Campesinos y mineros mantienen bloqueadas las carreteras en rechazo a las recientes políticas ambientales de Petro, una medida que comienza a pasar factura

Diario Las Américas 24/10/2024
BOGOTÁ.- El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una nueva ola de protestas, en esta ocasión por parte de campesinos y mineros, que mantiene paralizadas siete regiones de Colombia, en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad 2024 (COP16), que se celebra del 21 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad colombiana de Cali (suroeste).

Por cuarto día consecutivo, campesinos y mineros colombianos se mantienen en paro, con bloqueos de las principales carreteras de la nación cafetera, en protesta a las recientes políticas ambientales del Gobierno izquierdista de Petro, que se ha comprometido a iniciar este jueves, 24 de octubre, diálogos con los afectados para atender las demandas e instar al levantamiento de los cierres viales.

La nueva huelga ocurre a menos de dos meses del paro camionero, registrado entre el 1 y 6 de septiembre, que concluyó con un acuerdo en el que se incluía el aumento gradual del galón de petrodiésel, hasta diciembre de este año, a 400 pesos colombianos.

Ahora, el Ejecutivo se enfrenta a una nueva ola de protestas en Santander, Norte de Santander y Boyacá, al noreste del país, por parte de campesinos que rechazan el decreto 044 del 2024 del Ministerio de Ambiente, que restringe las actividades agrícolas en los páramos.

Además, se registran manifestaciones de mineros en Antioquia, Córdoba, Chocó y Caldas, al noroeste de Colombia, por presuntos incumplimientos de «compromisos» por parte del Gobierno y en reclamo al decreto 1035 de 2024 que da vía libre a la Fuerza Pública para destruir maquinaria amarilla para disminuir la extracción ilícita de yacimientos.

Repercusiones en la economía
Las protestas comienzan a pasar factura en Colombia, donde se comienza a percibir el desabastecimiento de alimentos y combustible, ante la decisión de los campesinos y mineros de continuar bloqueando las carreteras colombianas, que conectan las distintas ciudades del noreste y noroeste del país cafetero.

En Boyacá, las autoridades confirmaron la escasez de combustible, la acumulación de cientos de litros de leche y problemas de recolección de basuras, que podrían generar un problema sanitario en varios municipios de ese departamento, según reseñó la Revista Semana.

En el Departamento de Antioquia, los sobrecostos para el transporte de carga pesada son «incalculables» ante las restricciones de tránsito entre Medellín y la costa del Atlántico.

Mientras que en Córdoba, la gobernación indicó que las manifestaciones de los mineros comienza a pasar «factura» a diversos sectores de la economía, por la escasez de algunos alimentos y los traumas que los cierres viales ocasionan al comercio de bienes.

Intervención del Gobierno de Petro
Los gobernadores de las siete regiones afectadas por las protestas de campesinos y mineros solicitaron la intervención del Gobierno para solventar la situación que, de continuar, dejará notables afectaciones en la economía y no solo en la regional, sino en la nacional.

Alegaron que debe ser el Ejecutivo el que responda a las demandas de los manifestantes, que rechazan los serios cambios en el orden ambiental y minero.

«Solicito al señor presidente Gustavo Petro iniciar lo antes posible una mesa de diálogo con los manifestantes para llegar a acuerdos y evitar consecuencias fatales para la economía regional”, mencionó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, indicó que se encuentran a la espera de un acuerdo con los campesinos para que levanten los bloqueos. «La situación está perjudicando a todos: transportadores, comerciantes y consumidores. Esperamos el avance», señaló.

Mientras que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, hizo un llamado al Ejecutivo para que atienda las «inquietudes y sugerencia» de la comunidad- «Vamos a estar muy atentos a que se pueda dar una solución que beneficie a todos», apuntó.

La Procuraduría General de la Nación se unió al llamado a la administración izquierdista para que atienda a los ciudadanos. «Esos campesinos del páramo que realizan actividades agropecuarias y mineras de pequeña escala tienen el derecho a recibir alternativas y a ser escuchados. Es importante que el Gobierno, en el marco en el derecho a la participación en asuntos ambientales y que hoy se debate en Cali, escuché a todos los grupos de interés», sostuvo el vocero del ente, Gustavo Guerrero.

Un nueva contingencia
La nueva ola de protestas representan un claro desafío al Gobierno de Petro, anfitrión de la COP16, que ya envió a funcionarios de los ministerios de Minas, de Agricultura y de Ambiente a Bucaramanga para atender la situación y así minimizar los daños que el paro ocasionará a la economía.

En este sentido, la propia ministra de Ambiente, Susana Muhamad, interrumpió su agenda en la cumbre de biodiversidad más grande del mundo, para buscar soluciones a las demandas de los manifestantes, para evitar los «ruidos innecesarios» que esto pudiera ocasionar con los ojos de la prensa internacional puestos sobre Colombia.

Con el paro de camionero como antecedente, el analista político Gabriel Cifuentes, consideró que el descontento nacional ante las promesas incumplidas de Petro pudieran significar un aumento de protestas en el territorio colombiano. En conversación con el diario colombiano El Tiempo, estimó que el manejo que le dé el Gobierno a estas manifestaciones marcarán la hoja de ruta a lo que resta de gestión.

«Si esto se vuelve sintomático y no es simplemente la coincidencia de hechos aislados, es posible anticipar que el Gobierno tendrá un nuevo frente de contingencia por atender. Uno que además en una campaña tan anticipada, con una administración que está pasando por un momento de aprobación delicado y con bajas ejecutorias, podría convertirse en un problema muy grande», subrayó.

FUENTE: Con información de Revista Semana y El Tiempo de Colombia
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/petro-enfrenta-una-nueva-ola-protestas-que-paraliza-siete-regiones-colombianas-medio-la-cop16-n5365696

El llamado de las autoridades es a una concentración pacífica por el respeto a la vida.
Protesta social en Cali. (Foto de archivo)
Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

Este 14 de mayo la Defensoría presentó un informe de conflictos socioambientales en el sector minero-energético, en el cual se indica que el año pasado hubo 130 eventos, lo cual representa un 46 por ciento más que los 89 que se habían presentado en 2022.

El defensor Carlos Camargo señaló que también se registraron eventos por conflictos ambientales por la explotación de hidrocarburos y su afectación a fuentes hídricas en la región del Magdalena Medio.

Así mismo, para Chocó los conflictos giraron en torno a la explotación aurífera y de cobre. En esos casos hubo inconformidades por el impacto ambiental producido, y al mismo tiempo surgió el reclamo de los mineros tradicionales para que se les permitiera participar en esa actividad, como medio de subsistencia.
(Le puede interesar: Estado responde en audiencia de JEP por ‘falla estructural’ en búsqueda de desaparecidos).
En La Guajira el análisis se centró en los conflictos que han surgido por la falta de claridad sobre cómo se abordarán los pasivos ambientales de los proyectos que se encuentran en fase de cierre. Además, se reseñó que las comunidades indígenas vienen reclamando el derecho a la participación y consulta previa en los proyectos de parques eólicos y solares.

“En el escenario del cambio climático y la transición energética, es prioritario analizar el panorama nacional y local de la conflictividad social minero-energética, con el objetivo de prevenir el escalamiento de los conflictos y garantizar los derechos colectivos y ambientales, los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y comunidades vulnerables, además los de los habitantes de distintos territorios”, dijo el defensor Camargo.
(Puede consultar: Salvatore Mancuso podría quedar libre hoy: ¿qué falta para que salga de La Picota?).
La Defensoría también dijo que si bien el sector minero-energético es un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, por las condiciones estructurales de pobreza y débil presencia institucional muchas veces se configuran focos de conflictos sociales.

“Hago un llamado para que las autoridades nacionales y regionales fortalezcan las actividades de monitoreo y seguimiento a la conflictividad social en el sector, con el fin de que todas las partes en los conflictos sean identificadas, escuchadas, que siempre sea el diálogo el mecanismo para la gestión y transformación de los conflictos”, señaló el Defensor.
El informe defensorial también incluye datos sobre la gestión de la entidad entre enero del 2022 y febrero del 2024, cuando los funcionarios de la Defensoría participaron en 80 espacios de diálogo social, contribuyendo como mediadores o acompañantes de las partes en conflicto.

