El Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes presentará esta semana una nueva acción judicial contra la empresa perteneciente a Antofagasta Minerals, del grupo Luksic. Son las 129 personas que no aceptaron en 2016 el acuerdo al que llegaron algunos pobladores con la empresa. Hay pesadillas, angustia y miedos de que el tranque El Mauro, donde se acumula la basura industrial, colapse tal como ha ocurrido en otros países.
Para cuando María Soto hizo lo que hizo, los ánimos en el pueblo de Caimanes no eran los mejores. Pero de alguna forma, sus palabras, ese testimonio vivo del desasosiego, conmovieron a los que estaban en esa asamblea.
Era una reunión como las que han hecho en la localidad desde que la minera Los Pelambres (del grupo Antofagasta Minerals, propiedad del empresario y twittero Andrónico Luksic) llegara en 1998 y se instalara a ocho kilómetros de donde viven los caimaninos con el tranque El Mauro. Lo que tenía de distinta esa reunión era por una poderosa emotividad, un vacío en el corazón si se quiere. Algo que, de alguna u otra forma, lo produjo el basurero industrial que desconcierta a los que en ese pueblo viven.
Fue entre 2015 y 2016. Esteban Vílchez, abogado del Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes, lo cuenta así: “Ella, una señora ya mayor, es todo un símbolo. Y lo que dijo fue públicamente, para que todos la escucharan. Contó que no recibía visitas de ninguno de sus familiares, pero que eso no era porque no la quisieran, sino porque los papás de sus nietos, o sea, sus hijos, no quieren que los niños estén ahí. Tienen miedo, decía ella. Por todos los riesgos que corresponden a tener un relave tan cerca de un poblado”.
María es viuda. Hoy en día sus ingresos son por la venta de comida. Vive sola y cree necesitar esa energía revitalizante que solo son capaces de entregar los niños, y que sus nietos, por el miedo a lo que pueda pasar con el relave, no le pueden dar.
Su batalla, sin embargo, es desigual: en 2016, el 83% de la población de Caimanes aceptó un acuerdo con la minera, que consideró la usabilidad de las aguas del estero Pupío (con el que los agricultores y ganaderos de la zona se abastecen), seguridad respecto al mismo tranque (desarrollo de un plan de emergencia, en colaboración con el gobierno local), además de un fondo comunitario y, por último, un fondo de desarrollo familiar (28 millones de pesos a cada familia). Los que resistieron las tentaciones de Pelambres fueron los del mismo Comité. El abogado Vílchez así explica la decisión: “Es irrisoria la paga, casi una burla, que ha significado secar el estero, destruir los recursos económicos de la región y contaminar todo; además de vivir la angustia por colapso del tranque”.
Lo que hicieron desde el Comité, y que se materializará en una acción judicial esta semana, fue preparar una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Buscan que el acuerdo económico al que puedan llegar con la empresa de Luksic les permita cambiarse de hogar y empezar una vida nueva, lo que en dinero se traduce en 500 millones de pesos para cada uno.
El origen
Esteban Vílchez, de AV abogados, empezó su vínculo con el Comité en 2012, cuando hizo de defensor de Cristián Flores, quien entonces era acusado por la misma minera de cometer crímenes. Hoy, además de un prístino convencimiento en esto que prepara, explica los fundamentos de la decisión del Comité:
“Se rechazó (el acuerdo de la minera por parte del Comité) porque lo que estaba ofreciendo Pelambres es insignificante en relación con lo que ha causado; porque (aceptarlo) significaba desistir de aquellos juicios que ordenan la demolición de mismo tranque; y porque hubo manipulación en la decisión del resto de la comunidad, porque habían abogados de la misma minera que estaban en las asambleas de la gente. No olvidemos que es gente de escasos recursos económicos, que están agotados de 20 años de conflicto con la minera y, por lo tanto, iban a aceptar la oferta, por baja que fuera”.
Son 2.200 hectáreas de extensión del mismo tranque y, según la demanda que se presentará (a la que accedió El Desconcierto), desde que se instaló la minera en dicha localidad hasta hoy, han depositado 1.700 millones de toneladas de relave. A esos números se suma también el dinero que recibieron los abogados que anteriormente tenía el mismo Comité, y que fueron también beneficiarios de la negociación que destrabó el conflicto: 3.100 millones de pesos recibieron por “concepto de honorarios y costas del juicio”. (Esto último está actualmente siendo investigado por la unidad de delitos de alta complejidad del Ministerio Público, por considerarse como prevaricación).
Las ganancias de Los Pelambres son, según se plantea en la demanda, inimaginables: las proyecciones respecto a las utilidades netas de la minera se calculan en $1.200 millones de dólares anuales, los que en los 100 años de explotación para los que está pensada la obra, sería algo así como 120 mil millones de dólares.
“Vivir y dormir a los pies de un tranque que puede colapsar ha causado innumerables insomnios y pesadillas entre los adultos y por sobre todo en los niños pequeños. El temor ha dado lugar a un verdadero pánico en muchas ocasiones, especialmente frente a situaciones de sismos o lluvias prolongadas”, se lee en el documento.
Parte de las pruebas que el abogado Esteban Vílchez presentará tienen que ver con los niveles de estrés: “Tenemos estudios -dice- que hablan de índices de estrés más altos que en Santiago o que en cualquier otra zona de sacrificio. Las personas viven con mucho miedo a que el tranque colapse como en Brasil, o como en Chile, en 1965”.
Desde Antofagasta Minerals, la matriz de Los Pelambres, al ser consultados por este nuevo conflicto señalaron: “dado que no hemos visto dicha demanda ya que aún no se presenta, no podemos comentar”.
Se espera que el documento que inicie el proceso judicial sea ingresado el jueves de esta semana.
Fuente:https://www.eldesconcierto.cl/2019/07/22/caimanes-a-la-carga-pobladores-buscan-que-minera-los-pelambres-pague-500-millones-por-dano-moral/