El abuso de poder de los gobiernos de turno hacia la población, las organizaciones sociales y sus líderes, sean estos obreros, campesinos y sobre todo indígenas, si bien no es nuevo, en el último tiempo se han hecho recurrentes y a la vez preocupantes al extremo de «criminalizar» la simple y llana protesta social. César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), en contacto con El Día, nos revela que la situación se agrava tanto que entre 2012 y 2015 se han registrado 200 muertos en América Latina, entre ellos líderes indígenas.
El experto nos revela cómo los gobiernos, sobre todo progresistas de la región, al agravar sus países aún más de la dependencia de las materias primas del gas, petróleo y minería, han acrecentado sus políticas extractivas en desmedro del medio ambiente y la convivencia pacífica de pueblos campesinos e indígenas. Señala que Bolivia no está exenta de esta realidad, cuando menos estos días en los conflictos de Achacachi, el Tipnis, entre otros el gobierno a todos aquellos sectores que cuestionan sus políticas son objeto de persecución, deslegitimación, criminalización.
P. ¿Lo que sucede en Bolivia es común en otras partes de la región?
C.P: Sin duda, los problemas con respecto al accionar de los gobiernos y su política asentada en el extractivismo también se comparten en toda la región. Por ejemplo, hay una gran indiferencia de las empresas mineras, apoyadas sutilmente por los gobiernos que menosprecia a los movimientos sociales que defienden derechos. En ese contexto, cualquier protesta social en defensa de sus derechos, termina siendo criminalizada.
El problema es que cada derecho que obtiene en un determinado país una empresa transnacional para explotar minerales y explorar campos gasíferos u otros, es a costa de alguna comunidad o pueblo indígena.
P. ¿Cómo podemos definir este fenómeno de la criminalización?
C.P: Nosotros, en el marco de la OCMAL, hemos definido como el uso de instrumentos legales que tiene el Estado para sancionar a quienes se oponen a la actividad minera. Según nuestro estudio se establece que gran parte de la criminalización de las protestas están en las comunidades indígenas.
Lo preocupante es que los Estados consideran cada vez más la protesta social como actividad peligrosa, subversiva y hasta terrorista.
P. ¿Cuál es el panorama de América Latina?
C.P: En términos de criminalización de las protestas sociales entre el 2012 y 2015 se han registrado 200 muertos en América Latina, pero a nivel mundial solamente el 2016 tuvimos 200 muertos, y en lo que va del año se han registrado más de 100 muertos.
En la región, los países con alto grado de violencia y criminalización de las protestas son Brasil, Honduras, Colombia y Perú. En cambio Ecuador, El Salvador, Chile y Bolivia, son países con menos violencia pero con alto grado de criminalización. Por ejemplo durante todo un gobierno anterior en el Perú (Ollanta Humala) se registraron 750 heridos y 50 muertos solo en protestas sociales de mineros.
P. ¿Cuál es la diferencia entre violencia y criminalización?
C.P: En realidad los objetivos son los mismos; solo los mecanismos son diferentes. El primer tipo se refiere a asesinatos, lesiones personales, golpizas, secuestros, retenciones ilegales, torturas, desplazamientos forzado y violencia contra los bienes de la víctima, llamadas intimidatorias entre otros. En cambio, la criminalización tiene que ver con detenciones y encarcelamientos arbitrarios, persecución judicial y administrativa, estigmatización mediática y persecución política a organizaciones y movimientos sociales vía represión de la protesta, violaciones a los derechos de información, incentivo a la división social entre comunidades, población local además de la militarización de los territorios y la privatización de la seguridad pública.
P. ¿Qué hacer con esta situación preocupante?
C.P: Exactamente, dado que el poder disentir y el poder manifestarse es un ejercicio democrático que hoy en día no se está reconociendo en nuestros países. Entonces el reto es que hay una gran oportunidad de poder consolidar un movimiento crítico al extractivismo en nuestros países y para luego articular uno más grande, con otros movimientos de América Latina. Ahora esa articulación entre todos en defensa de los derechos es posible mientras se sepa la dimensión de todo esto.
P. En Bolivia, las restricciones a las libertades parecen acentuarse más. ¿Cómo ve usted?
C.P: No va a poder durar por mucho tiempo. Todo tipo de medidas restrictivas hoy día van en contra de la corriente de los procesos de democratización. Si son medidas antidemocráticas van a ser retiradas o modificadas en un futuro inmediato.
Yo veo varias restricciones en Bolivia, si bien no es tanto como en Brasil u Honduras. Siempre existe el riesgo que esa situación se agrave.
P. ¿Cómo es eso que en Bolivia hay menos violencia pero más criminalización?
C.P: Es que hay muchas actividades que se interpretan como fuera de la ley, cuando en realidad deben ser interpretados como prácticas de una visión democráticas y de participación.
Eso es realmente preocupante, más aún cuando hay una tendencia creciente de atacar a los pueblos indígenas. Hoy en día son los que están pagando los costos del extractivismo.
P. ¿En ese contexto qué camino queda?
C.P: Hay dos cosas. Siempre existe la oportunidad de hacer mejor y cambiar una situación tan preocupante como el que describimos. Cada régimen que intente oprimir, lo único que va a lograr es activar y fortalecer la resistencia. Eso es casi un teorema: a mayor represión, finalmente mayor reacción.
Hay países que conocemos, donde ni siquiera imaginamos que haya reacción de las comunidades afectados por las políticas de los regímenes antidemocráticos, siempre surgen resistencia. Todos esos momentos ofrecen oportunidades y en ese contexto, tengo mucha confianza que más temprano que tarde esto debe cambiar.
Fuente:https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=235227