Como integrantes de colectivos ecologistas nos dirigimos a ustedes con mucha preocupación frente los anuncios de avanzar hacia la explotación minera a gran escala en los proyectos de Kimsacocha (denominado Loma Larga) y Río Blanco en Molleturo. Ustedes como promotores, creadores y difusores de conocimiento relevante para el bienestar de la colectividad, tienen una gran responsabilidad que debe ser asumida en el marco del respeto a la norma Constitucional y de manera primordial a la vida de la población que se verá en inminente peligro en caso de afecciones al páramo, contaminación de fuentes de agua y perjuicios a las comunidades.
Como es de conocimiento público, en 2013 ETAPA contrató el asesoramiento técnico y científico de la empresa francesa BRGM sobre los impactos ambientales, y específicamente del agua, de una posible actividad minera. En el informe presentado[1] se establece que los precedentes y la particularidad de las intervenciones mineras[2] “obligan a establecer desde el inicio una muy rigurosa secuencia de actuaciones, que debe partir de un profundo conocimiento de las implicaciones sobre el territorio y que además debería también iniciar considerando los errores y experiencias de gobiernos y localidades alrededor del mundo”[3].
Tratándose de áreas de “alta vulnerabilidad, de humedales y lagunas, con posibilidad de comunicación hidrogeológica”[4], este conocimiento requiere disponer de información detallada del subsuelo, del ecosistema del páramo y sus interdependencias con los núcleos de población, así como un análisis de los riesgos naturales y riesgos de la actividad contrastado con las prioridades sociales y ambientales de la región y el país. Sin embargo según se puntualiza en el informe, la descripción hidrogeológica relacionada a la circulación de las aguas subterráneas se encuentra muy poco detallada en ambos proyectos, sin contar con los estudios y datos necesarios para definir adecuadamente las líneas de base de punto cuantitativo y cualitativo de las aguas. Los suelos del páramo no están bien caracterizados en relación con la circulación del agua y la recarga de las capas freáticas, y los estudios son especialmente débiles en la definición de los acuíferos, de los flujos subterráneos y de la velocidad del agua subterránea.
Esta información deviene especialmente relevante debido a que:
Las “rocas volcánicas, donde se encuentran los yacimientos de oro, son heterogéneas: Sus propiedades pueden cambiar rápidamente en el espacio, debido al modo de depósito geológico” y por tanto “la presencia de fracturas y de vetas puede actuar sobre la circulación de las aguas subterráneas”[5].
La empresa minera tiene planificado almacenar 2,5 millones de toneladas de desechos durante los 13 años de la operación de la mina, los cuales “tienen la potencialidad de generar drenaje ácido y de lixiviación de metales pesados”[6]
Por esto, los expertos franceses recomiendan llevar a cabo una variedad de estudios que no se limiten a las áreas de los proyectos mineros, al tiempo que resaltan la importancia del involucramiento de núcleos centrales de la población, tal como la Universidad, en la toma de decisiones.
Asimismo, informes y documentos adicionales describen la importancia de los territorios en los que se ubican las concesiones mineras, y advierten de los peligros de la actividad minera, considerada “de alto impacto en los ecosistemas”[7]:
El PDOT del cantón Cuenca identifica que el Proyecto Río Blanco se emplaza en “1849 ha. de bosque natural, que representa un 32 % del área concesionada, y 2689 ha. de páramo de pajonal que representan el 47.05%”, y que en el caso de Kimsacocha las concesiones mineras están ubicadas en un área de páramo típico de los Andes declarada como “Bosque y vegetación protectora” de la cuenca del río Paute, microcuenca de los ríos Yanuncay e Irquis.
La UNESCO por su parte, integró al Macizo del Cajas a la Red Mundial de Reservas de Biosfera, señalando que es la primera ubicada en la estribación occidental de los Andes del Ecuador, e incluye 4 Zonas de Planificación, 3 Demarcaciones Hidrográficas, 4 Provincias, 15 Cantones y 64 Parroquias, con un mosaico ecosistémico desde el páramo (4.450msnm) hasta una franja marino-costera en el Golfo de Guayaquil.
Según la simulación geográfica realizada por FIAN Ecuador y el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, en los ríos atañidos por el proyecto minero en el páramo de Kimsakocha existen 670 concesiones de agua que podrían ser afectados por la posible contaminación ambiental, de los cuales 460 corresponden a riego y abrevadero, 194 de uso doméstico y 6 de uso industrial. Considerando el criterio anterior, se incorporó los centros poblados que podrían ser afectados por la contaminación, identificando las siguientes poblaciones vulnerables: un centro cantonal (Girón); 4 centros parroquiales (Victoria del Portete, Natividad de Chumblín, San Gerardo y Tarqui); y, 31 poblados (El Chorro, Portete, Descanso de Sucre, Churuguzho, San Pedro de Escaleras, Estación de Cumbe, Aguarongos, Irquis, Las Américas, entre otros)[8].
El informe UAIE 0036-2009 de la Contraloría General del Estado establece que el 60,4% de la cuenca del Rio Yanuncay, que abastece a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Sustag, está concesionada a diferentes empresas mineras, por lo que, existe un alto riesgo de que se provoque un daño ambiental irreversible que afectaría a la calidad y cantidad de agua
El Informe de Auditoría Interna de ETAPA (UAIE-036-2009) concluye que “existe un alto riesgo de que se provoque un daño ambiental irreversible que afectaría a la calidad y a la cantidad de agua que abastece a la ciudad de Cuenca”.
Desde un punto de vista legal, la Constitución de la República, en su Título II, Capítulo VII establece los Derechos de la Naturaleza y en sucesivos artículos instituye el principio de precaución (313, 397), en el Título VII Del Buen Vivir, Capítulo II de la Biodiversidad y Recursos Naturales, establece la protección a los páramos, humedales, bosques; y en la Sección VI determina las garantías en la protección de las cuencas hidrológicas. Asimismo, los tratados internacionales como el 169 suscrito por el Ecuador establece el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades, además de aquellos relacionados con los derechos colectivos, la salud y la vida.
Por todo lo expuesto, solicitamos el pronunciamiento y accionar de la Universidad para analizar la información disponible e impulsar la creación de conocimiento crítico desde los diversos ámbitos implicados. Consideramos que hay evidencias suficientes sobre el impacto devastador de los procesos de megaminería sobre los ecosistemas y la vida de las comunidades, por lo que aspiramos que la labor universitaria se encamine a impedir que el interés económico prevalezca, en detrimento de la construcción de prácticas sustentables enmarcadas en la auténtica filosofía del Buen Vivir.
Agradeciéndoles por su atención, suscribimos.
YASUNIDOS GUAPONDELIG
[1] Blanchard F.; Gutierrez A. (2013). Asesoramiento técnico científico a la municipalidad de Cuenca (Ecuador) y el I. Concejo cantonal, sobre la temática de las aguas y los impactos ambientales de la posible actividad minera. 133 p.; 28 ill; 3 an. Informe final BRGM/RC-62354-FR
[2] Actuaciones en subsuelo, drenajes ácidos, uso de compuestos químicos peligrosos, generación de relaves
[3] BRGM/RC-62354-FR, pág. 83.
[4] BRGM/RC-62354-FR, pág. 63
[5] BRGM/RC-62354-FR, pág. 69.
[6] Reporte Técnico NI 43-101 de INV Metals, Inc.
[7] PDOT del Cantón Cuenca
[8] Simulación geográfica realizada por FIAN Ecuador y el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador