El complejo minero Los Filos-El Bermejal, perteneciente a la empresa canadiense Goldcorp y que opera desde 2007, genera empleos directos e indirectos en las comunidades de Carrizalillo y Mezcala.
Sin embargo, también ha despertado una guerra entre cárteles que buscan cobrar cuotas de extorsión o “cobro de piso”.
Para casi todos los pobladores la actividad minera es una fuente de ingresos, ya sea porque trabajan allí o porque obtienen una renta por sus tierras. Y eso además los lleva a no querer abandonar sus pueblos.
Más de diez asesinatos se han ligado a la minera desde 2014. En septiembre de ese año, un grupo de cien hombres armados y encapuchados irrumpió a la comunidad, disparando y gritando que Carrizalillo les pertenecía. Murieron dos personas, incluido un trabajador de la minera.
“Decían que era un pueblo rico y por eso también iban a las tiendas a cobrarles por pisaje”, recuerda el comisario del pueblo, Nelson Figueroa.
Luego, en marzo de 2015, secuestraron a tres habitantes que trabajaban en la mina y pidieron rescate.
“Goldcorp negó los hechos y no hizo ninguna aportación de ayuda y unos días después los mineros aparecieron muertos en una barranca”, dijo el comisario de Carrizalillo.
En esa ocasión la empresa afirmó que los hechos se dieron fuera de la mina y que los trabajadores tampoco se encontraban realizando servicio de transporte, que era su ocupación.
“La minera se deslinda de los hechos que en ese lugar se han registrado aclarando que no han sido dentro del complejo, pues al interior de la mina se opera con los mayores protocolos de seguridad”, indicó la empresa a consulta de DPA.
Pese a ello, en declaraciones a Reuters, el director de Asuntos Corporativos y de Seguridad de GoldCorp para América Latina, Michael Harvey, afirmó la empresa está haciendo todo lo que puede:
“Hacemos lo que podemos para abogar ante las autoridades locales el respeto de los derechos humanos en el entorno de nuestras operaciones, a pesar de que no podemos asumir el papel del gobierno”, indicó.
Agregó que la violencia representa tanto “un terrible costo humano” de las comunidades como un costo financiero a la minera ya que “estamos obligados a invertir en seguridad adicional para nuestras operaciones y personal”.
“Es esencial para proteger los puestos de trabajo previstos por la inversión legítima con el fin de dar a los miembros de la comunidad oportunidades económicas distintas de la delincuencia”, indicó.
Mientras tanto, numerosas familias tuvieron que huir de las comunidades de Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla.
En 2014, Goldcorp ya había sufrido dificultades tras suspender operaciones por unos meses, durante negociaciones con los propietarios de tierras que dieron lugar a un acuerdo en el que la minera pagaría el equivalente a cuatro onzas de oro por hectárea en alquiler a 175 propietarios de tierras y un fondo de tierras comunales. Pues anteriormente el pago por los derechos de las tierras era miserable.
De acuerdo a un reportaje de Frik Els para InfoMine, una de las principales consultoras mineras, la comunidad de Carrizalillo recibe tres millones de dólares anuales de parte de Gold Corp y “está en el centro de una guerra territorial entre dos bandas de delincuentes”.
A partir de esto, señala el texto, los residentes “han visto entrar a bandas rivales que extorsionan a trabajadores, contratistas y propietarios de tierras”.
En la nota de la consultora minera, también resaltan que Los Filos se encuentra en Guerrero, “la misma región donde fueron secuestrados y asesinados 43 estudiantes”.
“Hay un desencuentro entre dos grupos de ese pueblo”, reconoció el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo en referencia a los cárteles de Los Rojos y Guerreros Unidos.
Estas declaraciones las hizo luego de que habitantes de Carrizalillo retuvieron durante horas a varios policías federales, a quienes acusaron de ir acompañados – y escoltando – de un presunto miembro de un cártel y de tener la intención de sembrar armas al comisario de la comunidad.
Después de ello, y con la atención mediática en este poblado de alrededor de mil habitantes, comenzaron a denunciarse la presunta existencia de fosas clandestinas con más de 60 cuerpos.
Sin embargo, ambos cárteles, más que de ese pueblo, extienden un dominio de terror en varios municipios del estado.
El propio ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, preso tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tendría nexos con Guerreros Unidos según las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
A Los Rojos, por su parte, se le ha ligado con actividades ilícitas en municipios como Chilapa.
Esto luego de que más de 300 civiles armados que el pasado 9 de mayo tomaron la cabecera municipal de Chilapa, desarmaron a la policía municipal y acordaron, con el propio Ejército, la detención de líderes de Los Rojos como condición para abandonar la ciudad.
A estos 300 civiles, a su vez, se les asoció con el cártel de Los Ardillos.
Si las palabras del mandatario estatal son ciertas, dos de los grupos criminales más extensos en el estado están peleando algo que se encuentra en Carrizalillo.
En Guerrero se tienen registradas más de 700 concesiones mineras vigentes. De ellas, según datos del Sistema Integral de Administración Minera de la Secretaría de Economía, más de 80% pertenecen a compañías de origen canadiense. De las concesiones vigentes, 71% son de oro y se encuentran en una superficie de unas 944 mil 815 hectáreas. Las principales empresas mineras operando en la región son las canadienses Gold Corp, Minaurum Gold, Vedome Resources y Hochschild Mining.
La mina de oro más grande de América Latina y la principal generadora de oro a nivel nacional se localiza en este estado. Ésta se ubica entre los pueblos de Mezcala y Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, a unos 50 kilómetros de Chilpancingo.