JESÚS GUERRERO / Publicada el 18/04/2014 08:51:22 p.m.
Ejidatarios de Guerrero cumplieron 18 días de bloqueo a la mina canadiense Goldcorp.
Los ejidatarios exigían subir la renta de las mil 200 hectáreas que hasta el 1 de abril alquilaban a la trasnacional, pero, debido a que no hubo acuerdo, rompieron pláticas y ahora exigirán la restitución de las tierras.
La minera extrae oro, plata y zinc de ese lugar.
Julio Peña Celso, presidente de la comisión de Vigilancia del Comisariado Ejidal, explicó que suspendieron las negociaciones debido a la soberbia del representante de operaciones de la trasnacional en México, Horacio Bruna Orchard.
Explicó que el 1 de abril, cuando estallaron su movimiento, el gerente de la minera, Francisco Ballesteros Corrales, les ofreció 4.5 onzas de oro por hectárea y un aumento anual de seis por ciento durante cinco años de renta.
Sin embargo, cinco días después, Horacio Bruna envío un escrito a los ejidatarios en el que les dice que la empresa sólo podrá pagar 3.5 onzas de oro por cada una de las mil 200 hectáreas.
A ello, dijo, se sumó que Goldcorp no ha cumplido un acuerdo del contrato pasado para construir un sistema de agua segura para la población, una vez que el manantial que abastecía al pueblo ahora lo ocupa la empresa en su patio de lixiviados.
Ahora, en asamblea, los ejidatarios acordaron exigir una indemnización por los daños ambientales que provocaron los trabajos de explotación de los minerales.
«Tenemos el presentimiento de que las enfermedades de la garganta que continuamente sufre la gente del pueblo principalmente niños y ancianos son provocadas por el polvo contaminado que arroja la empresa minera», mencionó.
Actualmente, habitantes de Carrizalillo bloquean los accesos a la mina e incluso entran a la planta de procesamiento, donde también hay policías privados contratados por la empresa.
«Acordamos que los policías permanezcan en las instalaciones para que la empresa no vaya a acusarnos de algún saqueo», expresó Julio Peña.
En un recorrido por la planta de procesamiento, los dirigentes del movimiento afirmaron que en el patio de lixiviados, donde se utiliza cianuro, existe el riesgo de un derrame hacia una barranca que va a dar a las aguas del río Mezcala.
«Estamos hablando de que se podría dar una tragedia ambiental de enormes proporciones y todo por la irresponsabilidad de la empresa canadiense», agregó Peña.
Por lo pronto, mientras continúan con su proceso judicial, familias enteras se han instalado en el bloque frente a la mina donde incluso están realizando sus actos religiosos de la Semana Santa, apoyados por el párroco del pueblo.
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