La escasez hídrica y la poca certidumbre en torno a la generación de nuevas fuentes de energía le han pasado la cuenta a la minería en Chile, porque si bien de 220 proyectos hay sólo 27 que están paralizados, esto se traduce en una inversión de US$ 22.605 millones. De acuerdo a la base de datos que se maneja en el Portal Minero y al detalle que entregó a Terra.cl su gerenta de estudios Barinia Vidal, dentro de los proyectos paralizados más emblemáticos se encuentran «Casale» de la compañía minera Barrick con una inversión de US$6 mil millones; «El Morro» de la compañía Goldcorp que está con una cifra de inversión de US$3.900 millones; «Relincho» de la compañía Teck con una inversión de US$3.900 millones y la planta desalinizadora de Minera Escondida que tiene una inversión de US$ 3.500 millones.
En rigor según la ejecutiva, «se podría decir que hay dos grandes causas de esta paralización, y por un lado está la escasez de agua necesaria para el desarrollo de los procesos. También afecta las restricciones en el mercado de la energía, porque hace que los proyectos sean mucho más caros y los retornos estimados por las compañías mineras también disminuyen, repercutiendo en especulaciones en torno al precio del cobre y en las acciones de las compañías cuyos proyectos están paralizados».
«La restricciones de la energía están dadas por la incertidumbre jurídica, dado que no se están desarrollando los proyectos energéticos que se necesitan para los proyectos mineros. Por ejemplo, que proyectos como Castilla no se puedan ejecutar, hace que se deban desarrollar otros diseños de ingeniería y evaluar si se pueden ver los retornos esperados de diferentes empresas», puntualizó.
En el 60 % de los casos como explicó Barinia Vidal, la paralización de los proyectos se da en las etapas de ingeniería, esto considerando que en este proceso hay tres tipos: «La ingeniería básica, la conceptual y de detalles; cuando un proyecto está en etapas de ingeniería significa que todavía está en papeles, es en ese momento cuando decides si lo haces o no, si rediseñas y por lo mismo estos se están demorando más».
Por este motivo que piensa que «la tarea principal es dar certidumbre jurídica, debido a que la institucionalidad ambiental es la que define, es ahí donde hay proyectos aprobados ambientalmente pero se introducen ciertos recursos de protección de quienes consideran que se están pasando a llevar sus derechos; ahí está el problema sobre la vinculación social, ambiental y económica de cada uno de esos proyectos que en un 44 % están en la Región de Atacama».