07 de Febrero 2012
El polémico proyecto minero de Caballo Blanco, para la extracción de oro en una de las zonas más ricas y biodiversas de Veracruz, en los límites de Actopan y Alto Lucero, constituye uno de los proyectos empresariales más jugosos de los últimos años en la entidad, que acarreará graves daños al ambiente.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) tramitada por la empresa Gold Group, a través de su filial, CANDYMIN, S.A. de C.V., ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) este proyecto “consiste en el aprovechamiento de un yacimiento de oro diseminado y la obtención de doré (oro impuro), en un estimado de 100 000 onzas (oz) al año durante seis años de vida útil, con un precio base de $ 950 USD/oz”.
Es decir, cada año la empresa obtendrá un producto con un valor de 95 millones de dólares. A seis años, el valor será de 570 millones, un equivalente a 6 mil 840 millones de pesos.
Sin embargo, llama la atención que el valor asignado por la empresa a la onza de oro -31,10 gramos-, contrasta con el valor que esta tiene en el mercado internacional. Hasta hace unos días la bolsa de valores de Nueva York cotizaba la onza en mil 740.30 dólares. Es decir, casi el doble de lo que registra la empresa en la MIA, por lo que el valor del producto que se extraiga de Actopan y Alto Lucero podría ser superior al reportado oficialmente.
Minería a cielo abierto
Cabe destacar que el proyecto Caballo Blanco -impulsado por la canadiense Gold Group- consiste en un la extracción de oro a “tajo” o cielo abierto.
De esta manera no se perforarán túneles para extraer el metal del interior de la roca, sino que se removerán grandes cantidades de roca y de tierra en una vasta zona de 334 hectáreas -buena parte cubierta con vegetación de selva baja y hábitat de diversas especies de flora y fauna, algunas protegidas por la norma oficial-, para posteriormente, mediante un procedimiento de lixiviación -en el que se usará cianuro, altamente contaminante-, se extraerá el metal.
La empresa describe así el procedimiento de extracción de oro:
“El proceso inicia con el minado a través de la perforación, una vez realizados los hoyos son llenados de explosivo y detonados para quebrar la roca, el mineral es extraído, quebrado, triturado
y acarreado hacia el Patio de Lixiviación para el proceso de beneficio, mientras que el tepetate (material sin valor económico), proveniente de la misma excavación, se deposita en la Tepetatera”.
“Después de depositado el mineral en el Patio de Lixiviación, se realiza el riego o aspersión con solución estéril, la cual lixivia hacia la parte inferior y, a través de una canaleta, el lixiviado es conducido hacia una pileta de solución rica o preñada con una mezcla de oro y plata, la que a su vez es enviada a la Planta de Beneficio en donde se hace pasar por columnas de carbón activado”.
“El mineral queda adsorbido en el carbón y es posteriormente sometido a un proceso de desorción con lo que se recupera la solución preñada. La solución recuperada se transfiere a una celda electrolítica para depositar el oro y la plata en un cátodo”.
“Finalmente, el precipitado resultante de la electrodepositación es secado y mezclado con fundentes para colocarse en un horno y ser fundido, obteniendo el producto comercial (doré)”.
Daños a vegetación y orografía
En la Manifestación de Impacto Ambiental, la empresa reconoce daños al ambiente, pero asegura que serán mínimos.
En el documento admite que en la zona existe “vegetación de tipo: Bosque de Encino, Bosque de Encino Secundario, Selva Baja, Matorral Xerófilo de Encino, Acahual de Encinar, Acahual de Selva Baja, Potrero y Potrero con árboles”, así como “especies de flora y de fauna listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010″
Sin embargo, en el capítulo “Principales impactos ambientales”, asegura que sólo el 49 por ciento del área es potrero y potrero con árboles, mientras que 20 por ciento corresponde a bosque de encino. Del 31 por ciento restante no hace mención y sólo anota: “no obstante, el proyecto considera compensar el impacto mediante la rehabilitación en otros sitios actualmente afectados por otras actividades dentro del SAR”.
Sobre las especies de flora y fauna, la empresa promete “rescatarlas” y reubicarlas.
Algo que también genera inquietud entre los ambientalistas, es el hecho de el proyecto implica la demolición de varios cerros ubicados en la zona y que protegen a las comunidades y poblaciones de la región ante la entrada de los huracanes y fuertes vientos. En su lugar, la cabo de seis años, quedará un llano con tierra, polvo y desechos tóxicos.
Igualmente, la remoción de la cubierta vegetal, se ha señalado, secará los mantos fréaticos y las zonas de recarga.
La empresa resume así su postura ante el tema:
“Derivados de las actividades en la etapa de Operación del Sitio y Construcción, se identificaron impactos residuales severos sobre la geología y geomorfología, así como en el paisaje, fundamentalmente de las obras: Tajo, Tepetatera y Patio de Lixiviación. Estos impactos podrán ser compensados mediante el apoyo al desarrollo de áreas naturales en la región, a través de mecanismos que se acuerden con las autoridades competentes. Adicionalmente, se prevé que éstos, no afectarán la integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas siempre y cuando se apliquen efectivamente las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas”.
Vestigios arqueológicos
El proyecto minero está localizado a 7 kilómetros de la zona prehispánica de Quiahuiztlán, famosa por ser lugar de asentamiento totonaca y en donde actualmente existen tumbas.
Referencias históricas señala que en esa ciudad habitaron unos 16 mil totonacas y fue centro clave del encuentro entre los conquistadores encabezados por Hernán Cortéz y las alianzas con los grupos indígenas que permitieron la Conquista de México-Tenochtitlán.
El proyecto minero admite vagamente que en la región existen vestigios arqueológicos, pero elude cualquier referencia clara sobre el tema, así como evita descartar la existencia de los mismos. Esto con el argumento de que si bien en 2009 el INAH oficialmente “liberó” las áreas de exploración minera, admite la empresa que en esa fecha “el Proyecto Caballo Blanco aún carecía de información, que le permitiese determinar la factibilidad de realizar el aprovechamiento de minerales y, por ende, aún no se tenía información específica sobre áreas requeridas”.
Contaminantes tóxicos
Un tema que sobre el cual prácticamente hay un vacío en la MIA presentaba por la empresa a la Semarnat, es sobre el tema de los desechos tóxicos, pese a su importancia. Ni siquiera es mencionado en el resúmen de las conclusiones.
La única referencia existente es al analizar las normas que regulan la actividad minera.
Se cita la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, “que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio”.
Y la empresa observa: “en caso de que se llegasen a presentar sospechas de afectación al suelo, se procedería a aplicar esta norma”.
Lo mismo ocurre en referencia a la norma Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, “que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales”.
Anota la empresa: “si bien el Proyecto Caballo Blanco NO contempla la generación de jales, el cumplimiento será utilizado en lo que respecta al control de los materiales que pueden generar drenaje ácido”, sin dar más detalles.
De esta manera, la empresa minimiza la generación de lodos o partículas tóxicas, pese al uso de cianuro, que pudiera derramarse en la zona o dispersadas por tormentas y el viento. Según estudios científicos sobre la materia, una deficiente disposición de tóxicos y los llamados jales, pueden acarrear consecuencias graves en la salud.
En contraste, para la empresa sólo habrá beneficios económicos y laborales con el proyecto minero.
Refiere -sin abundar en datos concretos sobre el número de empleos y el monto de pago que se hará de los mismos- que “el proyecto representa una oportunidad de desarrollo en la región, pues el ingreso promedio anual en el Estado de Veracruz es cercano a los noventa y cinco mil pesos anuales, por debajo del promedio nacional que ronda los noventa y nueve mil pesos por año, mientras que el salario promedio anual en la industria minera supera los trescientos mil pesos”.