por: Patricia Rojas C.
La semana pasada el Primer Ministro de Canadá, Sthepen Harper, realizó una visita oficial al Perú, cuyo propósito fue fortalecer las relaciones entre ambos países y promover el intercambio comercial. Recordemos que Perú y Canadá firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigencia el año 2009. Asimismo, se estima que las inversiones canadienses en Perú seguirán aumentando de manera significativa, sobre todo en los rubros de minería y finanzas. El territorio peruano alberga una gran cantidad de pequeñas y grandes empresas canadienses dedicadas a la exploración y explotación de recursos mineros y energéticos.
Queda clara la importancia que tiene el Perú para Canadá, pero desde luego, también para la economía peruana es importante tener un socio como Canadá; sobre todo si consideramos que en el 2012, las exportaciones peruanas representaron 1196 millones de dólares más que las del 2008 (2389 millones de dólares).
Con la visita de Harper, se anunció también que su país aportaría, a través de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, 53 millones de dólares como apoyo para mejorar el desarrollo sostenible, la gestión ambiental y la educación rural en el país.
La visita del primer ministro Harper trajo estas novedades que sin embargo deben ser analizadas en un contexto mayor: en ambos países, los conflictos sociales vinculados a esta actividad han estado marcando la agenda del debate ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas.
El apoyo ofrecido por Canadá a Perú estará destinado entre otras cosas para:
1. Mejorar las políticas de manejo ambiental en las actividades mineras y energéticas en el Perú (15.95 millones). Con este dinero se pretende mejorar la efectividad de los mecanismos de evaluación ambiental en el sector de energía y minas -estudios de impacto ambiental (EIA)-, lo que significa ayudar al Ministerio del Ambiente a fortalecer el mecanismo y con ello incrementar el número de evaluaciones ambientales.
No está demás revisar lo que viene ocurriendo en Canadá precisamente sobre temas ambientales. En los dos últimos años, precisamente el gobierno de Harper, a pesar del reclamo de muchos canadienses, introdujo cambios legislativos que se relacionan con la flexibilización de varias normas ambientales (Omnibus budget Bill C-45 y C-38). Entre varias otras cosas, lo que se buscó con estos cambios fue que los mecanismos de evaluación y control ambiental sean menos estrictos favoreciendo de esta manera las inversiones en industrias extractivas. A raíz de ello, muchos conflictos sociales con las Primeras Naciones (pueblos indígenas canadienses) han surgido y se han intensificado. Ellos reclaman que se hayan eliminado los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en ciertos proyectos o que estos sean más laxos en otros; además reclaman el hecho de que la aprobación de un EIA signifique la imposición del proyecto dejando de lado su derecho a ser consultados. Solo para conocer un ejemplo se puede revisar el caso de la Nación Indígena de Mathias Colomb Cree Nation (MCCN) y sus reclamos contra un proyecto minero de la empresa canadiense Hudbay, empresa que justamente pretende desarrollar un proyecto minero en Cusco.
2. El fortalecimiento del sector educativo (15.5 millones de dólares), que busca mejorar la educación básica de las zonas rurales. Canadá ya ha venido interviniendo en este tema a través de los programas de ayuda de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Algunos de sus proyectos han estado precisamente en zonas de explotación minera por parte de empresas canadienses (como en La Libertad, proyecto Lagunas Norte de la empresa Barrick). Recordemos que parte del dinero que utiliza la cooperación canadiense proviene de las empresas mineras; esta política de cofinanciamiento público-privado de la cooperación internacional ha sido otro cambio introducido por el gobierno de Harper.
3. Por último, otros aspectos en los que Canadá tendrá intervención serán el fortalecimiento del manejo de recursos naturales en cinco regiones: Piura, La Libertad, Loreto, Arequipa y Cusco (4.5 millones de dólares) y la promoción de la competitividad y la diversificación económica en regiones extractivas de Perú (17.4 millones), que incluye actividades forestales y de agricultura en La Libertad, Ancash y Cajamarca. Todos estos departamentos son justamente los que tienen alto potencial minero y energético y, por tanto, son de interés para las empresas canadienses.
En conclusión, la visita del primer ministro canadiense muestra con claridad que la cooperación oficial de los estados muchas veces va de la mano con sus intereses comerciales y las inversiones de sus empresas. Para un país como el Perú, que tiene el desafío pendiente de disminuir la conflictividad social vinculada a las actividades extractivas, las inversiones que se desarrollan deben ser necesariamente compatibles con el respeto irrestricto de los derechos de sus ciudadanos y la protección ambiental.
Es tarea de todos los peruanos mejorar los estándares ambientales y sociales, pero también es una tarea importante de la sociedad civil y las autoridades canadienses, vigilar el comportamiento de sus empresas en el extranjero y apoyar el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en países como el Perú que reciben esas inversiones. Es cierto que Canadá tiene mucho que mostrarnos sobre industrias extractivas, manejo ambiental y derechos humanos, pero es menos cierto que todo sea necesariamente positivo.