27 de abril de 2012
Multinacionales y paramilitarres y Paramilitares:
Jaime Blanco Maya, (Empresario) era el enlace entre la multinacional Estaunidense Drummond y Paramilitares.
El Empresario se inculpó afirmando que sirvió de intermediario con la multinacional minera para financiar el Bloque Norte de las AUC, a través de sobrecostos en contratos de alimentación.
Blanco Maya, medio hermano del Exprocurador General de la Nación, Edgardo Maya, acusó varios altos funcionarios de la Empresa norteamericana de entregar dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia a través de su empresa Industrial de Servicios y Alimentos, ISA. Blanco hizo las declaraciones en calidad de testigo en una audiencia realizada en Bogotá, en un proceso civil que lleva la justicia estaunidense para definir la responsabilidad económica de la Drummond con las víctimas del Paramilitarimso en el Departamento del Cesar.
El empresario Jaime Blanco Maya, que se encuentra a la espera de una condena relacionada con el asesinato de dos líderes sindicales de la carbonera Drummond en 2001, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, señaló que esta empresa minera estadounidense financió de manera voluntaria a grupos paramilitares en Cesar desde mediados de la década de los noventa.
Blanco Maya, medio hermano del ex procurador General de la Nación, Edgardo Maya, sindicó a varios altos funcionarios de la empresa norteamericana de entregar dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia a través de su empresa, Industrial de Servicios y Alimentos, ISA.
Jaime Blanco Maya, fue llamado a juicio por la Fiscalía 12 de la Unidad de Derechos Humanos, como autor de concierto para delinquir agravado y determinador de homicidio agravado del cual fueron víctimas los trabajadores de la multinacional Drummond, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, Presidente y Vicepresidente del sindicato Sintraminergética.
El ex-procurador General de la Nación- Edgardo Maya Villazón, medio hermano del empresario Jaime Blanco Maya, sindicado de ser el determinador del asesinato de sindicalistas.
LAS VÍCTIMAS:
Presidente del Sindicato de la Drummond Valmore Locarno, asesinado en marzo de 2001.
Vicepresidente del sindicato de la DRUMMOND- Víctor Hugo Orcasita Amaya, asesinado marzo de 2001.
Funeral de los dos sindicalistas de la multinacional DRUMMOND, asesinados en marzo de 2001, por los PAramilitares.
Los trabajadores de la multinacional Drummond, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato Sintraminergética, fueron asesinados el 12 de marzo de 2001, aproximadamente a las seis de la tarde, por paramilitares que se movilizaban en una camioneta Ford de color lobo verde y vidrios polarizados, quienes luego de interceptar el bus donde se movilizaban e identificar a los sindicalistas, dispararon a Valmore, y se llevaron retenido a Víctor Hugo, quien horas más tarde apareció igualmente asesinado.
LOS VÍCTIMARIOS:
Bloque Norte de las Autodefensas:
Oscar José Ospino, alias «tolemaida» – comandante del frente «Juan Andrés Alvarez», adscrito al Bloque Norte de las AUC, quienes protegían a la multinacional Drummond.
Rodrigo Tovar Pupo, alias «JORGE 40», comandante del Bloque Norte de las Autodefensas, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008.
Las declaraciones de Blanco Maya: Las hizo en calidad de testigo en una audiencia realizada en Bogotá, en un proceso civil que lleva la justicia estadounidense para definir la responsabilidad económica de la Drummond con las víctimas del paramilitarismo en Cesar.
Desde 1995, la multinacional DRUMMOND financiaba a los PAramilitares:
Según el empresario, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, el jefe paramilitar John Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’, lo contactó a mediados de 1995 para que sirviera de intermediario en una solicitud de financiamiento a la carbonera.
Blanco explicó que le trasmitió el mensaje a James Atkins, encargado de la seguridad de la Drummond en ese momento y que éste a su vez le llevó el mensaje a Garry Drummond, la cabeza de la compañía.
“Después de un viaje a Estados Unidos, Atkins me dijo que al señor Drummond le había gustado la idea, pero que teníamos que mirar la forma, de conseguir los recursos para las Auc. La Ley no les permitía sacar dinero para estos grupos y tenían unos sistemas de contabilidad muy estrictos”, dijo Blanco.
El testigo señaló que los funcionarios de la Drummond accedieron a respaldar económicamente a los ‘paras’ por las pérdidas millonarias que tenían con los ataques guerrilleros al tren que transportaba el carbón desde la mina al puerto. “La Drummond estuvo a punto de colapsar. Los ataques guerrilleros no les permitían cumplir con los pedidos que tenían internacionalmente ”, explicó Blanco.
La estrategia de la financiación a favor de los críminales:
El empresario contó que junto a Atkins diseñaron una estrategia para financiar a los ‘paras’. Blanco era el contratista de la compañía estadounidense encargado de la comida de los empleados de la mina.
Según su testimonio, acordaron que su empresa ISA, cobraría un sobrecosto de 10 por ciento en la comida vendida a la Drummond, para usar esos recursos en el financiamiento de los grupos paramilitares.
Como prueba, Blanco mostró varios contratos firmados entre su compañía y la Drummond. En ellos se pone en evidencia un elevado incremento en el precio del valor unitario de cada almuerzo vendido a la empresa carbonera. Según los documentos expuestos, a finales de 1995 la minera norteamericana pagó $2.914 por cada almuerzo, precio que se incrementó ocho meses después a $4.187, un 40 por ciento más. Blanco señaló que se aumentó masivamente el valor de la comida para poder sacar el dinero que financiaba a las Auc.
Cada viaje de Atkins, a EStados Unidos, este regresaba con 10 mil dólares en efectivo para financiar a los PARAS:
El empresario agregó que, adicionalmente, Atkins traía 10 mil dólares en efectivo cada vez que viajaba a los Estados Unidos, que supuestamente terminaron financiando a los ‘paras’.
En ese orden, Blanco dijo que luego le entregaba el dinero al ‘Tigre’ a través de uno de uno de los encargados de manejar las finanzas del Bloque Norte de las Auc.
La estrategia de financiación funcionó hasta junio de 2001, según contó Blanco, fecha en la que fue involucrado por la Fiscalía en el proceso por la muerte de dos sindicalistas, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita. “Teníamos un contrato hasta 2002 pero luego del asesinato de los dos miembros del sindicato, me dijeron que solo me podían mantener hasta cuando me relacionaran con los crímenes”, dijo.
En su momento, Drummond negó su participación en el asesinato de Orcasita y Locarno, y aseguró que denunció que ‘El Viejo Miguel’ los estaba extorsionando a través de correos electrónicos. Según la multinacional, gracias a su denuncia, ‘El Viejo Miguel’ fue capturado en Bogotá por la Fiscalía. Ver: Drummond niega acusaciones
James Atkins (jefe de seguridad, dejó la Drummond en 2002 para ingresar a la CIA y trabajar con la embajada de los Estados Unidos en Colombia.
Por este caso, además de ‘El Viejo Miguel’ y Blanco Maya, varios paramilitares como Jhon Jairo Esquivel Cuadrado alias ‘El Tigre’, Alcides Mattos Tabares alias ‘Samario’ y Libardo Duarte alias ‘Bam Bam’, también han señalado que Drummond financió a los paramilitares en el Cesar. Atkins dejó la Drummond en 2002 para ingresar a la CIA y trabajar con la embajada de los Estados Unidos en Colombia.
Reuniones entre James Atkins (CIA) con Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40»:
Blanco señaló que la relación entre el ex jefe de seguridad de la minera con los líderes de las Auc era tan cercana, que en una ocasión lo acompañó a una reunión con Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, en la Sierra Nevada, en la que al parecer, el jefe ‘para’ le pidió a Atkins, como agente de la CIA, que verificara si el gobierno estadounidense lo estaba pidiendo en extradición.
Durante la audiencia, el abogado de la Drummond le preguntó a Blanco por una declaración firmada ante la Fiscalía, pocos días después de su captura, en la que el empresario nego que la compañía minera hubiera financiado a las autodefensas. El testigo respondió que mintió en ese testimonio y que luego decidió contar toda la verdad para poder negociar su pena.
Además de Atkins y Garry Drummond, Blanco señaló a otros funcionarios de la minera, de conocer el financiamiento de los paras. Según el testigo, varios encargados del personal de seguridad y el presidente de la compañía en Colombia, Augusto Jiménez, sabían de las relaciones entre Atkins y las Auc, pero no contó detalles o presentó pruebas que sustentaran su declaración.
Blanco, señaló que James Atkins y Jairo Charris, son los determinadores de los asesinatos:
Blanco se declaró culpable de concierto para delinquir en el caso del asesinato de los sindicalistas de la Drummond, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Valmore Locarno Rodríguez, ocurridos en marzo de 2001.
Aunque aceptó que sabía que se iban a cometer los crímenes y no hizo nada para impedirlos, el empresario no aceptó la autoría intelectual de los asesinatos y señaló a James Atkins y a Jairo Charris, un ex empleado de ISA como los determinadores de los homicidios.
Sin embargo, varios postulados al proceso de Justicia y Paz, como Manuel Alcides Tabares, alias ‘Samario’, han dicho que Blanco si fue coautor intelectual de las muertes.
El empresario Blanco y las reuniones con los críminales:
En relación al delito de concierto para delinquir agravado, manifiesta la Fiscalía que a lo largo de la investigación, se han confirmado los testimonios de paramilitares del frente “Juan Andrés Ávarez”, adscrito al Bloque Norte de las AUC, en el departamento del Cesar – entre los que se cuentan, Javier Ernesto Ochoa Quiñonez, Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias “El Tigre”, Alcides Manuel Mattos Tabares, alias “Samario”, José Aristides Peinado Martínez, alias “El Guache” y Jairo de Jesús Charrys Castro, alias “Charrys” – que afirman que Blanco Maya se reunió varias veces con ellos y con alias “Tolemaida”, comandante del frente.
Durante el juicio por el homicidio, la Fiscalía manejó la hipótesis de que Blanco había sido el determinador de los crímenes porque los dos sindicalistas estaban ejerciendo presión para que se le suspendiera el contrato, por la mala calidad de los alimentos. En ese proceso Blanco señaló presento varios documentos en los que según él, la Drummond hacía estrictos controles a la comida entregada a los empleados. El empresario señaló que el verdadero móvil de los asesinatos fue el señalamiento de los sindicaliestas, por parte de Atkins, de pertenecer a la guerrilla.
Los representantes legales de la compañía le dijeron a VerdadAbierta.com que no se pronunciarían sobre las declaraciones entregadas por Blanco. Los abogados de las víctimas señalaron que no existen procesos penales individuales sobre los funcionarios mencionados por Blanco en Estados Unidos, pero que a raíz de su testimonio, la justicia norteamericana, puede abrir nuevas investigaciones.
Sintramienergética demandó a esa empresa y a sus directivos en Colombia y en Alabama ante la justicia de Estados Unidos. Los acusan de complicidad con los paramilitares que asesinaron a tres líderes sindicales de la carbonera Drummond en marzo de 2001: Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler. Estos dirigentes exigían que cambiaran al proveedor de la alimentación de los obreros pues les estaba dando mala comida. Distintos juzgados colombianos condenaron a los paramilitares por estos asesinatos. Por estos mismos crímenes, la fiscalía acusó al contratista de la Drummond, Jaime Blanco.
La justicia estaunidense exoneró a la DRUMMOND de los crímenes contra los sindicalistas:
Drummond, empresa estaunidense exportadora de carbón
En segunda instancia, la justicia estadounidense dictaminó que no había pruebas que avalaran que los directivos de la Drummond en Colombia o en Estados Unidos hubieran sido cómplices de los crímenes. No fue el final del juicio. Los huérfanos de los sindicalistas asesinados interpusieron otra demanda contra la empresa y sus ejecutivos. En marzo de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos dictaminó que no era un caso juzgado y se podía procesar. (Vea el fallo de la Corte).
No es el único nexo con paramilitares de los que se acusa a la Drummond. Hay también una tercera demanda por su presunta responsabilidad en la creación y financiación de un bloque paramilitar –“Juan Álvarez”- para proteger sus operaciones mineras del acoso guerrillero. Este frente fue autor de la muerte de varios colombianos. La demanda pide que la empresa minera pague también por su presunta complicidad en el desplazamiento forzado y asesinato de campesinos del predio Mechoacán, donde la empresa compró terrenos. Estas últimas dos demandas están en proceso.
Drummond ha insistido en su inocencia.
Como pudo operar la multinacional sin inconvenientes de seguridad, cuando el dominio en la región era total por las autodefensas?
Ante la pregunta de cómo pudieron operar cuando los paramilitares tenían casi el dominio total de la región a fines de los ‘90, sus voceros han dicho que ahora, como entonces, ha mantenido su convicción de no pagarles a terroristas por protección, y que por ello tuvieron que aguantar muchas bombas y sabotajes. Ante las afirmaciones de nuevos testigos a favor de los demandantes, que asocian a los directivos de la carbonera con estos crímenes, la empresa ha reiterado que son “tretas propagandísticas”.
OTROS PRESUNTOS RESPONSABLES DE ESTOS CRÍMENES:
Augusto Jiménez- Presidente de la Drummond Colombia
Otros presuntos responsables de los homicidios de los sindicalistas, son además del presidente en Colombia de la transnacional minera Drummond, Augusto Jiménez (Presidente de la Drummond Colombia) y su gerente de relaciones con la comunidad Alfredo Araujo (primo de Álvaro Araujo, senador encarcelado por parapolítica en el año 2008), Gary Drummond, presidente de la multinacional y Jean Jakim, jefe de seguridad de la transnacional.
Incluso, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, fue citado por este caso, por representantes de grupos de derechos humanos y por la firma de abogados Conrad & Scherer en Estados Unidos, quienes están a la espera que se defina la sugerencia de inmunidad parcial, realizada por el Departamento de Estado, que plantea que ésta debería aplicarse solamente a lo que tiene que ver con el mandato de Uribe como presidente.
El Sindicato y las familias continúan la lucha por la justicia:
Voceros de Sintramienergética han dicho que tienen suficientes testigos que demostrarán en el juicio que el pago a paramilitares fue parte de la protección de la carbonera estadounidense contra la extorsión guerrillera. La justicia estadounidense tiene la última palabra. La Drummond ha enfrentado dos procesos civiles en cortes de los Estados Unidos, uno en Alabama en donde tiene su sede principal y otro en Atlanta, y en los dos casos los jurados han rechazado las pretensiones de los sindicatos y las víctimas de inculpar a la multinacional con el asesinato de Locarno y Orcasita.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, representante de los familiares de las víctimas en Colombia, manifiesta su complacencia frente a la decisión tomada por la Fiscalía, no obstante, espera que los demás responsables del asesinato de los sindicalistas, sean vinculados al proceso, en aras de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas