El extractivismo vulnera los Derechos de los Pueblos y de la Madre Tierra
Cada veinte años el consumo mundial de minerales se duplica. También nuestro consumo de energía sigue aumentando. Producimos una cantidad infinita de productos que llegan hasta nuestras tiendas y casas. La madera se encuentra en nuestros muebles, el hierro en nuestros coches, el gas natural para nuestra calefacción, el oro en nuestras joyas, el petróleo para nuestra gasolina, etc. Podemos continuar enumerando así mucho más. Aunque nos damos cuenta, en nuestra vida diaria utilizamos decenas de materias primas. (Doc. Campaña BD 2012).
Frente a este consumo ilimitado de los recursos naturales, principalmente por países desarrollados, actualmente existe una gran demanda de materias primas y metales preciosos en el mundo. Por tanto aumenta la presión y el interés de las grandes empresas transnacionales para expandir las actividades extractivas, sobre todo en América Latina. De esta forma, se pretende que continuemos siendo proveedores de materias primas.
Por historia conocemos que los países industrializados siempre han sido dependientes de las materias primas de los países llamados «subdesarrollados». Esta situación en la actualidad continúa. Por esa razón, muchos de estos países al igual que Bolivia, han sufrido fuertes impactos ambientales, sociales y económicos, generados por los proyectos extractivos. El modelo económico al que responde la extracción de los recursos minerales y energéticos en los países latinoamericanos no sólo genera movimiento económico, sino vulnera los derechos de los pueblos. Muchas de las comunidades y/o poblaciones son despojadas de sus territorios por los proyectos extractivos, en muchos casos son condenados a vivir bajo la contaminación ambiental y la pobreza, limitando de esa forma su propio desarrollo.
En los departamentos de Oruro y Potosí existen varias poblaciones y comunidades que viven esa realidad. La subcuenca de Huanuni en el departamento de Oruro, es una de las zonas con mayor contaminación minera, por eso el año 2009 fue declarada Zona de Emergencia Ambiental de carácter departamental, con aplicación en los municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó, mediante Decreto Supremo N° 0335, debido a la inminente afección a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y salinización de los suelos. Alrededor de más de 40 comunidades que sufren día a día los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad extractiva.
Muchas de las comunidades afectadas a lo largo de estos años han estado permanentemente denunciando, realizando inspecciones a los proyectos mineros y realizando gestiones ante las autoridades competentes, para ser escuchados y parar la contaminación ambiental, principalmente por las actividades mineras. Por estas acciones en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, muchos de los líderes y comunarios de estas zonas contaminadas, han sido y siguen siendo amedrentados, amenazados y restringidos a ejercer libremente sus derechos frente a las empresas mineras, incluso a las mismas autoridades. Estos líderes que defienden el medio ambiente y los recursos naturales son, en muchos casos, acusados de obstaculizar el desarrollo del país. Si bien el gobierno, en su esfuerzo de generar crecimiento económico, opta por la explotación de los recursos naturales, debe respetar los derechos de los pueblos, la normativa ambiental, la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales.
Actualmente nuestro país sigue dependiendo de las industrias extractivas (minería e hidrocarburos). La dependencia económica por la exportación de materias primas puede, a corto o mediano plazo, poner en riesgo la estabilidad económica del país. Si bien la renta captada por las actividades extractivas en los últimos años se ha incrementado, esto se debe a la subida de los precios a nivel mundial. Desde esa perspectiva, nuestra economía tiene una dependencia fuerte al comportamiento de los precios en los mercados internacionales, lo que le hace más vulnerable.
Ante esta realidad, es fundamental que el gobierno incorpore políticas públicas para diversificar la economía del país, no podemos depender de las actividades extractivas (minería e hidrocarburos), es decir, de la exportación de materias primas. Peor aun cuando estas actividades traen graves problemas al medio ambiente, además que vulneran los derechos colectivos de los pueblos. Es una necesidad generar un amplio debate sobre nuevas alternativas al modelo de desarrollo, para restablecer la armonía con la Pachamama y retomar los postulados del «vivir bien».
Por tanto es muy importante fortalecer las capacidades de los actores sociales, urbanos y rurales, para enfrentar a las transnacionales que quieren nuevamente apropiarse de nuestros recursos naturales, como históricamente lo han hecho. Es hora de decir alto a las transnacionales, no más saqueos, no más pobreza, podemos nosotros diseñar nuestro propio modelo de desarrollo. Es un debate y construcción que nos concierne a todos.