Diferencias y Convergencias
Los diferentes países de América Latina viven sus propias realidades en materia de extracción de recursos naturales y profundización de las políticas económicas basadas en el modelo primario exportador.
Podemos hablar de países mineros y países petroleros por ejemplo y es indudable que esos países comparten realidades similares mas nunca idénticas.
En materia minera, uno de los bastiones de la minería en la región es Bolivia, no obstante la forma de extracción minera en ese país esta determinada por la organización extractiva en cooperativas. El fenómeno de la explotación minera transnacional es relativamente reciente y si bien es cierto ha absorbido en algunos casos a trabajadores mineros cooperativizados el fenómeno del cooperativismo tiene un enorme peso en ese país. De este modo podemos hablar de “minería social” o de subsistencia que mantiene un numero de cooperativizados que probablemente supere los 50 mil en todo el occidente altiplánico del país.
Partiendo de esa realidad, las organizaciones que se ocupan de los impactos de la minería en Bolivia comparten su quehacer entre la remediación de los pasivos históricos de la minería con los impactos actuales de las cooperativas y de las empresas transnacionales.
La renacionalización de la mina Huanuni y la refundación de la empresa estatal COMIBOL generan nuevos escenarios y nuevos desafíos. Sin embargo la visión de la mayoría de las organizaciones ambientales en Bolivia combina una critica diferenciada a la minería transnacional paralelamente a la minería social o cooperativizada así como a la minería estatal. La enorme deuda social que tiene el Estado boliviano con la población más pobre y la larga tradición minera no permite posiciones radicales anti-mineras como sucede en otros países.
Lo más concreto y avanzado en relación al tema surge de una visión de desarrollo controlado y social de la minería que permita establecer un modelo de desarrollo que prescinda de la minería.
En países mineros donde no existe el fenómeno de las cooperativas como son Perú, Chile, México y Brasil, la situación es diferente. Los pasivos ambientales se mantienen como una deuda socioambiental, herencia de varias décadas de minería. Sin embargo aquí también tenemos diferencias entre dos esponentes de la minería en la región.
Perú eliminó casi por completo su sector minero estatal y traspasó activos y pasivos a transnacionales del rubro. Chile por su parte mantuvo una participación estatal aunque decreciente en términos relativos, en la explotación especialmente de cobre. Codelco sigue siendo la empresa de cobre más grande del mundo con exportaciones por sobre las 5 mil toneladas anuales que satisfacen el 30% del consumo anual del planeta.
En estos países las demandas principales son por antiguos pasivos de transnacionales y empresas medianas especialmente en diques de colas abandonadas, pero especialmente por el desarrollo de minería en zonas ecológicamente frágiles o con grandes impactos a comunidades locales.
Adicionalmente los cuestionamientos por los bajos o nulos aportes de la minería al erario
se suman a los impactos socioambientales.
Paralelamente países tradicionalmente no mineros incursionan en el desarrollo de la actividad. Es el caso de Ecuador y algunos países de Centroamérica. Con presencia especialmente de empresas mineras junior, altamente irresponsables, gobernantes de Ecuador, El Salvador, Costa Rica entre otros, sueñan con un futuro minero dorado. No obstante los conflictos generados por los nuevos proyectos mineros hacen presagiar un dificultoso desarrollo de la actividad. En el caso de Ecuador por la obstinada posición del ejecutivo de desarrollar la minería a cualquier costo. En casos como Honduras y El Salvador por las limitaciones impuestas a la actividad por los respectivos gobiernos.
La diversidad de las organizaciones que enfrentan el desafío de limitar o eliminar los impactos de la minería contribuye en OCMAL al respeto de las diferentes visiones.