«El gremio espera que el Estado garantice los proyectos mineros tecnificados, entre ellos Río Blanco»
El 1 de este mes, Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, resolvió y ordenó la suspensión de las actividades en el proyecto minero Río Blanco, ubicado en Molleturo del cantón Cuenca, Azuay, y dispuso la desmilitarización gradual y paulatina en la zona referida,el tema ha causado preocupación en algunos sectores.
Santiago Yépez, presidente de la Cámara de la Minería del Ecuador, expresó que es preocupante lo que ha ocurrido en Azuay sobre el proyecto minero Río Blanco. “Creemos que el juez ha realizado una mala interpretación de la normativa tanto constitucional como supranacional, me refiero al convenio 169 de la OIT”, expresó.
Yépez explicó, en el área minera Río Blanco no hay pueblos indígenas, aborígenes ni ancestrales, y por lo tanto no aplica el convenio de la OIT que obliga la consulta previa; y que, sí se ha hecho socialización y difusión del proyecto. A su criterio, son personas ajenas a las comunidades de Molleturo, las que están generando desinformación abanderándose en la defensa del medio ambiente.
Varios proyectos estratégicos están en la fase de construcción para entrar a corto plazo a la etapa de producción, Río Blanco es el primero que ha tenido una producción temprana.
Cree que una vez planteada la apelación a la sentencia del juez Serrano, y en la que el gremio prevé intervenir con un amicus curiae para defender los derechos de la minera, habrá una respuesta positiva para avanzar con la ejecución del proyecto minero, que a su decir está cumple con las normas vigentes y no está contaminando el agua, como así lo ha señalado también el ministro del Ambiente Tarsicio Granizo.
Sostiene, el Estado debe garantizar los proceso de una actividad minera controlada bajo leyes claras, y evitar así que se genere una corriente de desconfianza en la inversión extranjera que le ha apostado al Ecuador, donde hasta hace muy poco la minería sólo representaba el 1% del presupuesto estatal.
Recursos
Con los proyectos de megaminería en marcha y otros, se prevé una inversión de 4.500 millones de dólares hasta el 2021, la generación de 25.000 empleos, 1.300 millones de dólares de impuestos para el Estado a parte de la proyectada, y más de 3.000 millones de dólares en exportaciones.
Criticó la posición de organizaciones sociales que están actuando en contra de los proyecto mineros a gran escala mientras no dicen ni hacen nada contra los mineros ilegales que están agrediendo gravemente al medio ambiente.
En tanto, la Comisión Anticorrupción, núcleo del Azuay, presidida por Fernando Vega, publicó un manifiesto señalando que la larga lucha de la ciudadanía azuaya, en defensa de su derecho constitucional al agua, frente al modelo minero-extractivista, se ha visto reivindicada con la sentencia del juez Serrano.(AZD)-(I)
EL DETALLE
* La decisión del juez aceptó la acción de protección por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades de Molleturo en relación al Proyecto Rio Blanco.