Ana Leyva V. COOPERACCION – 13/11/2020
Hace dos días, el 11 de noviembre, el congresista de Alianza para el Progreso (APP) Omar Chehade, en medio de la crisis política que vivimos, presentó un proyecto de Ley que busca modificar la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en tres artículos, además de establecer dos disposiciones transitorias. Como en muchas otras iniciativas de este tipo, el propósito de esta modificatoria se orienta a “reactivar la economía”, generando facilidades a los inversionistas privados. El beneficio que plantea consiste en excepciones a la certificación ambiental, además dela posibilidad de regularizar malas prácticas para beneficiar a empresas irresponsables.
Nos preguntamos si la presentación de este proyecto de ley, dos días después de producirse la vacancia de Martín Vizcarra y en medio de una de las más graves crisis políticas del país de los últimos tiempos, constituye un hecho aislado o expresa un compromiso con quienes están detrás de este golpe de estado parlamentario. Veamos que dice el proyecto, para entender los intereses que esconde.
Según la Ley del SEIA, todos los proyectos de inversión o actividades que pueden ocasionar impactos negativos significativos requieren de certificación ambiental. Sin ella, esos proyectos o actividades no pueden iniciarse y ninguna autoridad puede otorgar permisos o habilitaciones para su ejecución. Esta exigencia es categórica, y la hace el legislador porque considera que la certificación ambiental es la única forma de asegurar que los daños que puede generar un proyecto o actividad, se eviten o reduzcan a niveles tolerables.
En su proyecto de Ley, el congresista Chehade propone que se pueda dar inicio a la ejecución de un proyecto de inversiónsin contar con la certificación ambiental, en caso se trate de una actividad que es parte de un proyecto existente, o sobre la que se ha presentado una solicitud de certificación. Tal como se indica en el siguiente extracto de este proyecto normativo, que modifica el artículo 3 de la Ley del SEIA:
“No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades (…) salvo sea parte del mismo proyecto o actividad de servicios y comercio a ser ejecutada y siempre que se encuentre debidamente presentada para la obtención de la certificación ambiental”.
Con esta propuesta, el congresista Chehade deja de lado el principio de prevención, fundamental en la gestión ambiental, y plantea que la certificación sea posterior al inicio de operaciones. Por ejemplo, según el proyecto de ley, si un titular de un proyecto quiere redimensionar un depósito de desechos tóxicos, lo podría hacer solo con haber presentado su solicitud de certificación. Desde esta lógica, la certificación es solo un trámite, e ignora que sirve para determinar los riesgos ambientales que podría generar el cambio propuesto, además para que el titular del proyecto incorpore en sus procedimientos internos todas las medidas necesarias que permitan evitar o reducir estos riesgos identificados en el proceso de certificación ambiental. Hacer esta evaluación cuando ya se comenzó con la ejecución, le resta eficacia a la certificación ambiental y la desnaturaliza, pues le impide cumplir su finalidad que es fundamentalmente preventiva.
Pero la pretensión de debilitar el sistema con el pretexto de reactivar la economía, va más allá. El proyecto normativo de Chehade añade al artículo 7. de la Ley del SEIA, referido a la solicitud de certificación, lo siguiente:
7.3 Por excepción podrá considerarse, evaluarse y aprobarse, por adecuación o procedimiento de regularización, hasta el 10% de la inversión del proyecto ejecutado, siempre que sea parte del mismo.
Es decir, que se puedan regularizar las construcciones, ampliaciones o modificaciones hechas sin certificación ambiental si sus costos representan hasta el 10% de la inversión total. El porcentaje establecido no es un indicador de un cambio menor. Existen proyectos que implican inversiones de miles de millones de dólares, y el 10% de ellos es mucho dinero.
En este punto, estamos hablando de titulares que hicieron construcciones, ampliaciones o modificaciones burlando la ley. Chehade plantea que en vez de sancionarlos con la eliminación o retiro de los cambios realizados de manera irregular, como correspondería, además del respectivo procedimiento administrativo sancionador, se facilite a estos titulares con un mecanismo que les permita obtener la certificación ambiental sobre aquellas modificaciones realizadas de forma irregular. Es decir, con este proyecto normativo se premia la bravuconería que reza “hago lo que quiero y luego regularizo”, porque el sistema proporcionaría una vía para hacerlo. Además, esto constituye un incentivo perverso para comportamientos irresponsables.
Pero lo inaudito es que la cosa no queda allí. El proyecto de Chehade intenta forzar de alguna manera la aprobación de la certificación. Para ello, pretende modificar el artículo 12 de la Ley del SEIA en los términos siguientes:
“12.4 La resolución que desapruebe o declare la improcedencia deberá contener la debida motivación de las consideraciones técnico- legales en las que se sustenta la decisión, pronunciándose sobre:
a) Promoción del empleo y sostenibilidad social.
b) Análisis de costo-beneficio.
c) Alternativas administrativas para obtener el instrumento ambiental requerido, considerando las motivaciones externas, las que se remitirán a los lineamientos u objetivos de la misma institución que representa.”
Según el proyecto de ley, la motivación de la resolución que desaprueba o declara la improcedencia de la solicitud de certificación ambiental debe estar centrada en aspectos distintos a lo ambiental, lo que es realmente absurdo. Pero, además, no permite que la desaprobación sea la última palabra de la autoridad ambiental evaluadora, pues le exige que plantee alternativas administrativas para que el titular que burló la ley y que no obtuvo la certificación ambiental mediante el procedimiento de regularización, pueda hacerlo a través de otras vías.
Evidentemente, esta propuesta refleja los intereses de empresarios que están acostumbrados a realizar sus actividades sin importarles el daño que puedan ocasionar a las comunidades o localidades que están en su zona de influencia o al medio ambiente; aquellos que evitan asumir los costos de sus acciones y, es más, buscan que éstos queden invisibilizados para que otros carguen con ellos. ¿Por qué un proyecto de ley de estas características se plantea ahora y asociado a una de las bancadas que han liderado el golpe de estado? Como decía Franklin D. Roosevelt, «En política, nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera».
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