Según diversos medios periodísticos, el 20 de enero, 15 efectivos de la Policía Nacional en compañía de varios miembros de la empresa SECURITAS, que presta servicios de seguridad a Minera Yanacocha, intervinieron la casa de Máxima Acuña Chaupe, ubicada en el sector de Tragadero Grande, frente a la Laguna azul, en el área donde se ubica el proyecto minero Conga. El objeto de dicha intervención habría sido prohibir a la familia Acuña Chaupe que realice actividades agropecuarias y obras de mejoramiento de su vivienda.
Ante ello cabe preguntarse si es lícito que la Policía Nacional actúe de esta manera y si estos actos constituyen una arbitrariedad de su parte. Al respecto es necesario considerar que:
- Máxima Acuña Chaupe tiene en su poder documentos que demuestran que compró el terreno del Tragadero Grande en 1994. Ella refiere que en el 2011 minera Yanacocha quiso comprarle el terreno pero no aceptó venderlo. Esa negativa habría llevado a la empresa minera a denunciarla – a ella, a su esposo y a otros dos miembros de su familia- por usurpación de tierras, dando lugar a un proceso judicial.
- El 17 diciembre de 2014, la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca revocó la sentencia que condenaba a Máxima Acuña y a su familia a dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de 5 mil 500 nuevos soles a favor de Yanacocha. Es decir Máxima Acuña y su familia fueron absueltos del delito de usurpación de tierras.
- Si bien la empresa minera ha señalado que presentaría un recurso de casación1 contra la sentencia de segunda instancia, ello no impide que dicha sentencia se aplique.
- La absolución de la familia Chaupe-Acuña pone en evidencia que ésta no se ha apropiado de un terreno ajeno, menos aún que lo haya hecho a la fuerza y que la posesión que ejerce actualmente la tiene desde hace mucho tiempo y es legítima. Por otro lado, queda claro que no es materia del proceso penal dilucidar a quien pertenece la propiedad del terreno y ese tema puede ser tratado en un proceso en otro fuero. Por lo tanto, mientras que no quede establecido judicialmente a quién le pertenece el terreno, la familia Chaupe Acuña seguirá ocupándolo y usándolo y lo hará con el respaldo de la ley y en el ejercicio de los derechos que le corresponden como posesionario.
Tratar de constreñir el derecho de uso y ocupación que le asiste utilizando la fuerza de la Policía Nacional podría configurar el delito de usurpación por parte de los funcionarios de Minera Yanacocha que habrían dispuesto una medida de esta naturaleza.
Consideramos que es finalidad de la Policía “garantizar, mantener y restablecer el orden interno; así como prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado y prevenir, investigar y combatir la delincuencia”2. Por lo tanto, nos parece injustificable su comportamiento; ha utilizado la fuerza que monopoliza el Estado en un acto arbitrario e ilegal.
Esta distorsión evidentemente se explica por los compromisos que fluyen de los contratos celebrados entre las empresas privadas y la Policía, para que les proporcione servicios de seguridad. Esos contratos en la práctica llevan a que los efectivos policiales pierdan conciencia de su razón de ser y de las funciones que deben cumplir en la sociedad. Revisar la pertinencia de esos contratos es una medida necesaria para evitar la privatización del Estado y para que la institución policial siga cumpliendo la finalidad que le asigna las leyes en el Perú.
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1 Este tipo de recurso no constituye una nueva apelación pues no se pronuncia sobre la pretensión de las partes sino sobre un aparente error en el debido proceso o en la interpretación jurídica que habría cometido el Tribunal cuando resolvió en segunda instancia. Se caracteriza por ser un recurso extraordinario.
2 Art. 3 de la Ley 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú