Los campesinos de las comunidades de Tezuitlán, norte de Puebla, fueron aprendiendo paso a paso a descubrir los métodos que aplican las empresas mineras y funcionarios estatales para “cuentearlos” y apropiarse de sus terrenos desde que el Grupo Ferrominero, propiedad de José Larrea, y la Minera Autlán incursionaron hace cuatro años en la zona.
Ante una asamblea de más de 2 mil delegados de la región –náhuatl, totonacos y mestizos– reunidos para definir estrategias en defensa de su territorio, el relato corre a cuenta del presidente auxiliar de Atoluca, José Cruz Reyes, y del comisariado ejidal, Juan Casanova, a propósito de cómo se formó el movimiento para rechazar la construcción de la hidroeléctrica Atexaco. Primero aclaran: “No se trata de una obra para generar electricidad para la población, sino para unir las futuras hidroeléctricas del río Apulco y servir al proyecto extractivo conocido como El Aretón, en Tlatlauquitepec, de la minera Autlán”.
Todo empezó en 2011, con la llegada de Rafael Moreno Valle al gobierno poblano, cuando inauguraron la central hidroeléctrica de Atexaco, en coinversión con el Grupo Ferrominero y Autlán.
“Vinieron los ingenieros de una constructora a medir terrenos a la comunidad de Atoluca (8 mil habitantes). Los mirábamos subir y bajar de los cerros La Bandera y Colichui. Preguntamos que para qué y dijeron que sólo estaban midiendo”. Al año siguiente regresaron, pero entonces querían ya medir adentro de los terrenos de los campesinos. Regalaron un costal de 50 kilos de maíz a los propietarios para acceder a sus propiedades. Al año siguiente volvieron, pero con maquinaria distinta. Esta vez hacían perforaciones de entre 50 y 100 metros de profundidad. Algunos volvieron a ser engañados. Contamos hasta 40 hoyos”.
En 2014 ya llegaron los ingenieros de la hidroeléctrica queriendo comprar terrenos. “Ofrecían mucha lana. Decían que era para hacer carreteras. Pero esta vez nadie mordió el anzuelo. Nadie vendió”. La asamblea de organizaciones campesinas de la Sierra Norte, que es poco dada a las ovaciones y consignas, aplaude con sobriedad.
Sombrero en mano el hombre sigue su relato: “A partir de julio el que empezó el trabajo de convencimiento fue el presidente municipal, con visitas a nuestras casas. Iba como los apaches, de noche, a presionar a los dueños. Nadie cedió”. Otro aplauso, señal de asentimiento.
“Entonces salieron con otro proyecto, quesque un túnel. Nos dicen que es para llevarse el agua sucia. Nos están cuenteando. Ya sabemos que lo que quieren es llevarse toda nuestra agua. Fue entonces cuando surgió la organización. Ahora hacemos movilizaciones, marchas, asambleas, pintamos bardas. No estamos esperando a que Emiliano Zapata resucite para defendernos. Nos vamos a defender nosotros”.
Manual para el despojo
Un último aplauso. El dirigente ha sido escuchado con atención. En esa narración todos reconocen viejas historias de despojos. Pero también parece ser la aplicación de un manual que recientemente dio a conocer la Secretaría de Economía (SE) a las empresas interesadas en invertir en los proyectos energéticos e hidromineros en territorios campesinos a la luz de la reforma energética, la Guía de ocupación superficial, alianzas estratégicas para la promoción y el desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano.
Según la dependencia, el objetivo de esta guía para inversionistas permitirá que las compañías interesadas puedan “lograr la aceptación por parte de las comunidades”. Para ello, “asegurar el acceso de la superficie del área concesionada (porque) es uno de los factores básicos para el desarrollo integral de los proyectos”.
Propone abordar a los pueblos afectados de la siguiente manera: en la etapa de exploración se recomienda proceder a una “ocupación temporal”. Cuando empiece la etapa de desarrollo “se recomienda que utilicen su derecho de ocupación temporal, que compren o busquen la expropiación de los terrenos”. En la etapa de operación sugiere que procedan a la expropiación, si no lo hicieron antes.
La SE advierte que empresas pueden topar con obstáculos, ya que entre los campesinos “existe un fuerte vínculo con la tierra”, además de que cuentan con ejidos que “implican una voluntad colectiva”. Lo malo, subraya el texto, es que “la gente de los ejidos suele considerarse históricamente como víctima” y “utiliza a la opinión pública y toma medidas de facto como instrumentos de presión”.
Para remontar esta dificultad, les recomiendan pedir “asesoría legal” y les recuerdan que el artículo 19, fracción cuatro, de la Ley Minera actual confiere al concesionario “el derecho de obtener la expropiación, ocupación temporal o servidumbre sobre la superficie necesaria para llevar a cabo los trabajos y actividades de exploración, explotación y procesamiento, así como para el depósito de residuos, desechos, escorias y depósitos de grasas”.
“Zapata no va a resucitar”
Por el momento, las mineras Ferrominero y Autlán se toparon con el problema de la “voluntad colectiva” y el “apego a la tierra”.
Y por lo visto, a los de Atoluca no los podrán convencer fácilmente. El presidente auxiliar continúa informando: “El primero de marzo dos funcionarios del estado de Puebla se presentaron a la asamblea que realizaron en la cabecera municipal. Pero como son mañosos, se llevaron a un locutor de radio, de esos que hablan bonito. Nos decía que el proyecto hidroeléctrico no era grande, que era chiquito, para nuestro bien. Tres minutos pudo hablar. Luego la gente empezó a gritarle ‘fuera, fuera’. Pero eso sí, con respeto. Y se tuvieron que ir”.
Además hay un aprendizaje de resistencia. Los representantes no sólo han ido a las asambleas de la región serrana, sino a los foros nacionales sobre la lucha contra los proyectos hidromineros. Ahora saben: “Somos 19 estados que tenemos los mismos problemas. Pero también hay más de 100 organizaciones que luchan contra el gobierno, que nos quiere llevar a un lugar a donde no queremos ir”.
La Minera Autlán tiene en Teziutlán, Hueytlalpan y Hueytamalco siete concesiones de explotación a cielo abierto. Y la constructora de la hidroeléctrica que les beneficiará ya cuenta con permisos de la Comisión Nacional del Agua, las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Defensa Nacional, que autorizará los explosivos con los que dinamitarán el área.