La decisión de un tribunal chileno de suspender la construcción un proyecto minero de 8.000 millones de dólares de la Barrick Gold Corp., en Los Andes, es uno de varios reveses sufridos por la empresa especializada en la extracción de oro más grande del mundo.
Barrick enfrenta seria resistencia por cuestiones ambientales en Argentina, donde se encuentra parte de la reserva de Pascua-Lama, y en la República Dominicana, cuyo gobierno insiste en reformular el contrato con las regalías de la mina Pueblo Viejo, una inversión de 4.000 millones de dólares.
Los problemas que encara la compañía canadiense reflejan los crecientes riesgos para la actividad minera en América Latina, donde las autoridades están reconsiderando temas como las regulaciones y los impuestos que se fijan a esa industria. Están empeñadas en quedarse con un porcentaje mayor de las ganancias y proteger al mismo tiempo los recursos naturales.
En país tras país, las empresas mineras más grandes se ven obligadas a satisfacer nuevos stándards ambientales, a adaptarse a nuevas normas sobre divisas e impuestos y a defender contratos a largo plazo que creían seguros.
Newmont Mining Corp., empresa con sede en Denver, tiene estancado su proyecto de Minas Conga, de 5.000 millones de dólares, en Perú por violentas protestas sobre su supuesta contaminación de las aguas. La compañía brasileña Vale SA invirtió 2.200 millones de dólares en la construcción de una mina, un ferrocarril y un puerto en Argentina, pero tuvo que abandonar el proyecto el mes pasado por la creciente inflación y los férreos controles de las divisas.
«Hay creciente inquietud en torno a los niveles de vida y cuestiones ambientales. Al mismo tiempo, los gobiernos son presionados para obtener más ganancias de la minería, mejorar la educación, la salud y otros servicios», expresó Risa Grais-Targow, analista del Eurasia Group especializada en América Latina.
«Perú ha experimentado un crecimiento excepcional, pero muchos creen que no se han beneficiado de ello. La mayor parte de los conflictos giran en torno al agua, mientras que en Chile hay una creciente clase media preocupada con el medio ambiente», acotó.
El fallo en contra de Barrick del miércoles en Copiapó, Chile, hizo que las acciones de la empresa cayesen un 6% y alcanzasen su nivel más bajo en cuatro años. Las acciones se recuperaron un poco el jueves, subiendo 27 centavos de dólar, o el 1,1%, hasta cotizarse a 24,73 dólares.
Los ministerios del medio ambiente y de minería chilenos han apoyado la suspensión de los trabajos en la mina ubicada a unos 5,000 metros de altura. Los detractores del proyecto dicen que la construcción hizo que cayera mucho polvo en los glaciares vecinos Toro 1, Toro 2 y Esperanza, acelerando su deshielo, y que además amenaza el río Estrecho, que abastece de agua a la comunidad indígena Diaguita.
Barrick dijo en un comunicado que «trabaja para solucionar los requerimientos ambientales y otros regulatorios para satisfacción de las autoridades chilenas». Pero insistió en que va a continuar con el proyecto en Lama, del lado argentino, donde la minería está regulada por los gobiernos provinciales, no por el gobierno central.
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