Afecciones respiratorias en niños y adultos, así como problemas visuales y cutáneos denunciaron dos miembros del Resguardo Indígena Wayú Provincial, ubicado en el municipio de Barrancas, La Guajira.

Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana denunciaron que en su región se registran tales padecimientos de salud, al parecer, por la labor que adelanta la empresa Carbones del Cerrejón Limited.

Las mujeres, que actúan en representación de un menor de edad, solicitaron por vía legal la protección de los derechos a la vida, la integridad personal, a la salud, al ambiente sano y a la intimidad de los habitantes de su comunidad.

Para las demandantes tales garantías se encontrarían en grave peligro ante la cercanía del resguardo con la explotación minera adelantada por la empresa que desde hace décadas utiliza un mecanismo de extracción a cielo abierto, mediante voladura con explosivos, en un área que abarca 38.000 hectáreas, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana y genera emisiones permanentes de material particulado, ruidos constantes y olores prolongados que afectan la salud de su comunidad.

Las mujeres denuncian que el ‘Tajo Patilla’ y varios botaderos aledaños a este se encuentran aproximadamente a menos de dos kilómetros del resguardo, lo cual implica experimentar a diario explosiones que generan temblores y dispersión de polvillo de carbón que llega hasta sus casas, plantas y animales, esto sin contar con la producción de fuertes olores a azufre o carbón quemado producto de los constantes incendios de los taludes.

“La contaminación ambiental ha imposibilitado el acceso a fuentes de agua subterránea o superficial, por su acidez y abundante contenido de sulfatos y óxidos producto del polvillo de carbón que cae en los afluentes cercanos”, señalan en el documento que allegaron.

Añadieron también que las labores de la empresa Cerrejón han repercutido en una afectación cultural respecto a sus usos y costumbres, también ha generado la improductividad de sus suelos y el hacinamiento de su población ante la reiterada compra de predios que antes eran utilizados como caminos, vías de pastoreo, entre otros, y ahora son propiedad privada de la empresa.

Todos los argumentos y denuncias lo hicieron llegar vía acción judicial al Tribunal Superior de La Guajira en la que solicitaron el amparo de sus derechos, pero está les fue negada en primera instancia.

Al ser apelada, el documento llegó a la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia, pero allí ratificaron la decisión.

Tras casi no conseguir mucho, el documento llegó al despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos quien destacó que “los derechos a la salud y a la integridad personal tienen carácter fundamental y su preservación es determinante para garantizar la vida humana en condiciones que resulten aptas para su desarrollo.

Por tanto, el ámbito de protección del medio ambiente en su dimensión colectiva, se instala en la salvaguarda de garantías individuales, que torna procedente esta acción de amparo”.

Además añadió, en razón al daño ambiental, que el Estado no sólo tiene la obligación de preservar, conservar y prevenir, sino también la de restaurar los recursos naturales de las contingencias del mundo físico y, particularmente, de las actividades extractivas.

Lo que debe hacer Carbones El Cerrejón

El magistrado Rojas, tras conocer la situación, ordenó a la empresa Carbones del Cerrejón que, en máximo un mes, como medida transitoria urgente, controle sus emisiones de material particulado de manera que la calidad del aire en el Resguardo Indígena mejore.

Igualmente, le ordenó a la empresa que en el mismo tiempo implemente medidas transitorias urgentes para reducir el riesgo que sus operaciones representan para la comunidad indígena.

Entre las acciones que debe realizar están labores de limpieza exhaustivas de polvillo de carbón en las viviendas del resguardo, los pozos de agua que utilizan sus habitantes y en la vegetación, además debe hacer un plan para que se disminuya el nivel de ruido que genera su actividad.

Del mismo modo, debe impedir la contaminación de fuentes hídricas por la acción de aguas de escorrentía que provienen de la mina u otras zonas utilizadas por la empresa, además de implementar labores de prevención de incendios y apagar inmediatamente aquellos que se generan en los mantos de carbón y material estéril que se encuentren a menos de cinco kilómetros del resguardo.

Lo que debe hacer el Gobierno

El magistrado también consideró necesario vincular a sectores del Gobierno con el fin de mitigar la situación compleja que padece la comunidad, por lo que ordenó al Ministerio de Ambiente, de Salud, a la Defensoría del Pueblo, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Gobernación de La Guajira y a la Corporación Autónoma Regional del departamento que en el mismo tiempo conformen una Comisión Técnica.

El objetivo de la misma es determinar los factores de riesgo de la explotación minera que afectan a la comunidad, además deben identificar las alternativas que existen para prevenir, mitigar y corregir de manera definitiva tales riesgos en el corto, mediano y largo plazo.

Para ello, Rojas expuso que la Comisión tendrá que crear espacios de diálogo con la comunidad y la empresa Carbones del Cerrejón, así como solicitar a algunas organizaciones que rindan su concepto técnico al respecto.

Del mismo modo, el Ministerio de Ambiente, la ANLA y Corpoguajira en un plazo máximo de cuatro meses deberán implementar un sistema independiente de medición de la calidad del aire en el Resguardo Indígena y la calidad de agua en las fuentes hídricas que lo abastecen.

En este caso, las entidades deberán contar con instrumentos que midan la calidad de agua y del aire en la zona. Esto, además de hacer un análisis periódico de la composición química de dicho material, entre otras acciones.

Por último, entre más de 15 órdenes, el magistrado le dijo al Ministerio de Salud que en máximo dos meses cree una brigada de salud con la finalidad de hacer una valoración médica de los integrantes del Resguardo.

En dos meses también deberá construir un perfil epidemiológico de la comunidad, además de informar los resultados obtenidos a la Comisión Técnica y a las entidades prestadoras del servicio de salud que tengan como afiliados a integrantes del resguardo, para que realicen los tratamientos correspondientes, de conformidad con los procedimientos legales y reglamentarios a que haya lugar.

Fuente:https://www.laopinion.com.co/colombia/entre-explotaciones-mineras-y-enfermedades-de-los-wayu-191046?fbclid=IwAR3yU0LDX2SZFLs3izbO6gPdgzqcI2-y-UHSbysg8AJQZFAaFnKU9hp6L0c#OP

Las alteraciones que ha sufrido el bosque pluvial (húmedo) del Chocó por causa de la minería a cielo abierto hacen prácticamente imposible que este retorne a su condición inicial.

Así lo constató el estudiante Giovanni Ramírez, del Doctorado en Ciencias – Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien en su tesis de grado caracterizó las especies vegetales de tres sectores de minas del corregimiento de Jigualito, municipio de Condoto (Chocó), abandonadas hace 30, 15 y 5 años, con la tutoría del profesor Jesús Orlando Rangel, del Instituto de Ciencias Naturales.

Para el investigador, restaurar los ecosistemas forestales es una estrategia clave en la lucha contra las manifestaciones del cambio climático –pérdida de biodiversidad y desertificación– y además les ofrece oportunidades de desarrollo a las comunidades involucradas en dichos procesos, dados los productos y servicios que genera esta práctica.

Esta población, de donde se extrae oro, platino y plata, está ubicada al occidente del municipio de Condoto, en la subcuenca del río Opogodó, en jurisdicción del consejo comunitario mayor de Condoto. Allá se llega por una ruta carreteable, a partir de una desviación en el costado occidental de la vía que de Condoto conduce a Nóvita.

Para el estudio se delimitaron 20 parcelas de 500 m² de superficie, en las cuales se registró y midió la vegetación según la altura de los árboles, y los resultados se contrastaron con los de un bosque testigo.

En tal sentido, se seleccionaron los siguientes sitios de “recuperación” que habían sido intervenidos con minería a cielo abierto: un área de bosque con más de 30 años de sucesión y recuperación; otra con 15 años de recuperación, que se encuentra rodeada por pozos de agua producto de la actividad minera, y una más con 5 años de sucesión, rodeada por cuerpos de agua, además de un bosque testigo sin evidencias de actividad minera.

Así, el investigador observó que después de 30 años la comunidad vegetal se encuentra aproximadamente en un 50 % de sus condiciones iniciales en cuanto a la composición florística, aunque esta nueva comunidad es completamente diferente a la del bosque testigo. Ello, según el doctorando, “evidencia que la actividad minera ocasiona una serie de transformaciones que hacen bastante improbable que se retorne a la condición inicial del bosque pluvial”.

En la zona de estudio todavía existen áreas con una densa cobertura vegetal en las que no ha habido intervención antrópica, y se encuentran árboles con alturas entre 30 y 45 m. También se hallaron numerosas especies de palmas, entre ellas Mauritiella macroclada (Burret), endémica del Choco biogeográfico.

En el estudio se evaluó la adaptabilidad de especies como la acacia (Acacia mangium) y la bija (Bixa orellana) en áreas degradadas por la actividad minera aluvial en Condoto (Chocó biogeográfico). Además se retomaron diagnósticos ambientales realizados por otros investigadores, según los cuales se advierte que aún persisten vacíos sobre los impactos reales en diferentes aspectos de la estructura y composición de los ecosistemas.