Los espacios de diálogo se desarrollaron en 37 municipios de 15 departamentos y en Bogotá distrito capital.
(Más notas: El nexo de empresario colombiano en esquema internacional para lavar plata del narcotráfico).
El documento concluye con recomendaciones a las instituciones públicas, organismos de control, academia, centros de investigación, comunidades y organizaciones sociales para prevenir el escalamiento de la conflictividad social.

«Haremos el debido seguimiento a las recomendaciones formuladas, con la finalidad de evaluar su cumplimiento, para lo cual invitaré a la Procuraduría General a apoyar y acompañar esta tarea», concluyó Camargo.
justicia@eltiempo.com
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/protestas-en-el-sector-minero-energetico-subieron-46-en-2023-defensoria-3342684

Historia de Rodrigo Pedroso

El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y la creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, pero principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. En Colombia, los nuevos focos están en los ríos Putumayo, Cotuhé y Puré-Puré.

Imágenes aéreas tomadas en la frontera con Brasil, en el río Puré, en el departamento del Amazonas. Las dragas mineras avanzan deforestando y contaminando ríos.
© Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro
El aumento de los precios del oro en el mercado internacional y su creciente demanda han provocado en los últimos años la expansión de la minería ilegal en Latinoamérica, principalmente en las zonas de la Amazonia próximas a las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. El oro ilegal circula entre los países sin mayor control y se está registrando una mayor presencia de grandes grupos vinculados al narcotráfico en el negocio de la extracción ilícita del metal. (Le recomendamos: Los vínculos de las comercializadoras de oro y la minería ilegal en la Amazonia colombiana)
Para esta investigación, un equipo de la Red Transfronteriza de OjoPúblico, habló con fuentes relacionadas con el tema en estos países —agentes de policía, investigadores, fiscales, autoridades de los gobiernos nacionales, investigadores académicos y miembros de la sociedad civil que trabajan en estas áreas—, y todos concluyeron que el crimen organizado está cruzando las fronteras en cooperación —y a veces, incluso, dominando con violencia— con actores locales para incrementar y diversificar su negocio ilegal. (Conozca la investigación completa en el especial “Las rutas del oro sucio”)

Los nuevos focos de minería ilegal en la Amazonia se concentran en los ríos Nanay (Perú), Juruá (Brasil) y, a ambos lados de la frontera, el Putumayo (Perú-Colombia), Cotuhé (Perú-Colombia), Madre de Dios (Perú-Bolivia) y Puré-Purué (Colombia-Brasil). Una parte de ese oro va, según las cifras oficiales de producción, hacia las capitales de estos países con el fin de ser incorporado en la cadena formal y ser exportado, pero otra parte, como revelan las incautaciones, cruza ilegalmente por las fronteras.

“Si en un lugar hay una vigilancia intensa, con operaciones (los mineros) migran a otras regiones (de la Amazonia). Y los que blanquean ese oro intentan llevarlo hacia donde es más fácil legalizarlo”, explica Humberto Freire, director del Departamento de Amazonia y Medio Ambiente de la Policía Federal brasileña, que trabaja desde 2023 vigilando las actividades ilegales y promoviendo una mayor cooperación entre las autoridades policiales de los países amazónicos.

Y eso se revela en los datos. A raíz del avance de la minería ilegal en la Amazonia, las exportaciones de oro de alta pureza se han incrementado en los países andinos amazónicos. Como parte de la serie “Las rutas del oro sucio”, los socios de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico —entre esos El Espectador— identificaron que las cifras de producción declaradas por Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son menores a los volúmenes de oro que finalmente se exportan. La investigación revela que en la última década se exportaron por lo menos 3.089 toneladas métricas de oro de origen desconocido, lo que indica que se trata de un negocio altamente lucrativo.

No se sabe cuánto de ese total se extrae con exactitud de la Amazonia, pero los expertos afirman que la mayor parte de esta extracción no controlada proviene de la selva por la gran pureza del mineral. La débil aplicación de la ley y el elevado precio del oro en el mercado internacional —que ha subido un 56 % en los últimos cinco años— aumentan la rentabilidad del negocio ilegal en la Amazonia.

La manera con que se opera el negocio también han cambiado. Las técnicas para extraer oro ilegal en la Amazonia han dejado de ser en gran parte artesanales y ahora se usan herramientas más sofisticadas. Los mineros, financiados por los dueños de las dragas de extracción, usan la comunicación por internet, nuevas generaciones de motores y equipos mecánicos con más potencia para remover el lecho de los ríos, aumentando la productividad de las operaciones.

“Montar la minería ilegal es un negocio que requiere muchos recursos hoy en día. Las dragas (más grandes) pueden costar hasta US$1,5 millones, así como la logística para abastecer a los mineros de alimentos y pistas de aterrizaje en algunos lugares. Hay grupos vinculados al narcotráfico que cogen el dinero ganado en ese negocio y lo reinvierten en la minería ilegal, porque el beneficio aumenta al cabo de un tiempo y es más fácil blanquear el dinero vendiendo el oro”, explica el investigador Rodrigo Chagas, del Fórum de Brasileiro de Segurança Pública.

Tal movimiento también puede llegar a convertirse en transnacional con el tiempo. Un informe 2023 de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) señala que al menos 32 distritos de cinco regiones amazónicas están afectados por la actividad.

Las cuencas de los ríos Putumayo y Cotuhé, en la frontera de Perú y Colombia, conforman una amplia zona de producción y tráfico de drogas y minería ilegal, en la que diferentes grupos se disputan el control de estas actividades.

En las regiones fronterizas de Colombia con Brasil y Perú, tras el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, se han instalado grupos disidentes, como Comandos de la Frontera o frente Carolina Ramírez (conocidos como Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR), que se disputan territorios con el Clan del Golfo. También se han identificado que, del lado peruano de la frontera con el río Putumayo, operan grupos armados de origen colombiano dedicados a la producción y el tráfico de drogas y a la minería ilegal.

Y justamente por la alta rentabilidad del negocio, la minería ilegal se ha tornado una actividad estratégica para los grupos armados colombianos, complementando las actividades del narcotráfico. Uno de los documentos a los que accedió OjoPúblico menciona que en varias regiones de Colombia la minería ilícita es más lucrativa que el narcotráfico, representando más del 50% del total de sus ingresos.

Minería y grupos de crimen organizado de Colombia en la Amazonia brasileña
En 2021, un grupo disidente de las FARC llamado Comisión Miller Perdono realizaba extorsiones a cambio de proteger a mineros en el lado brasileño del río Purué, en la frontera con Colombia.

La minería en esta región de Brasil se ha disparado desde 2019, aprovechando el desmantelamiento de las inspecciones y las fuerzas de represión de los delitos ambientales en la Amazonia llevado a cabo por el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).

Un grupo de mineros brasileños con grandes inversionistas por detrás partieron de otras partes de la Amazonía con dirección al lado brasileño del río Purué con el fin de extraer oro. Ante la ausencia de fiscalización, el flujo de grandes dragas creció, atrayendo la atención de la disidencia de las FARC, que ya actuaba en el lado colombiano. Los colombianos bajaron el río cobrando extorsión a cambio de seguridad para operar y navegar por la zona, según la Policía Federal.

Los mineros brasileños solicitaron a las fuerzas de seguridad del país que sacaran a los colombianos del Purué. Un operativo del Ejército de Brasil junto con la Policía Federal logró expulsar a los disidentes de las FARC, que ejercieron control del territorio por algunos meses del 2021. El Ejército no ha confirmado públicamente la operación y la Policía Federal emitió un breve comunicado al respecto.

La toma del río Purué por parte de grupos criminales procedentes de Colombia también expuso la falta de control estatal en la zona, que corresponde a la cuenca hidrográfica Caquetá (Colombia)-Japurá (Brasil), una importante ruta del narcotráfico producido en Colombia para las mayores facciones criminales del Brasil como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC).

El lecho del río Purué –en Brasil y Colombia– sigue siendo destruido por la minería ilegal, pero ahora bajo el dominio de grupos de mineros de Brasil, mientras que en Colombia siguen bajo la supervisión de grupos armados colombianos.

La porosidad de las fronteras, combinada con la internacionalización de los grupos criminales que invierten en la minería ilegal, ha dado lugar a algunas respuestas institucionales conjuntas. En abril comenzará a funcionar en Manaos, en la Amazonia brasileña, el Centro Internacional de Cooperación Policial, fruto del memorando firmado entre ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

El centro trabajará con las autoridades policiales de los países de la OTCA, los que intercambiarán información sobre la dinámica criminal en la Amazonia.

También, por primera vez, la Policía Federal brasileña está creando un inventario del oro en la Amazonia. La iniciativa pretende catalogar el “ADN” del oro de diferentes regiones, lo que ayudaría a demostrar el origen de la circulación de oro dentro y fuera de esta región.

*Este reportaje hace parte de la serie “Las Rutas del Oro Sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico, de la que El Espectador hizo parte.
https://www.msn.com/es-co/noticias/other/grupos-armados-y-los-v%C3%ADnculos-con-la-miner%C3%ADa-ilegal-en-colombia-brasil-y-per%C3%BA/ar-BB1lI0jP

Valentina Cortés Castillo 26/02/2024
@Valenti38400921

La misma Contraloría advierte desde el 2013 que esta normativa se caracteriza por favorecer capitales foráneos.
La comunidad del municipio de Falan hoy protesta por una posible coyuntura histórica que se enmarca en la jurisprudencia del derecho humano al agua, los derechos del campesinado, el derecho a la participación y el derecho a un ambiente sano.

El modelo socioterritorial minero es atractivo para cierta parte de la ciudadanía que considera que esta actividad será un polo de desarrollo para el municipio y el departamento. Sin embargo, para el sector de la población que depende de los recursos naturales y culturales (Comunidad campesina, usuarios de acueductos y emprendedores del ecoturismo), este proyecto es incompatible con su modo de vida debido a los profundos impactos ambientales y sociales.

Las intenciones de Outcrop indican que su proyecto puede expandirse a 25 mil hectáreas lo cual significaría interrumpir la conectividad biológica e hídrica entre los páramos del Nevado del Ruíz y el Valle del Magdalena. Los títulos en exploración avanzada de Outcrop y otras empresas se encuentran principalmente en Falan y Líbano y Armero Guayabal, en estos últimos tres municipios ya existen títulos en explotación con conflicto de uso de agua.

La misma Contraloría advierte desde el 2013 que esta normativa se caracteriza por favorecer capitales foráneos y dejar a la Nación en condición de alta dependencia económica y en una posible crisis ambiental local en medio de la crisis ambiental global.

En departamento del Tolima se destacan los impactos ambientales y la apropiación territorial de la cementera Cemex en el corregimiento de Payandé (Municipio de San Luis), la crisis de acceso al agua en el corregimiento de El Convenio (Municipio del Líbano, Mina El Porvenir) y la crisis humanitaria por la minería ilegal en Ataco.

https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/hoy-en-falan-habra-movilizacion-en-rechazo-la-expansion-minera-en-el-norte-del

Kevin Hinostroza 24/07/2023

Minería Colombia
El Gobierno también examinará los títulos mineros existentes que se concedieron sin tener en cuenta el impacto medioambiental.

Los ministerios competentes deben ahora establecer zonas protegidas temporales mientras se crean reservas naturales a largo plazo.
El Gobierno de Colombia ha publicado un proyecto de decreto que pretende establecer reservas naturales temporales para proteger los ecosistemas de las explotaciones mineras.

El decreto fue publicado por el Ministerio de Medio Ambiente a raíz de un fallo del Consejo de Estado de la semana pasada. En virtud de la sentencia, los ministerios competentes deben ahora establecer zonas protegidas temporales mientras se crean reservas naturales a largo plazo.

