05 de Junio 2012
El “Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la esfera de la Utilización de la Energía Atómica para fines pacíficos”, firmado en Moscú
en Octubre de 2009, ha empezado a recibir fuertes críticas a pocos días de que el texto fuera difundido por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El propósito es que diversos actores del sector público y de la sociedad civil provean de insumos sobre tan delicado y controversial tema como es la energía nuclear.
Esta Comisión es la encargada de elaborar el informe a partir del cual el pleno de la Asamblea puede aprobar o no, en una sola sesión, dicho convenio. Previamente, la Corte Constitucional ya dictaminó que no existe inconstitucionalidad en el convenio -siempre y cuando se adecúe su contenido a las normas constitucionales-, así que el paso por la Asamblea es el último requisito para permitir que el convenio de cooperación nuclear con Rusia entre en vigencia o no.
Para Acción Ecológica, presente en la reunión convocada por la comisión legislativa el pasado 30 de mayo, este convenio debe ser cuestionado y revertido pues expone al país a riesgos de contaminación por radiactividad de diversas maneras. “En el texto se abre la posibilidad de minar uranio, construir reactores nucleares, fabricar materiales radioactivos, todas éstas actividades que conllevan riesgos gravísimos que no han podido ser debatidos por la total falta de información antes de la firma del mencionado convenio en Moscú”, afirma Ivonne Yánez, de la organización ecologista.
La posible existencia de uranio, y su potencial extracción en el bosque de Puyango, situado entre las provincias de Loja y El Oro, y en la Cordillera de El Cóndor, centro de una extraordinaria biodiversidad y parte del territorio ancestral del Pueblo Shuar, traería impactos irreversibles a estas dos áreas, a más de la exposición a la radiactividad a la que se someterán los trabajadores de la supuesta mina.
“También, la demanda de enormes y continuas cantidades de agua, principalmente destinada para enfriar los reactores nucleares durante su funcionamiento, podría afectar el derecho constitucional al agua”, explica Yánez.
En un documento publicado por esta organización se señala que entre otros riesgos se encuentran las fugas, los accidentes provocados por sismos u otras causas, la militarización para dar seguridad a las instalaciones y para reprimir a quienes se opongan a esta industria y a la contaminación que genera.
Existen algunos aspectos que resultan aún más preocupantes. Uno de ellos tiene que ver con que el convenio contempla en el artículo 2 “la evacuación del combustible nuclear utilizado de producción rusa”, que convertirá al Ecuador en basurero nuclear al servicio de Rusia, según señala Acción Ecológica.
Hay preocupación en lo que se refiere al manejo de “información clasificada”, como plantea el proyecto, puesto que podría generar el ocultamiento de datos sensibles en casos de accidentes, como ha sucedido en reiteradas ocasiones en temas parecidos.
Las políticas energéticas en los países europeos o Japón, muestran que en la actualidad existe un franco declive de la industria nuclear. Por ejemplo la reversión nuclear en China es evidente, en donde se congeló la construcción de todo reactor atómico, y por ahora la inversión en energías renovables significa 5 veces más que la nuclear.
“Ecuador no puede ser tontamente la excepción en esta corriente mundial. No es posible aceptar la justificación de que la energía nuclear puede tener fines pacíficos, cuando se le declara una guerra a la gente y a la naturaleza”, sentencia Ivonne Yánez.