Alex Olivera
En México existen un número importante de megaproyectos de desarrollo que han incurrido en violaciones al marco legal ambiental, lo cual ha ocasionado graves deterioros ambientales y violaciones de derechos humanos. Obras como carreteras, presas hidroeléctricas, desarrollos inmobiliarios y turísticos, mineras, entre otros, son cuestionadas por diversos sectores de la sociedad cuando pueden ocasionar o cuando ocasionan daños a la población y al ambiente.
Para su aprobación, todos los megaproyectos deben de someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o de las autoridades ambientales locales. Sin embargo, es ampliamente reconocido que el procedimiento de EIA presenta graves fallas estructurales que no permiten el acceso efectivo a la información y la participación en la toma de decisiones sobre el proyecto en cuestión perjudicando la transparencia y la rendición de cuentas.
Algunas de las principales limitaciones del procedimiento de EIA son: a) la consulta pública no cumple con los estándares internacionales en materia, b) no se otorga el derecho de consulta a los ciudadanos, solo el derecho a solicitarla, c) no se establece un procedimiento especial de consulta cuando el proyecto impacta a territorio o recursos naturales de los pueblos indígenas, d) no se permite el efectivo acceso a la información del proyecto para afectados, e) no se prevé un mecanismo idóneo de notificación personal para los afectados, f) la publicación de los proyectos en la Separata de la Gaceta Ecológica no es un medio masivo de difusión, g) los plazos establecidos para promoventes y posibles afectados son inequitativos, h) no se evalúan los aspectos sociales de los proyectos, i) no se evalúan los perjuicios indirectos, j) no se permite negociación sobre la implementación y beneficios de los proyectos, k) las opiniones de autoridades y expertos no son vinculantes, l) no se verifica la información del promovente, m) existe discrecionalidad de la autoridad, es decir no se usan principios precautorio, de proporcionalidad y necesidad en la decisión sobre EIA.
Los proyectos con trascendencia ambiental en Baja California Sur han sido evaluados y aprobados bajo estos términos, o bien los que siguen en evaluación de impacto ambiental siguen el mismo camino. Por ello vale la pena hacer un recuento de algunos proyectos y el estado que guardan dentro de la EIA, comenzando con los autorizados en años recientes.
Mina Los Cardones, proyecto de extracción de oro de tajo a cielo abierto en Sierra La Laguna. La Semarnat autorizó su manifestación de impacto ambiental hace un año, justo un 12 de junio, contraviniendo el programa de manejo del área natural protegida, sin embargo, aparentemente no ha cumplido con todas las condicionantes de su autorización y no ha obtenido el Cambio de Uso de Suelo, trámite esencial para iniciar actividades para el cual se necesita comprobar la titularidad de los terrenos.
Playa Santos/Tres Santos, proyecto autorizado ilegalmente por Semarnat ubicado en Todos Santos. Contempla la construcción de 4 mil 500 unidades habitacionales en una superficie 400 hectáreas. Por la magnitud de las obras, la manifestación de impacto ambiental debió haberse presentado como regional y no particular. Así, ya han comenzado algunas obras.
Marina Azul, proyecto de 12 mil 500 cuartos en 500 hectáreas en la zona del coyote en La Paz. Consta de campos de golf, marina, hoteles y residencias. Al igual que Tres Santos la modalidad de la manifestación de impacto ambiental fue errónea y así fue aprobado por Semarnat. El proyecto todavía no comienza ninguna obra.
De los que se encuentran en evaluación de impacto ambiental es el proyecto Don Diego, cuyo promovente Exploraciones Oceánicas pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino para extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática en el Golfo de Ulloa, en BCS. Único y primero en su tipo a nivel nacional, Don Diego pretende extraer el mineral utilizando una barcaza y una draga submarina durante 50 años.
Mina el Arco, se trata de minería a cielo abierto de oro, plata y cobre que ha realizado actividades de exploración en la frontera de las Baja Californias y es promovido por Grupo México. Hasta la fecha no ha solicitado Cambio de Uso de Suelo ni ha sometido su manifestación de impacto ambiental ante Semarnat. Lo que sí han logrado es separar administrativamente el acuífero sobreexplotado de Vizcaíno.
Mina La Pitalla/San Antonio: A pesar de que ha hecho actividades de exploración minera, no ha sido autorizada su manifestación de impacto ambiental ni su cambio de uso de suelo. El proyecto, ubicado en los ejidos San Antonio y San Luis, a 41 km de La Paz, contraviene el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio, al no ser compatible actividades industriales como la explotación de oro a tajo abierto.
Si analizamos a detalle los resolutivos positivos y negativos expedidos por Semarnat, vemos pues que el marco legal provee de discrecionalidad a la autoridad inclusive para utilizar el mismo argumento, tanto para negar como para autorizar los proyectos. Es por ello que es urgente que el procedimiento de EIA sea reformado a la luz del nuevo artículo 1ro constitucional que fortalece la vigencia en México de los tratados internacionales de derechos humanos y que obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a velar por su vigencia y protección
Sin embargo, en lo que llegan las reformas de fondo a la EIA, la Semarnat actualmente tiene la posibilidad de hacer uso de los medios a su alcance, para lograr los objetivos de conservación que aspiren a proteger el derecho humano a un medio ambiente sano y el fin último del desarrollo sustentable, en vez de ponderar las razones políticas y económicas al momento de tomar decisiones, si no las utiliza así, no se tiene garantizado un futuro prometedor para los recursos naturales en el corto plazo
M. en C. Alejandro Olivera
@alejandroliverahttp://www.bcsnoticias.mx/fallos-en-evaluacion-ambiental-de-proyectos-en-bcs/