El patrón caracterizado en la investigación muestra que la riqueza a nivel taxonómico aumenta en la medida en que avanza la recuperación (fases de sucesión). El número de familias se ha incrementado de 16 en el área en recuperación de 5 años, a 23 en el área de 30 años. Los géneros han pasado de 27 (5 años) a 40 (30 años) y el número de especies ha variado de 28 (5 años) a 52 (30 años). Este panorama se aleja bastante de la riqueza en el bosque testigo, el cual registra 41 familias, 101 géneros y 128 especies, incluidas las epífitas.

Estas cifras, según el investigador, permiten concluir que el efecto de la intervención de la minería a cielo abierto sobre el bosque húmedo pluvial en localidades del Chocó biogeográfico es muy drástico y que los tiempos de restauración son muy lentos, lo cual genera incertidumbre sobre la posibilidad de que se restaure la vegetación original.

Por ello advierte que si continúa la incorporación de nuevos territorios a la actividad minera a gran escala, los efectos perturbadores sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos aumentarán.

Destaca además que la restauración requiere de planificación, pues su éxito no depende solo de plantar árboles, sino de una proyección cuidadosa que se debe basar en los conocimientos científicos necesarios para que los ecosistemas degradados efectivamente puedan sobrevivir y recuperarse de las diferentes presiones abióticas, bióticas y sociales. (Plantar un billón de árboles no ayudará a reducir el impacto del cambio climático)

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/por-mineria-cielo-abierto-los-bosques-de-condoto-choco-nunca-seran-los-mismos-articulo-901766?fbclid=IwAR0gcoyGXFicoyGYWEZ7KKVjcE58g8KcILpatI9kD_Vsagnmrfjpii8aGXs

Jaime Luis Arias creció en la ladera sur de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un macizo costero aislado en forma de pirámide en el norte de Colombia, Sierra Nevada es una de las montañas costeras más altas del planeta, con los picos nevados que se elevan desde el Mar Caribe hasta unos desconcertantes 5.800 metros (19.000 pies).

Los dramáticos cambios de elevación de la Sierra Nevada de Santa Marta han creado un vibrante reflejo de los numerosos ecosistemas de Colombia: selvas tropicales, sabanas, bosques secos tropicales, tundra alpina tropical, glaciares, desiertos y arrecifes de coral, con especies endémicas más amenazadas que en cualquier otro lugar del mundo. .

«Crecí con la gente de Kankuamo, en las tierras altas de la Sierra Nevada de Santa Marta», dijo Arias. «Para nosotros, crecer allí es un gran privilegio, por eso lo llamamos ‘el corazón del mundo'».

Cuatro grupos indígenas habitan la región: los Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. En sus creencias espirituales, Sierra Nevada se considera el corazón del mundo, donde cada elemento, objeto y organismo, desde el pico vertiginoso hasta la corriente suave, forma una parte indispensable de un cuerpo interconectado.

“Para nosotros, hay vida en todos los elementos. Los picos, ríos, animales, plantas, piedras y planetas están en constante interacción para lograr la armonía y el equilibrio en la naturaleza y con nosotros mismos «, dijo Arias. «Lo que afecta a uno, afecta a todo el ecosistema».

La Sierra Nevada cubre unos 17,000 kilómetros cuadrados (6,560 millas cuadradas). Las tierras altas y las tierras medias remotas están protegidas por un parque nacional junto con tres reservas indígenas que se superponen y exceden la tierra cubierta por el parque. Sin embargo, las comunidades indígenas que habitan en la remota región montañosa se consideran defensores de un territorio mucho más extenso que el que está oficialmente protegido.

La línea negra

Desde 1973, el gobierno colombiano ha reconocido un anillo de sitios sagrados que se extienden alrededor de la base de la cordillera. Colectivamente conocidas como la «Línea Negra», las comunidades indígenas las reclaman como su territorio ancestral.

El Consejo Territorial Indígena de Gobernadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC) describe la Línea Negra como “un gran sistema de nodos terrestres, marítimos y aéreos interconectados. Considerado como sagrado en su conjunto, es el espacio del que surge la cultura de los cuatro pueblos indígenas de Sierra Nevada, y donde se recrea «.

Pero con recursos valiosos bajo el pie, como el petróleo y el oro, hay visiones competitivas para el futuro de la Línea Negra. Arias dijo que la presión de los intereses mineros dentro de la Línea Negra aumentó hace 15 años bajo la administración del ex presidente Álvaro Uribe, cuyo gobierno emprendió una serie de proyectos de infraestructura a gran escala en la región.

«Siempre ha habido presión sobre Sierra Nevada, pero fue bajo Uribe cuando explotó la cantidad de solicitudes y concesiones mineras», dijo Arias. «Ahora, la negligencia legislativa nos presenta 132 títulos mineros y 260 aplicaciones mineras para explotar minerales y carbono».

La Corte Constitucional explicó que la minería a cielo abierto que lleva a cabo Carbones del Cerrejón sería la causante de daños

La Corte Constitucional encontró cinco afectaciones a la comunidad Wayúu que se habrían producido por la actividad minera a cielo abierto que ha desarrollado empresa Carbones del Cerrejón. Estos resultados contradicen las afirmaciones de la corporación minera, que había asegurado ante el Alto Tribunal que su actividad a cielo abierto cumplía con los altos estándares de calidad.

Según Rcn Radio, polvillo de carbón al interior de los hogares de la comunidad, cenizas de carbón, hollín sobre la flora y la fauna cercana a las empresa, mezcla de químicos y gases son algunas de las consecuencias que encontró la Corte. Asímismo, dichas partículas podrían causar distintas enfermedades a los miembros de la comunidad indígena.

“Las entidades de control ambiental como Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) corroboraron incumplimientos, por parte de la empresa Carbones del Cerrejón, pero no adoptaron las sanciones correspondientes y no adoptaron medidas suficientes para proteger a la población indígena”, explicó la Corte entre los resultados.

Fuente:https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-corte-encontro-afectaciones-a-la-comunidad-wayuu-ocasionadas-por-la-mineria-2949680?fbclid=IwAR0_ZnHhg0MemKUk3LsKKkzAkCIvd0tjhU949SQTqOUZJXCAcCWS61hFBnI

Andrés Pérez Hernández luchó hasta el último día de su gobierno por evitar la llegada de la megaminería a Jericó, municipio antioqueño en el que ejerció como alcalde desde 2016.

Sin embargo, su ímpetu y el de cientos de campesinos, emprendedores, jóvenes y empresarios que pelearon junto a él por esa causa, no fue suficiente y finalmente terminó siendo doblegado.

El hundimiento del proyecto de acuerdo municipal, a través del cual se pretendía blindar a Jericó del establecimiento de la minería a gran escala, partiendo de la reglamentación del uso del suelo, fue el golpe con el que terminó su batallar como mandatario.

La inasistencia el pasado domingo 29 de diciembre de 7 de los 11 concejales que integran esa corporación municipal, significaron el hundimiento del proyecto. Según el mandatario esto se debió a la presión, tanto política como administrativa, que ejerció el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Minería, del Viceministerio de Minas y la Secretaría de Minas de Antioquia, entre otras entidades.

“La presión de afuera, del Gobierno, fue inadecuada, inoportuna, pero además irrespetuosa con la autonomía territorial. Esto llevó a que ese proyecto de acuerdo se hundiera en un municipio que es patrimonio de los colombianos y destino turístico sostenible”, dijo Pérez, quien teme que ahora esa población quede expuesta a las intenciones de una multinacional minera que tiene intereses serios en Jericó.

El mandatario se refiere a la compañía sudafricana AngloGold Ashanti (AGA), que tiene contemplado llevar a cabo un proyecto denominado Quebradona, en la vereda Vallecitos, en el que se producirían 6,13 millones de onzas de oro, 85 millones de onzas de plata y 3,92 millones de toneladas de cobre, durante los 21 años de operación que duraría la concesión.

“Esa empresa se supo mover e influenció al Gobierno nacional para que se entrometiera de manera inapropiada en las decisiones que son propias de la alcaldía municipal y la autonomía del Concejo”, mencionó.

Para el alcalde el proyecto de esquema de ordenamiento estaba muy bien sustentado y cumplía con todos los requisitos como, por ejemplo, el acta de concertación con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), así como con el concepto del Consejo Territorial de Planeación. “Yo como alcalde estaba atendiendo la lectura de la mayoría de los jericoanos que no queremos que se haga megaminería en Jericó, cuna de la santa Laura Montoya. Somos un destino turístico internacional, ya que somos sede del Hay Festival y por proyectos como ese, nuestra cultura y tradiciones se ven amenazadas”, recalcó.

“Al contrario de lo que ha manifestado AngloGold Ashanti en medios de comunicación, la comunidad de Jericó y gran parte del Suroeste se encuentra en franca oposición al proyecto de minería de metales en el municipio. Más que inquietudes, las personas tienen una visión de desarrollo diferente a la que propone la minera”, indicó Claudia Vásquez, directora de la Mesa Técnica del Suroeste, organización que apoya actividades institucionales y comunitarias en contra del proyecto de AGA.

Para ella la verdadera vocación de esa población es la agroindustria, el ecoturísmo, la cultura y el emprendimiento sostenible.

«No queremos ningún tipo de minería metálica en esta región. Nos ha afectado demasiado y queremos vivir en paz», dijo William Galindo, campesino residente en el corregimiento Palocabildo, Jericó, en una video-carta que le fue enviada en agosto de este año al presidente Iván Duque por parte de la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, señaló, entre tanto, en una entrevista concedida a Semana Sostenible en agosto, que esa era una zona de paz y tranquilidad, que había vivido por más de 160 años en calma. «Las condiciones de empleo están copadas, que haya algunas carencias es normal, pero estamos en un paraíso donde la mayoría de las necesidades están satisfechas. Nuestro nivel de vida es mucho más amplio que el de los municipios mineros del país como para enfrascarnos en ese problema», apuntó.

Jaramillo sostuvo que la comunidad teme, sobre todo, por la división social, pero también por la contaminación de los yacimientos de agua superficiales y subterráneas que se podría generar, así como por los impactos socioculturales en la región, las afectaciones a los ecosistemas y los problemas de seguridad que se presentarían con la llegada de gente foránea.

Semana Sostenible se intentó comunicar con AngloGold Ashanti pero no fue posible obtener respuesta.

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/alcalde-de-jerico-senala-al-gobierno-nacional-de-querer-establecer-la-megamineria-en-ese-municipio/48295

El funcionario, al parecer, facilitaba la explotación de un territorio cerca al páramo de Santurbán.

Miembros de la Fiscalía General de la Nación capturaron en las últimas horas al alcalde del municipio de California (Santander), Hugo Arnoldo Lizcano Pulido, quien estaría implicado en una red de minería ilegal que operaba cerca al páramo de Santurbán.

Junto al mandatario fueron detenidos por el Ejército Nacional dos miembros de la Fuerza Pública, el capitán Édgar Bernardo García Pineda, alias ‘El Primo’; y el sargento segundo (r) César Hernández Pérez, y dos civiles más (Arcesio Gamboa Lizcano y Marlon Giovanni Riaño Sánchez).

Según las investigaciones, los mencionados están señalados de conformar la banda de minería ilegal ‘Los Primos’, que se encargarían de direccionar el funcionamiento de este delito en la zona.

Según la Fiscalía, a los detenidos se les imputarán los delitos de invasión agravada de área especial de importancia ecológica (páramo de Santurbán), contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimientos mineros, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Las investigaciones que condujeron a estas capturas se iniciaron en febrero de este año y estuvieron a cargo de la Fiscalía 9 Especializada en Delitos Ambientales, el Batallón de Ingenieros Francisco José de Caldas y el Batallón de Contrainteligencia n. ° 2.

Las aprehensiones se hicieron efectivas en los municipios de California, Vetas y Bucaramanga.

Fuente:https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/capturan-a-un-alcalde-en-santander-por-permitir-mineria-ilegal-443010

Fuente:https://www.contagioradio.com/no-es-de-forma-es-de-fondo-los-reparos-de-la-anla-y-el-rechazo-del-coa-a-la-anglogold-ashanti/

En reciente informe de seguimiento a la Sentencia T-361, el Ministerio Público concluyó que el Ministerio de Ambiente no cumplirá con el plazo del 18 de diciembre para expedir la nueva delimitación de Santurbán.

Los accionantes habíamos advertido que dicho plazo sería insuficiente para una nueva delimitación de Santurbán bien hecha con los hoy inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos; peor aún, vislumbramos la intencionalidad del Gobierno de volver a expedir otra delimitación político-minera, a manera de mapa del tesoro para la explotación minera, ahora en tiempos de Duque (la ratificación de la delimitación de la Resolución 2090 de 2014 o una muy similar) para dejar “por fuera del páramo” a proyectos como el de Minesa y similares.

Sin embargo, una delimitación de este tipo no es argumento para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tenga patente de corso para aprobar proyectos mineros que, aunque queden por fuera de una demarcación amañada para la explotación minera, infrinjan la normatividad ambiental, y vayan en contravía de incontrovertibles argumentos científicos y de la voluntad de los santandereanos que jamás dará la licencia social a aquellos.

Recordemos como la ANLA, en 2017, hizo 83 requerimientos al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Minesa; ésta desistió de su proyecto, en 2018, desistimiento aceptado inmediatamente por la ANLA, para presentar este año su segundo EIA, al cual la ANLA acaba de hacer la no despreciable cifra de 107 requerimientos.

Hace tres meses la CDMB negó, con todos los soportes científicos, cinco permisos a Minesa, y la misma CAR tiene un proceso de investigación ambiental, que ya superó los dos años, contra la minera; ¿qué ha pasado con esta investigación, y con las denuncias del director de la ANLA sobre supuestos hechos de corrupción alrededor del licenciamiento de Minesa?

Sería nefasto para nuestro país que proyectos inviables legal, científica y socialmente hablando, se pretendieran viabilizar a la luz de la politiquería y por actos de corrupción de algunos funcionarios inescrupulosos del Estado colombiano.

Fuente:http://concienciaciudadana.org/proyectos-mineros-de-inviables-a-viables-mediante-la-corrupcion/?fbclid=IwAR0dyOt5riQaXmU9KNyUtECk51ovAwguu-gslT347x0M9a32R78Mw5q7NPw

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe de Colombia, llevan varios años oponiéndose a la minería que rodea su territorio y sus argumentos espirituales y tradicionales han trascendido hasta los estrados judiciales.

En 2014 la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que se refirió a la minería en la Sierra y, en particular, a dos títulos mineros de canteras. El alto tribunal precisó que todos los títulos que no habían hecho consulta previa debían hacerla, incluso si se trataba de zonas fuera de los resguardos titulados, “dada la protección especial de áreas sagradas y su importancia cultural para las comunidades”. Sin embargo, a pesar de sugerir la consulta previa para todos los títulos mineros, en su parte resolutiva solo ordena la consulta para los dos demandados.

Dos años más tarde, los indígenas se vieron obligados a presentar una tutela —mecanismo jurídico en Colombia para la defensa de derechos fundamentales— para que la Corte defina la situación de todos los títulos mineros, en su mayoría de pequeña escala, que habrían violado la consulta previa. A eso se suma el aumento, en este período de tiempo, de la minería ilegal en la región. “A la fecha no tenemos sentencia. La Corte declaró nulo este proceso dos veces y ahora está en despacho para proferir una sentencia que desde agosto está pendiente y no ha salido”, dice Luisa Castañeda, abogada de los indígenas en ese caso.

Los pueblos kogui, malayo, arhuaco, kankuamo y wiwa han argumentado las afectaciones culturales de la minería pero, según Castañeda, esto siempre ha sido desvirtuado por el gobierno por “carecer de peso técnico”. Por eso, los indígenas buscaron ayuda para que se demostraran, técnicamente, no solo las afectaciones culturales y espirituales de esta actividad extractiva, sino las consecuencias negativas a escala ambiental en un territorio biodiverso y lleno de endemismos como la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), financió el primer proyecto piloto que analiza estos temas en un territorio indígena en la Sierra. Los resultados de este estudio fueron publicados recientemente en el informe Identificación de impactos ambientales y culturales por minería sobre el territorio del pueblo wiwa.

Afectación de aguas y fauna

El estudio se centró en el pueblo wiwa asentado en los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha en el departamento de La Guajira. Y la investigación de campo abarcó las cuencas de los ríos Ranchería, Cesar, Tapias y Jerez.

La organización Applied Biodiversity Foundation (ABF), especializada en conservación biológica y cultural, fue la encargada de hacer el trabajo. Diego Casallas-Pabón, PhD en Ciencias Biológicas, director de la organización y coordinador ambiental del informe, le dice a Mongabay Latam que los indígenas insistieron principalmente en su preocupación por la cuenca del río Jerez, pues allí se vive una problemática complicada por la minería ilegal en la que participan grupos armados que intimidan a las comunidades wiwa.

Allí los investigadores tomaron muestras de peces —principalmente de lo que quedaba de la pesca— y las llevaron a un laboratorio para realizar pruebas de bioacumulación de metales pesados dentro de los organismos. “Cuando en el agua hay metales pesados, estos entran a la cadena trófica, se acumulan en el músculo del pez y cuando la gente se lo come, estos elementos son consumidos por la comunidad”, afirma Casallas-Pabón.

