Si bien el costo operacional es menor, la instalación de los ductos submarinos para trasladar el líquido implica una inversión cercana a los US$ 15 mil millones.
A la espera de una decisión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para impulsar la segunda parte de los estudios de factibilidad técnica y económica quedó el proyecto privado -impulsado por capitales franceses- para construir una «carretera hídrica» en las costas del país, que permitiría trasladar agua de ríos desde la cuenca del Biobío hacia el norte para consumo humano y productivo.
El proyecto, que demandaría una inversión inicial de US$ 1.000 millones para tramos de entre 200 y 300 kilómetros, implicaría extraer aguas en proporciones no mayores a los 30 metros cúbicos por segundo, desde los caudales de los afluentes más torrentosos hasta la zona norte del país por medio de la construcción de una tubería submarina que corra por el fondo del mar, a entre 100 y 200 metros de la superficie.
Según los resultados preliminares del trabajo de ingeniería, «no existen obstáculos técnicos que la iniciativa no pueda superar en su eventual desarrollo».
De acuerdo a la evaluación inicial de la iniciativa, pese a la gran inversión inicial que demandaría (cerca de US$ 15 mil millones por extender el trazado hasta Arica), de todos modos estos costos operacionales significarían un tercio del costo por desalinizar las aguas marinas, proyecto sobre el que también hay propuestas preliminares en manos del Estado.
Ayer, tras recibir los resultados, el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, indicó que «es una materia que hay que continuar estudiando y nosotros queremos darle el respaldo a esta iniciativa para que puedan seguir avanzando en sus análisis, en sus estudios y podamos pensar en un sueño, quizás a 15 o 20 años podamos ver materializada esta inversión».
Consultado respecto de los próximos pasos, el director del proyecto y socio de Vía Marina, la entidad proponente, precisó que aún está por verse si una iniciativa de esta envergadura podría desarrollarse por medio de la Ley de Concesiones u otro mecanismo como algún tipo de innovación legal, «pero lo cierto es que el costo no resulta importante, si se considera que con su desarrollo el Producto Interno Bruto (PIB) del país podría verse incrementado en 20% si se considera el desarrollo que alcanzarían la minería y agricultura».
«Es una materia que hay que continuar estudiando. Nosotros queremos darle el respaldo».
LAURENCE GOLBORNE
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
IMPACTO AMBIENTAL
Los proponentes indicaron que el porcentaje de extracción no impactaría en forma perceptible el ecosistema de los ríos.