Por Camilo Salvadó*
Actualmente, las selvas y montañas de Alta Verapaz, Petén, Izabal e Ixcán, en el norte del país, son territorios en disputa. Entre los diversos actores colectivos involucrados, están las comunidades campesinas e indígenas que habitan estos territorios desde hace mucho tiempo, arreglándoselas para sobrevivir en equilibrio con su entorno natural, en la medida que su pobreza y las presiones externas lo permiten.
Otros actores interesados en el control territorial son grupos ilegales, como traficantes de drogas, de especies animales y vegetales “exóticas”, de maderas preciosas y hasta de personas. Están también los actores legales -los que actúan amparados por la ley pero no necesariamente por la justicia-, entre los que se cuentan los gobiernos locales y el gobierno nacional, así como diversas empresas que impulsan Proyectos extractivos.
Dentro de este texto, entendemos por Proyectos extractivos tanto las Industrias extractivas propiamente dichas (petrolera, minera o maderera), como otras actividades económicas a gran escala, vinculadas de varias formas a dichas Industrias. Entre estas se cuentan la agroindustria -en especial, aunque no únicamente, producción de palma africana y caña- y los megaproyectos, como grandes hidroeléctricas, la carretera de la FTN, el turismo corporativo y otros. Los Proyectos extractivos comparten el imaginario capitalista de la naturaleza como fuente infinita de riquezas, así como las mismas prácticas de despojo y agresión contra territorios y poblaciones.
Desde hace siglos, las élites -coloniales, conservadoras, liberales, neoliberales- han imaginado las selvas y montañas del norte como enormes, casi infinitos espacios vacíos de personas pero llenos de “riquezas naturales” que solo están “esperando allí” para ser aprovechadas. Para el imaginario dominante, las comunidades que habitan dichos espacios simplemente no existen o, en el peor de los casos, son “invasoras”, “usurpadoras” y -más recientemente- “terroristas”. Por supuesto, se trata de una imagen falsa, muy alejada de la realidad concreta de la región.
Primero, si bien la región norte no tiene la misma densidad poblacional que otras, está hoy -como ayer- poblada por diversos pueblos como el Q’eqchi, el Achi’, el Poqomchi, el Garífuna y el Mestizo. Asumir estos territorios como espacios llenos de “riquezas” pero vacíos de personas -necesariamente vacíos- solo puede ser explicado por la ignorancia, el racismo o la hipocresía (¿quizá por los tres?).
Segundo. Es cierto que en el norte del país se ubica la mayor parte de la biodiversidad que aún se conserva. Allí está la mayor parte de las selvas y de las áreas protegidas del país, así como importantes reservas de agua. También se ubican yacimientos petroleros y de otros minerales, como níquel, plomo, zinc y oro. Pero además del imaginario dominante, existen otros saberes, otros pensamientos, otras formas de comprender el territorio y la naturaleza, más allá de su valor monetario.
El imaginario capitalista es incapaz de comprender los numerosos y delicados vínculos que unen a los elementos naturales y los seres vivos. Es incapaz de percibir el tejido de la vida, esa compleja red de relaciones y equilibrios, de seres y espacios que llamamos territorio. El imaginario capitalista solo comprende el territorio como tierra, y ésta como propiedad privada, como una mercancía que pude comprarse y venderse, al igual que el agua, el aire, las plantas y animales, el trabajo explotado.
Tercero. Es solo bajo un imaginario como el descrito que se pueden explicar la compulsión del gobierno y las empresas por controlar a toda costa esos territorios. El ansia por extraer las supuestas riquezas naturales y “convertirlas” en dinero explica no solo la rápida militarización de la región, sino las múltiples formas de violencia estatal y privada que han acompañado la expansión de los Proyectos extractivos. Tristemente, existen muchos ejemplos. Por ahora solo podemos compartir algunos de ellos.
El Comité de Unidad Campesina (CUC) ha alertado sobre una nueva modalidad para realizar desalojos de comunidades campesinas e indígenas. Tal es el caso de las comunidades Q’eqchi del Valle del Polochic, desalojadas por la PNC en el año 2011 a fin de desocupar terrenos para la empresa cañera e Ingenio Chabil Utzaj. A la fecha, y a pesar de las promesas del gobierno anterior y el actual, estas comunidades no tienen aún terrenos donde vivir y cultivar, sobreviven en condiciones precarias e incluso les es negado su derecho al agua, al no permitirles el paso hacia el río.
En marzo del presente año, se dieron nuevos desalojos de estas mismas comunidades, solo que esta vez fue con un perfil bajo, silencioso y de forma privada. En otras palabras, guardias privados destruyen con tractores las viviendas y cultivos, forzando a los campesinos a abandonar los terrenos que ocupaban, todo esto sin mediar orden de juez y sin presencia de la policía o el ejército. En otras palabras, un eficiente “desalojo privado” que para las estadísticas oficiales, nunca ocurrió.
