hace parte de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, manifestó que: “Más allá del imaginario que hay de desarrollo o afectaciones tangibles, que también son importantes, también miramos las afectaciones socioculturales, la ruptura del ‘cordón umbilical’ de las comunidades y el territorio. Cuando por alguna circunstancia a alguna comunidad le toca reasentarse eso genera una ruptura espiritual, que no lo remedia nada. Por ejemplo, una comunidad campesina que vive en casas de bahareque y techos de palma, los corren a lugares con casas de cemento, en condominio u otro tipo de habitad al que no están acostumbrados. Los reasientan, pero quién reasienta sus tradiciones, saberes, sus muertos, sus espíritus; los sitios sagrados de comunicación de comunidades campesinas, indígenas o comunidades afro. La desconexión con el entorno genera enfermedades mentales porque ya no pueden hablar con los árboles, pájaros o con sus vecinos”, precisó.

Fuente:https://elpilon.com.co/en-territorios-mineros-violan-derechos-humanos-pensamiento-y-accion-social/

En la producción audiovisual participaron campesinos, emprendedores, jóvenes, empresarios y gobiernos locales que hacen parte del Suroeste de Antioquia. Al debate sobre si se debe o no permitir la explotación de minerales en esa región del país se sumó hasta Juanes.

«Señor Presidente: minería sí, pero no así ni aquí». Con esta frase termina el video denominado ‘Carta desde el Suroeste‘ en el que los campesinos, emprendedores, jóvenes, empresarios y gobiernos locales que hacen parte del Suroeste de Antioquia le solicitan a Iván Duque que no permita la realización del proyecto Quebradona por parte de la compañía sudafricana AngloGold Ashanti (AGA).

En la producción audiovisual, elaborada por la cineasta Catalina Mesa, se recogen diversas voces del municipio de Jericó que manifiestan su oposición al desarrollo y operación de esta iniciativa de megaminería, en la que se tiene proyectado producir 6,13 millones de onzas de oro,  85 millones de onzas de plata y 3,92 millones de toneladas de cobre, en los 21 años de operación que durará la concesión.

“Al contrario de lo que ha manifestado AngloGold Ashanti en medios de comunicación, la comunidad de Jericó y gran parte del Suroeste se encuentra en franca oposición al proyecto de minería de metales en el municipio. Más que inquietudes, las personas tienen una visión de desarrollo diferente a la que propone la minera. Este video logra darle voz a quienes viven permanentemente enfrentados a esta situación, con el fin de que sean ellos los que expresen su posición frente a la minería, en contraposición a la vocación agroindustrial, ecoturística, cultural y de emprendimiento que se ha trazado el municipio”, indicó Claudia Vásquez, directora de la Mesa Técnica del Suroeste, organización que apoya actividades institucionales y comunitarias en contra del proyecto de AGA.

«No queremos ningún tipo de minería metálica en esta región. Nos ha afectado demasiado y queremos vivir en paz», dijo William Galindo, campesino residente en el corregimiento Palocabildo, Jericó, en la video-carta.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, señaló que esa era una zona de paz y tranquilidad, que había vivido por más de 160 años en calma. «Las condiciones de empleo están copadas, que haya algunas carencias es normal, pero estamos en un paraíso donde la mayoría de las necesidades están satisfechas. Nuestro nivel de vida es mucho más amplio que el de los municipios mineros del país como para enfrascarnos en ese problema», apuntó.

Jaramillo sostuvo que la comunidad teme, sobre todo, por la división social, pero también por la contaminación de los yacimientos de agua superficiales y subterráneas que se podría generar, así como por los impactos socioculturales en la región, las afectaciones a los ecosistemas y los problemas de seguridad que se presentarían  con la llegada de gente foránea.

«Cuando se extraiga el volumen de roca de las tres cavernas o túneles de seis kilómetros de longitud cada uno, que permitirán comunicar el depósito del mineral ubicado en Quebradona y la planta de procesamiento, situada en la vereda Cauca, de Jericó, se producirán cerca de 120 millones de toneladas de desechos mineros, de los cuales 7 millones serán de pirita, un mineral altamente tóxico, que al estar en contacto con el aire y el agua genera sulfuro«, afirmó.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/con-video-carta-piden-al-presidente-duque-impedir-la-explotacion-minera-en-jerico/45339?fbclid=IwAR2JYeGnWCY1N341YurKUapk9tx48wHD-BAneTm0YStNUojE-fm1OvnPPEU