«Hay una firma canadiense que pretende explotar el suelo» para extraer minerales, con lo cual «dañará el entorno ecológico y usará el agua que la comunidad necesita», cuestionó Hipólito García, un vecino de Tetlama, 110 kilómetros al sur de la capital mexicana. Quejas similares recorren el país.
La protesta que comentó García a IPS tiene como blanco dos concesiones de la empresa minera Esperanza Silver de México, filial de la canadiense Esperanza Resources Corp, sobre unas 1.500 hectáreas en el estado de Morelos para extraer oro y plata.
«A San Agustín Tetlama no lo beneficia la minera», enfatizó el campesino, integrante de un colectivo local opuesto a ese tipo de explotación por el efecto negativo que, dice, tendrá sobre una localidad con apenas 1.400 habitantes.
El auge de la minería en México es una muestra de la incongruencia que se achaca a la política ambiental del presidente Felipe Calderón, quien traspasará el cargo este sábado 1 de diciembre a Enrique Peña, marcando así el retorno al gobierno del tradicional Partido Revolucionario Institucional tras 12 años de ausencia, luego de gobernar por siete décadas.
En diversos foros internacionales, Calderón se manifestó durante su mandato de seis años como un defensor de la ecología, mientras sus políticas se alejaban de esa figura proyectada, a juicio de ambientalistas y expertos.
«Seguimos muy pobres en la aplicación y cumplimiento del derecho ambiental», pues a las instituciones se les asigna poco dinero, escaso personal y no tienen la infraestructura requerida para hacer cumplir la ley, analizó para IPS el presidente del no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Gustavo Alanís.
«No hay nada más importante que lo ambiental; hay que darle prioridad a este tema como se le da a la economía, a la seguridad, a la creación de empleos, educación y otras áreas», enfatizó.
El gobierno Calderón, del conservador Partido Acción Nacional, puso en marcha en este sexenio el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012, que incluye 105 objetivos y 294 metas de mitigación y adaptación al fenómeno, ante el cual México es altamente vulnerable.
Con esas medidas, este país reduciría para este año la emisión de 51 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases responsables del aumento de la temperatura planetaria.
Así, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente reportó en abril el cumplimiento de 93 por ciento en las metas del programa, aunque aún no vierte detalles sobre áreas específicas del programa.
México emite al menos 709 millones de toneladas de CO2, originadas mayoritariamente por la generación y uso de energía, el transporte y la agricultura.
El PECC contiene acciones como la sustitución de refrigeradores vetustos y focos incandescentes, la instalación de calentadores de agua solares, la reforestación y la construcción de rellenos sanitarios, en las cuales se avanzó considerablemente.
Pero no ocurrió así con el amortiguamiento de la presión sobre las pesquerías, la tala ilegal y la promoción de las energías renovables, como la geotérmica o la solar.
Además del espaldarazo a la minería, este gobierno del PAN incurrió en decisiones como la construcción de grandes complejos hidroeléctricos y de autopistas, el desarrollo de complejos turísticos, el subsidio a combustibles de origen fósil y la promoción del maíz genéticamente modificado en un país considerado por científicos como centro de origen del grano.
De hecho, la política ambiental del mandatario saliente es sujeto de crítica por parte del Tribunal Popular de los Pueblos, que comenzó a sesionar en 2011 y que entiende asuntos vinculados a violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, migraciones, feminicidio y violencia de género, ataques contra el maíz y la soberanía alimentaria, así como devastación ambiental y derechos de los pueblos.
La sección mexicana, que concluirá sus audiencias en 2014 con una resolución sobre el Estado a partir de las evidencias recabadas sobre los siete ejes detallados, ha recibido denuncias de por lo menos 33 casos de daño ecológico en distintas partes del país.
«Se puede distinguir posiciones de avanzada en espacios internacionales y una enorme cantidad de contradicciones en el país», evaluó para IPS el director ejecutivo del capítulo mexicano de la no gubernamental Oxfam, Carlos Zarco.
Cuando se cae en políticas nacionales, «te enfrentas al conjunto de intereses comerciales y financieros y su solidificación en cada país, que ven en recursos naturales más un gran negocio que proteger el futuro de los países», apuntó.
«El gobierno mexicano se vio atrapado en esa maraña de intereses que han lesionado los derechos colectivos», resumió.
Desde junio rige en este país la Ley General de Cambio Climático, que convierte al PECC en política de Estado, crea un fondo ambiental, un sistema nacional de información para hacer seguimiento del fenómeno, un registro de emisiones y un mercado doméstico de bonos de carbono.
El marco legal estipula que las emisiones de gases de efecto invernadero deben abatirse en 30 por ciento hacia 2020 y en 50 por ciento para 2050, tomando como base los indicadores de 2000.
Así como otras temáticas, la aplicación de esa ley quedará en manos del gobierno de Peña.
México presentará en la 18 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 18), que comenzó el lunes 26 en Qatar, su nuevo inventario de emisiones de CO2, que puede servir de base para la planificación ecológica de la próxima administración.
Para Alanís, es necesaria una reforma del marco ambiental, pues «se siguen aprobando a discreción proyectos que son ambientalmente malos, que no cumplen con la ley, que no se sustentan en aspectos técnicos, científicos ni legales y aun así se les permite ir adelante».
Analís señaló por ello la urgencia de frenar la deforestación, la contaminación y sobreexplotación de acuíferos y mejorar el manejo de residuos peligrosos.
Por su parte, Zarco postula la priorización del ambiente en cualquier modelo de desarrollo. «El primer reto es poner en práctica el marco legal en el país. Tenemos que convertir este tema en un eje transversal en la política» pública, puntualizó.
Si el gobierno no frena los proyectos mineros, la gente lo hará, al decir de García. «En 2006 logramos el cierre del relleno sanitario en el pueblo y ahora empezamos una nueva lucha para cerrar los trabajos de la minera», enfatizó el activista campesino.
(FIN/2012)