“EL ORDEN ES CLAVE PARA EL CRECIMIENTO RESPONSABLE”, AFIRMÓ LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, SUSANA MUHAMAD, EN UN TUIT EL MIÉRCOLES. EL FALLO BUSCA RECTIFICAR “EL DESORDEN MINERO MASIVO GENERADO POR GOBIERNOS ANTERIORES”, AGREGÓ EN UN VIDEO COMUNICADO TAMBIÉN PUBLICADO EN SU TWITTER.

El decreto fue expedido en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que insta al Ministerio de Minas y Energía a reducir su impacto ambiental, agregó Muhamad.

El año pasado, el Gobierno colombiano anunció su intención de revisar el sistema mediante el cual se conceden las licencias mineras en el país.

“TENEMOS PREVISTO REGULAR LAS LICENCIAS DE EXPLORACIÓN, ESPECIALMENTE LAS DE GRAN ESCALA”, DECLARÓ MUHAMAD AL FINANCIAL TIMES EN SEPTIEMBRE. “ES IMPORTANTE HACERLO, YA QUE HA HABIDO MUCHOS CONFLICTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES DEBIDO A LA EXPLORACIÓN, Y ESTO LOS REDUCIRÍA”.

Política
El Gobierno también examinará los títulos mineros existentes que se concedieron sin tener en cuenta el impacto medioambiental, añadió.

Muhamad aseguró a los mineros en el vídeo del miércoles que “una empresa minera que ya tenga una licencia minera, un plan de trabajo, una concesión, y que esté operando de manera responsable y cumpliendo todos los requisitos legales, podrá seguir haciéndolo”.

La industria minera colombiana es extensa. El país es el mayor productor de carbón de América Latina y posee importantes yacimientos de cobre, oro, níquel y esmeraldas. En 2021, las exportaciones mineras representaron el 24% de las exportaciones totales del país y el 2,3% del producto interior bruto.

El actual Presidente, Gustavo Petro, inició su mandato el 7 de agosto de 2022 y es el primer político de izquierdas que dirige el país. Las políticas medioambientales son fundamentales para su presidencia, ya que pretende reducir la dependencia económica de Colombia del petróleo y el gas en medio de las preocupaciones climáticas.

El anuncio de Muhamad se produjo el mismo día en que la Ministra de Minas y Energía de Colombia renunció al gobierno después de que dos organismos estatales abrieran investigaciones en su contra por el posible delito de tráfico de influencias.
https://www.rumbominero.com/colombia/gobierno-colombiano-areas-protegidas-ejercicio-de-la-mineria/

Kevin Hinostroza 29/05/2023
Irene Vélez, ministra de Minas y Energía de Colombia.

Se espera que la nueva política minera sea presentada ante el parlamento dentro de los próximos seis meses.
La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, dijo que la nueva política minera del país considerará reorganizar las áreas de desarrollo del país en torno a la conservación de los recursos hídricos.

Durante la Cumbre Nacional de Minería, que reunió este fin de semana en Bogotá a más de 1.500 personas vinculadas al sector minero, la ministra señaló que los elementos de la nueva política se están desarrollando a partir de una serie de cabildos que el Congreso, junto con su despacho y otros relevantes carteras de gabinete, realizadas con el sector privado, mineros artesanales y comunidades del área de influencia de las operaciones mineras.

Vélez también dijo que el ministerio apunta a desarrollar un plan de conocimiento geocientífico que guiará el proceso de toma de decisiones relacionado con las industrias extractivas.

Se espera que la nueva política minera sea presentada ante el parlamento dentro de los próximos seis meses.

Código de minería explotado
En la misma reunión , la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, criticó el actual código minero de Colombia, creado en 2001 durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana.

Según Muhamad, el código existente carece de protección ambiental y favorece los intereses de las empresas internacionales sobre las necesidades de las comunidades locales y el usufructo general de los recursos minerales de Colombia.

“Promueve la devastación de nuestra tierra y el desconocimiento de los mineros ancestrales y tradicionales que, durante décadas, trabajaron como parte de un contexto social integral”, dijo. “El código minero condenó a la minería tradicional como ilegal y al hacerlo terminó en manos de capitales ilícitos y grupos armados, desarrollándose en zonas de violencia y destrucción”.

Muhamad enfatizó la necesidad urgente de redefinir dónde es posible desarrollar operaciones mineras y dónde deben prohibirse tales actividades.

“ES HORA DE REVERTIR ESTA SITUACIÓN, Y TAMBIÉN ES HORA DE QUE SE HAGA JUSTICIA CON LOS TÍTULOS LEGALMENTE OTORGADOS EN ÁREAS DONDE NO DEBIERON HABER SIDO OTORGADOS PORQUE VULNERARON EL ACCESO A AGUA LIMPIA DE LAS COMUNIDADES Y PROVOCARON EL DESPLAZAMIENTO DE ESTAS POBLACIONES. ,” ELLA DIJO.
https://www.rumbominero.com/colombia/la-nueva-politica-minera-de-colombia-agua/

Los representantes del gremio de trabajadores dijeron que hay grupos armados que les estarían exigiendo que sigan en sus actividades como mensaje al Gobierno.
NACIÓN
01/04/2023

Líderes de agremiaciones mineras destaparon su preocupación luego de recibir presiones por parte de grupos armados en medio de las protestas que desde hace casi un mes tienen paralizadas a las subregiones del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño.

La alerta consiste en que los ilegales le estarían exigiendo a los mineros no levantar la suspensión de sus actividades hasta que el Gobierno Nacional dé señales de entablar conversaciones de paz con ellos, en el marco de la estrategia de ‘Paz Total’ liderada por el presidente Gustavo Petro.

En medio de la inestable situación de orden público que aqueja al departamento en el marco de esas protestas, el temor de muchos de los líderes es quedar en medio de la puja entre el gobierno central y los ilegales y terminar viendo comprometida su seguridad personal.

Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conarminercol), planteó que muchos de los líderes se sienten entre la espada y la pared y por eso le piden al Estado prestarle atención ese problema.

“La situación es complicada, porque se han tratado de mimetizar dentro de los conflictos que tenemos en los territorios, tanto en el Bajo Cauca como en el Nordeste. Eso se convierte, más que en una amenaza, en una situación que nos complica la vida, porque nos pone frente a otros actores de la violencia en Colombia que pueden tomar retaliaciones contra nosotros”, alertó Gómez, en diálogo con el informativo regional Teleantioquia Noticias.

La preocupación de los mineros aparece en medio de un panorama en el que la situación de orden público se muestra cada vez más volátil en Antioquia.

Cabe recordar que en medio de las tensiones por el paro, desatado por la decisión del Gobierno de reactivar los operativos de destrucción de dragas y maquinaria amarilla en sitios de explotación ilegales, también se produjo un traspié entre los acercamientos de paz que desde Bogotá se venían adelantando con el Clan del Golfo.

Pese a que desde el pasado 31 de diciembre el gobierno Petro había anunciado un cese al fuego con varias organizaciones armadas, incluyendo esa agrupación (también identificada como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia), esa medida fue revertida el pasado 19 de marzo, luego de que se presentaran hostigamientos contra la fuerza pública que, a su vez, fueron rechazados por los mineros.

“He ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, dijo entonces el presidente Gustavo Petro.

Cabe anotar que desde el comienzo del paro minero uno de los principales puntos de controversia entre el Gobierno y los mineros ha sido precisamente la visión sobre la presencia de los grupos armados en esa actividad.

Y es que mientras el Gobierno Nacional argumenta que su decisión de reactivar la destrucción de maquinaria minera obedece su deber de atacar las rentas de los grupos criminales, los mineros denuncian que los más afectados por esa reactivación de operativos son mineros informales sin nexos con los violentos.

A este panorama se suma que desde el pasado 16 de marzo no hay negociaciones entre los mineros y las autoridades.
https://www.pulzo.com/nacion/paro-minero-antioquia-mineros-reciben-presiones-grupos-armados-PP2727997A

Corredor humanitario para ambulancias en el paro minero de Córdoba y Antioquia. FOTO: archivo particularAdvierten posible desabastecimiento de alimentos en la zona.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS
08/03/2023

La entrada al departamento de Córdoba se encuentra bloqueada en cuatro municipios, a raíz de las protestas que iniciaron mineros en El Bajo Cauca Antioqueño y El Bajo San Jorge.

El secretario del interior de Córdoba, Jairo Baquero, informó que los cuatro bloqueos se dan en vías de los municipios de La Apartada, Montelíbano, Puerto Libertador y en el sector La Ye, vía a San José de Uré, donde pobladores de Córdoba, Sucre, y Bolívar apoyan el bloqueo de los mineros del Bajo Cauca.

La Policía de Córdoba también comunicó de un plantón en la zona rural de Sahagún, donde pobladores del corregimiento El Viajano le reclaman a la empresa Canacol que opera en la zona, la instalación del servicio de gas natural.
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-de-mineros-cordoba-bloqueada-por-cuatro-frentes-747904

Promotores del bloqueo denuncian despojos de tierras y afectaciones a la actividad minera. Foto: cortesía.
EL COLOMBIANO 18/02/2023
En la mañana de este sábado se levantó el bloqueo que desde el pasado 10 de febrero tenía cerrado el acceso a la mina de Zijin Continental Gold, en el municipio de Buriticá.

Este cierre no solo tenía afectadas las actividades del complejo, también el libre tránsito de más de 1.000 pobladores de un corregimiento y tres veredas de esa localidad del occidente de Antioquia.

“Positiva señal. Levantado bloqueo en Buriticá. Primó la sensatez luego de la masiva protesta contra dicho bloqueo”, escribió el gobernador Gaviria en su cuenta de Twitter.

El pasado 13 de febrero, las comunidades afectadas por el bloqueo se habían manifestado para pedir su levantamiento. “La gente está cansada de la minería ilegal, del maltrato e insultos, del cierre repentino de las vías, así como de la presencia de mineros forasteros requisando a personas de la comunidad, y la realización de supuestas marchas pacíficas sin sustento”, dijeron algunos de los participantes de la manifestación.

Pero quienes mantenían el bloqueo denuncian despojos de tierras, y aducen afectaciones por parte de la empresa china a las personas que se dedican a la minería ancestral. Además, aseguran que los cuerpos de personas desaparecidas estarían debajo de las montañas que opera la multinacional. Sin embargo, la empresa asegura que no ha recibido ninguna denuncia al respecto.

Ante la conflictiva situación de orden público que se vive en el municipio por cuenta de estructuras ilegales como el Clan del Golfo, que se aprovechan de las rentas de la minería informal, la empresa Zijin Continental Gold ha amenazado con cerrar sus operaciones.

De hecho, en una carta enviada a comienzos de este mes al presidente Gustavo Petro, le solicitaban una intervención urgente. Según la empresa, sus socavones al parecer son invadidos por mineros informales por presión de bandas criminales que allí operan.

Más del 50% de las labores mineras subterráneas de la Zijin se encuentran invadidas por cerca de 700 mineros que se sumarían a los otros 1.300 que hacen minería irregular en otros territorios de Buriticá, según cálculos de la propia compañía, en su gran mayoría foráneos.

“Frente al panorama expuesto, y a pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades municipales y departamentales, encontramos que la situación ha desbordado la capacidad de la Fuerza Pública local, que no ha logrado contener el avance de la actividad de minería ilegal que afecta al municipio, y, por el contrario, ha visto como se incrementa el actuar ilegal con el pasar del tiempo” se lee en la carta.

Para pobladores de Buriticá una eventual salida de la empresa china del pueblo empeoraría la situación del municipio, por lo que reclamaron el apoyo de las autoridades para preservar el empleo formal y la estabilidad de la economía local.
https://www.elcolombiano.com/antioquia/se-levanto-el-bloqueo-en-la-mina-de-buritica-que-llevaba-mas-de-una-semana-HD20453051