Ambientalistas y diputados debatieron; se llegó al consenso que una ley más estricta debe de ser promulgada, con énfasis en el medio ambiente y las comunidades.
La propuesta para crear una nueva Ley de Minería impulsada por la diputada Rosa María de Frade fue debatida por distintos sectores. Según la congresista, el punto de partida de la discusión es que la explotación minera es constitucional, de interés público y una alternativa de desarrollo para el país.
Para De Frade esas características deben de estar circunscritas a reglas más estrictas que “garanticen el respeto a las comunidades, difundan la suficiente información y propicien la comunicación en la sociedad sobre el tema, y garanticen la salud del medio ambiente y las personas”. Para cumplir con esos requisitos, la nueva legislación deberá proveer a las empresas de mayor certeza jurídica para las inversiones que realizan, explica.
La propuesta propone revisar aspectos como no autorizar explotación minera en zonas de recarga hídrica claves como cuencas, y mayor regulación en las extracciones de materiales de construcción. “Existen demasiadas canteras en las carreteras, sin regulación. Muchas son negocios privados de los alcaldes”, dice De Frade.
Otra de las áreas que regularía la nueva propuesta sería las arbitrariedades de la ley vigente respecto a la declaración de áreas especiales de interés minero. Bajo la ley actual, “la cuenca del lago Atitlán podría ser declarada área de interés minero y nos quedaríamos sin el lago”, agrega. Por eso es vital, entonces, que la nueva regulación tome en cuenta los intereses de las poblaciones, el medio ambiente y el modelo de desarrollo y de país que se desea.
Débil institucionalidad
Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), cree que “cada día que el país continúe con la actual Ley 48-97, significa grandes pérdidas”. “Cada día vamos a tener más presiones, la Costa Sur ya está concesionada para extracción de hierro”, mencionó. Para el ambientalista, la nueva ley debe hacer énfasis en más controles ambientales, en reconocer el derecho de consulta de las comunidades y asegurar recursos como la salud y el agua.
Magali Rey Rosa, de la escuela ecologista Savia, opina que debido a la débil institucionalidad del país, lo mejor por el momento sería abstenerse del todo de explotar metales. “No importa qué tan perfecta sea una ley, somos un país muy vulnerable al cambio climático y no tiene sentido destruir las montañas y las comunidades en nombre del progreso”, agrega.