En el informe quedó registrado que “el Cromo (Cr) y el Hierro (Fe) marcaron resultados positivos, con valores considerablemente altos para una estación de muestreo ubicada en el río Jerez, asociado a quebradas afectadas por vertimientos de minería ilegal ubicada en la comunidad de Arimaka (Seyamake), la bioacumulación se detectó en el músculo de la especie de pez llamado mantecatufrente (Salminus affinis), con valores respectivos de 1866,5 µg/Kg y 17200 µg/Kg”, señala el documento.

Por su parte, el Cadmio (Cd) se presenta debajo de los límites en todas las estaciones de muestreo, con excepción de la ubicada en el río Jerez, aledaña a la comunidad Arimaka. “Se presenta una concentración de 2,26 µg/Kg de Cadmio bioacumulado en la mojarra (Geophagus steindachneri), comúnmente consumida por la comunidad en este punto del río”, se lee en la publicación. De igual forma se reportó un nivel positivo para Arsénico (As) en los peces mantecatufrente y mojarra en dos de las estaciones de muestreo sobre el río Jerez, aguas abajo de los vertimientos de minería ilegal.

Casallas-Pabón asegura que este es un primer paso para que se levanten más estudios y se tomen más muestras. “En otros sitios más arriba, donde la minería no está presente,  el agua salió limpia y los peces también. El objetivo era hacer este análisis de manera comparativa”, afirma.

El biólogo es cauteloso y asegura que, aunque aún no se puede concluir si la contaminación por metales pesados afecta la salud de los indígenas, son necesarios estudios futuros que probablemente evidencien este tipo de afectaciones. “Lo que sí podemos asegurar es que los peces están cargando en su carne una serie de metales pesados que no deberían estar ahí y que no fueron reportados en sitios sin minería”, enfatiza.

Los problemas no solo se hicieron evidentes en los peces. Los análisis químicos del agua confirmaron la contaminación. En el punto de vertimiento de la mina ilegal, el valor del pH superó el límite máximo permisible para consumo (10,01 unidades de pH). El informe destaca que esto es consecuencia de los procesos de extracción de minerales, cuyos desechos son vertidos en el suelo y terminan por llegar a las aguas del río Jerez, “que atraviesa el asentamiento dejando a su paso sus residuos, los cuales pueden afectar la salud y calidad de vida de la comunidad, junto con el deterioro de los recursos naturales y afectación de la biota”, destaca el informe.

Una cultura conectada con el medio ambiente

“Hay 180 títulos mineros otorgados, cinco bloques de minería en funcionamiento, dos proyectos de hidrocarburos y esto afecta gravemente a la Sierra Nevada de Santa Marta, sin contar con la minería ilegal que se desarrolla dentro del territorio. En un futuro todos estos proyectos convertirán a la Sierra en una especie de fogón, una gran fogata”, le dice José Mario Bolívar, coordinador territorial y ambiental del pueblo indígena wiwa, a Mongabay Latam, refiriéndose a  la deforestación alrededor de la Sierra, que sumada a los efectos del cambio climático que ellos ya perciben, podrían generar múltiples incendios en esta región.

Para los wiwa, y demás indígenas que habitan en esta zona, la afectación ambiental impacta directamente su cultura y costumbres.  El biólogo Diego Casallas-Pabón asegura que es muy interesante ver cómo lo cultural está entrelazado con lo ambiental y que durante el estudio levantaron información valiosa sobre la relación que tiene la comunidad con la flora y la fauna, “cada uno de los animales es un guardián de algo” y añade que “en la medida que se extinga alguna especie también se va perdiendo la información cultural ligada a ella. Y si eso se pierde también hay un impacto sobre sus actividades económicas y su percepción de la vida y en general su cosmovisión”.

Es por eso que preocupa la deforestación reciente que avanza en algunas zonas de la Sierra y que se suma al histórico impacto de actividades humanas en la región. Aún quedan zonas bien conservadas —donde habitan las comunidades indígenas más apartadas— y allí se dio hace poco el primer registro de jaguar en la zona, el felino más grande de América y que se encuentra en la categoría Casi Amenazado de la Lista Roja de especies de la UICN.

La preocupación de los indígenas y los científicos es que dentro de poco esto pase a ser solo un recuerdo, a pesar de que el animal también fue registrado por las cámaras trampa instaladas por los investigadores del informe. “Detectamos la presencia de jaguar. Esto significa que arriba el territorio está siendo protegido. Para que un animal de este porte esté en el ecosistema es porque hay alimento”, dice Casallas-Pabón.

