Juicio del Caso Caimanes, sigue cuesta abajo para la tesis de los querellantes, después de escuchar el jueves pasado otra de las testigos claves; Myrella Ardiles, quien a sido la testigo más clara con sus declaraciones. Ella fue parte de los primeros dirigentes que fueron los que firmaron sin consultar a sus asambleas, el avenimiento que permitió finalmente la construcción del tranque de relave El Mauro de Minera Los Pelambres, y luego de un acto de arrepentimiento la testigo, reconoció y dejo muy en claro que las donaciones pactadas que sembró la división en el pueblo de Caimanes venían de la Minera los Pelambres, y no de Víctor Ugarte, como en apariencia se conoce, y esto dio un vuelco importante en el caso.
La testigo calificó que lo que hizo un grupo pequeño de dirigentes de las instituciones del pueblo en el 2008 fue una literal estafa a la comunidad. Ilícitos cometido a sabiendas que el daño ambiental visualizado hace más de 10 años seria para todo el pueblo y no solo para los dirigentes que recibieron y aceptaron el pago compensatorio bajo la carátula de donación. También señalo que el abogado especialista en causas ambientalistas y premio Nacional de Medio Ambiente año 2002, Fernando Dougnac, declaró la testigo entre otras cosas que este, como primer abogado que tuvo la comunidad «confundió los dólares con el medio ambiente», ironizando por el color verde de los billetes norteamericano, dado que recibió más de 3 millones de dolares por su total gestión, entre otros servicios, el convencer a todos los dirigentes de recibir la supuesta donación 5 millones de dólares y desistirse de continuar las protestas contra la construcción del tranque de Minera los Pelambres.
Este testimonio sigue debilitando a la parte querellante, para probar una asociación ilícita como otros delitos del actual dirigente Cristián Flores, opositor hasta el día de hoy a la construcción y funcionamiento del tranque de relave El Mauro, como a los abogados actuales de la comunidad Ossa.Cia y por el contrario el testimonio acentúa y focaliza la responsabilidad del quiebre social, sicológico, y potencial daño ambiental en la minera de propiedad de la familia Luksic.
Tanto ejecutivos de la minera que han prestado declaración, como abogados querellantes no han querido referirce ni dar opinión alguna a la prensa sobre el proceso, y más que nada han hecho descargos de reclamo en contra de los medios y observadores del juicio que se lleva a cabo en la ciudad de Ovalle. Es más, han pretendido pautear a los medios solicitando que no se les haga encuadres de primer plano, esto se lo han hecho saber a los magistrados, no desean ni tomas, ni entrevistas en pasillos, según ellos por la supuesta «violencia» que le significan las cámaras que registran el juicio. Señalamos además que existe una tercera cámara en sala de una observadora de DDHH francesa.
Pese a todo los magistrados en sala se han mantenido apegados a la misión de los tribunales, y concentrados en dar garantías de un debido proceso a todas las partes.