En mayo y junio del 2013, el Consejo de Pueblos Tezulutlán (CPT) alertó sobre la presencia de empresas mineras como Mayaniquel, Nichromet, Tenango Mining y otras, realizando exploraciones en terrenos comunitarios, fincas privadas y la zona de amortiguamiento del Biotopo del Quetzal (Purulha). Esto indica que ya existen licencias de exploración -en algunos casos de explotación- por supuesto, sin que las comunidades Poqomchi hayan sido informadas ni consultadas.
El CPT también alertó sobre los constantes desalojos de comunidades Q’eqchi y Poqomchi del área protegida de Sierra de las Minas, ejecutados bajo la coordinación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la Fundación Defensores de la Naturaleza; estos desalojos se realizan supuestamente para proteger el entorno natural. Sin embargo, no se puso reparos a la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos como Hidrosulin, Matanzas e Hidro Saqja I, II y II, los cuales ya están provocando problemas como desvío de ríos, contaminación del agua, pérdida del bosque y cultivos comunitarios, entre otros.
El uso de la figura de las áreas protegidas como instrumento de despojo territorial se repite una y otra vez en distintos puntos de la región norte. Encuentro Campesino nos ha compartido información sobre los constantes desalojos y agresiones armadas contra comunidades Q’eqchi en el municipio de Livingston (Izabal), que vienen repitiéndose por lo menos desde el año 2007. El más reciente de estos desalojos lo sufrió en febrero del 2013 la Comunidad Monte Verde, cuando miembros de la PNC destruyeron viviendas y cultivos, amenazaron a los pobladores y capturaron a cuatro líderes comunitarios.
Este desalojo, coordinado por el CONAP, la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO) y empresas privadas como la llamada Reserva Natural Privada Milán (lease “finca”), se han realizado supuestamente para proteger áreas como el Biotopo Chocón Machacas, el Cerro San Gil y el Río Sarstún, entre otras. Sin embargo, estas instituciones y empresas jamás se han pronunciado sobre la extracción petrolera, las mega plantaciones o la ganadería industrial, que realmente están dañando el entorno natural.
En Petén, año con año se repiten las agresiones y desalojos contra las comunidades que habitan el área protegida Laguna del Tigre (San Andrés), mientras se permite que la petrolera Perenco siga extrayendo petróleo y poniendo el riesgo las reservas naturales de agua. En el área protegida Sierra del Lacandón (municipios de La Libertad y Las Cruces) también han sido constantes los desalojos de comunidades. Al igual que en el Polochic, los mismos ya no son ejecutados por la PNC, sino por grupos armados privados, los cuales también agreden a los pobladores y al entorno natural.
En abril del presente año, un grupo armado no identificado ingresó al terreno de la Cooperativa Centro Campesino (Las Cruces), degollando con machetes a cinco líderes comunitarios previamente seleccionados. Como si estos asesinatos no fuesen suficiente muestra de brutalidad, los paramilitares provocaron un incendio forestal que se extendió en varios puntos de la Sierra del Lacandón, destruyendo tanto parte del bosque natural como cultivos comunitarios. Según informaciones no confirmadas, podría tratarse de grupos pagados por madereros ilegales. Estos madereros operan libremente en el área protegida sin ser detenidos por el destacamento militar, la PNC o Defensores de la Naturaleza.
En otro punto de la Sierra del Lacandón, la Comunidad Agroecológica Nueva Esperanza ha sufrido ya cuatro desalojos: en enero del 2007, mayo del 2008, agosto del 2011 (cuando fueron expulsados a México) y en enero del 2012 (cuando fueron desalojados por el Ejército mexicano, hacia Guatemala). Los desalojos ejecutados en Guatemala, fueron realizados por la policía y “guardarrecursos” armados (en realidad, un destacamento militar).
Miembros de la Comunidad Nueva Esperanza entrevistados por AVANCSO tienen muy claros los motivos de estos despojos. En sus recorridos por la Sierra, han encontrado a grupos que sacan madera para México, sin que las autoridades hagan nada. Para los comunitarios, el CONAP, la Policía y el Ejército no son realmente “guardarrecursos”. “Ellos no cuidan en verdad de la selva (…) ellos no hacen lo que nosotros hacíamos, no cuidan la naturaleza. Ellos no recorren toda el área protegida, todo el polígono, como nosotros lo hacíamos (…) nosotros somos los verdaderos guardarrecursos. Por eso nos desalojaron”.
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*Camilo Salvadó es miembro del Equipo PICTA, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO).
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Fuente: Editorial del Noticiero Maya Kat de Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER, el 6 de agosto del 2013.