Para él, esto muestra la importancia de la conservación de estos ecosistemas no solo para garantizar la biodiversidad sino el agua, en especial de las quebradas que alimentan al río Ranchería, del que se surten muchos de los centros poblados alrededor de la Sierra.

Otro de los focos de trabajo de los investigadores fueron las especies indicadoras, es decir, aquellas cuya presencia o ausencia permite generar conclusiones sobre el estado de salud del ecosistema. Como es el caso del jaguar. Los investigadores concluyeron que los ecosistemas más conservados suelen ser los que tienen menor contacto con la gente y los que están más arriba, donde habitan los indígenas que tienen mejor preservada su cultura.

“Hasta el momento este informe es la recopilación más completa que se ha hecho del pueblo wiwa en la Sierra Nevada, visto desde la unión de lo ambiental, lo cultural y lo social. Es un estudio que a futuro puede servir como un respaldo para mostrar cómo estaban los ecosistemas y tener un punto de comparación”, indica Diego Casallas-Pabón.

Entre las recomendaciones del estudio están: revisar las licencias ambientales emitidas a los proyectos de minería a cielo abierto sobre las coberturas vegetales actuales, ya que muchas de ellas son bosques altamente frágiles que requieren de medidas de protección para mantener las características ecológicas y los servicios ecosistémicos; reorganizar a través de nuevos actos jurídicos las acciones de cierre, saneamiento y restauración ecológica en los pasivos ambientales generados por las actividades mineras pues muchas suelen abandonarse sin las medidas adecuadas, generando puntos de erosión que se convierten en focos de contaminación por residuos urbanos e industriales.

Una oposición que trae amenazas de muerte

A los indígenas wiwa les preocupan los títulos mineros —que insisten son ilegales pues no fueron consultados con ellos— así como la minería ilegal y hasta criminal que se apodera de territorios como la cuenca del río Jerez, donde se extraen minerales y materiales de construcción sin ningún tipo de permiso, según quedó consignado también en el informe. José Mario Bolívar, coordinador territorial y ambiental del pueblo indígena wiwa, asegura que en esta cuenca también hay minería ilegal de oro.

De acuerdo con la abogada Luisa Castañeda, el auge de proyectos de construcción en departamentos como Cesar, Magdalena y La Guajira —donde se ubica la Sierra Nevada de Santa Marta— ha disparado las canteras ilegales que buscan suplir la enorme demanda de materiales de construcción en la región.

Todo esto ha hecho que los wiwa sean blanco de amenazas. Entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de este año, 155 líderes sociales e indígenas fueron asesinados en Colombia. Esta cifra sigue en aumento y desde octubre se ha incrementado exponencialmente con los múltiples asesinatos de indígenas en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país. Uno de los casos más impactantes fue la masacre de Tacueyó, en el municipio de Toribío, Cauca, a finales de octubre.

“Todo es por la defensa y protección de nuestros territorios. Este es un tema de estigmatización sistemática a nivel nacional y más aún en este territorio [Sierra Nevada de Santa Marta], donde los intereses no son solamente por minería sino por otros megaproyectos como puertos, vías y turismo”, comenta Bolívar.  Según el líder indígena, incluso la muerte del guardaparques de la Sierra Nevada, Wilton Orrego, a principios de este año, fue en represalia a que trabajaba en la protocolización de la consulta previa con los pueblos indígenas.

Actualmente los líderes del pueblo wiwa tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que cuentan con un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, oponerse a la minería ilegal en el río Jerez, que es manejada por grupos armados ilegales les ha traído nuevas amenazas. “Hay muchos desmovilizados [de grupos paramilitares y guerrilleros] que nos ponen en riesgo acusándonos de oponernos al desarrollo”.

El panorama de la Sierra Nevada cada día se complica más pues no solo enfrenta amenazas a su gran riqueza natural y cultural, sino que los pueblos indígenas que habitan en la zona, como los wiwa, siguen expuestos a intimidaciones y homicidios. “Asesinaron a una persona cerca del territorio y ahí las Águilas Negras [presunto grupo a nombre del que se dan las intimidaciones] dejaron un panfleto haciendo amenazas a nuestras familias. Hay rearmamento de los exparamilitares y de las disidencias de las Farc y en este momento el gobierno no está fortaleciendo la institucionalidad indígena”, concluye Bolívar.

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/11/mineria-sierra-nevada-colombia-impacto-ambiental-cultural-wiwa/?fbclid=IwAR2vR9MNL033t1xs1UNV6k8aK7KF1kzoNYK2gpxp4jTb6ZG7x4gGBWFVy0Q