28 de junio de 2011
Tras conseguir que el Gobierno peruano atienda el 70 por ciento de sus demandas, los campesinos levantaron la huelga indefinida que iniciaron el 9 de mayo pasado y el bloqueo de caminos, con lo que se rehabilitó el tránsito vehicular en Desaguadero.
Los campesinos peruanos demandaron la derogatoria del Decreto Supremo 083, que otorgaba concesión minera a la empresa Santa Ana, exigen también la anulación de todas las concesiones en el Sur de Puno. Tras la desactivación del conflicto el puente internacional de Desaguadero fue reabierto al mediodía del domingo.
Los manifestantes que tuvieron el control sobre esta vía internacional escucharon el informe de su dirigente Walter Aduviri, sobre la gestión que cumplió en la mesa de diálogo con el Gobierno de Lima, informó el matutino Los Andes del Perú.
Miles de pobladores de Ilave, Ácora y Juli reunidos en la plaza de Desaguadero, lado peruano, reconocieron la labor cumplida por Aduviri, quien fue recibido por bandas de músicos en el marco de un acto festivo.
Aduviri se reunió con el líder etnocacerista, Antauro Humala, en el penal de Piedras Gordas. Dijo que su único interés era acercarse al presidente electo Ollanta Humala, y que gracias a esa iniciativa se reunió con Isaac Humala, padre del electo mandatario peruano que jurará el 28 de julio próximo.
«A él (Isaac Humala) le hemos dicho que en la zona aymara no se permitirán la minería ni la actividad petrolera», dijo el líder campesino, al señalar que exigen al electo presidente que reconozca a la nación aymara con una norma especial y también se constituya la universidad aymara.
Walter Aduviri señaló que el 30 por ciento de sus demandas por solucionar deberán ser resueltas en el gobierno de Ollanta Humala. Refirió que el decreto 083 quedó sin efecto y se hizo ajustes a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, pero está pendiente la cancelación de todas las concesiones en esta parte de la región.
También dijo que las comunidades aymaras movilizadas para exigir reivindicaciones entrarán en un cuarto intermedio, y a partir del 30 de julio darán una tregua de un mes al presidente entrante para que atienda lo que aún queda por resolver.