“En el Museo Canadiense de la Naturaleza abre sus puertas el “Salón Barrick Gold”
Para demostrar compromiso con su concepto “ambientalista” y de conservación de los bienes naturales del planeta, la transnacional minera canadiense Barrick Gold no duda en gastar algunos dólares.
Su imagen, y la del propio país que cobija sus intereses, Canadá, no transmiten confianza de proteccionismo y sostenibilidad ecológica. Qué mejor entonces que comprar los derechos del nombre del salón más visitado del Museo Canadiense de la Naturaleza, invirtiendo un millón de dólares. El espacio, diseñado en forma circular con ventanas de cristal del piso al techo, se llamará a partir de ahora “Salón Barrick Gold.”
Pocas horas antes de recibir los honores y pergaminos por la altruista decisión, chocaron los ejecutivos de Barrick con una movilización del activismo anti mega minero, organizada por los numerosos grupos ecologistas de Canadá que protestan por el cambio de nombre de una de las salas del museo a favor de una de las empresas que más destrucción de territorios y contaminación provoca en los cinco continentes.
Las autoridades del museo lo explican desde una visión más mercantil. Conciben la inversión de la minera como una suerte de patrocinio porque “se necesita el dinero para exposiciones”. Elizabeth McCrea, responsable de comunicaciones de la dirección del museo sostuvo que “siempre estamos buscando dinero para la renovación y puesta de las exposiciones, y este patrocinio es una de las formas”.
Recordemos que Barrick hace inversiones semejantes hasta en las Naciones Unidos para que en el marco de esa institución se le otorguen condecoraciones por su declamado «buen uso del cianuro”. Además, pergaminos a la popularidad que apuntalan una debilitada responsabilidad social empresaria (RSE), son comprados por Barrick al mismo tiempo que publicita con frecuencia el reconocimiento ISO 14001 en Sudamérica, queriendo demostrar óptimos niveles en el sistema operativo de sus plantas extractivas de la región.
Sin embargo, la transnacional de Toronto tuvo que hacer fuerte lobby para frenar el proyecto de ley C 300 que ya tenía medía sanción en el Parlamento de Otawa, preocupada por las normas legales a la que se someterían estas empresas. La ley canadiense, que finalmente no fue sancionada fijaba normas sobre los derechos humanos, los derechos laborales, y el medio ambiente, ítems que las empresas extractivas canadienses que reciben apoyo del gobierno deberían respetar al operar en países en desarrollo (así se expresaba el proyecto de ley). Además contemplaba un mecanismo de denuncias que permitiría a los miembros de las comunidades afectadas en el extranjero, y en Canadá, incriminar a empresas que estarían violando esas normas; y finalmente fijaba una posible sanción del gobierno hacia las compañías que se encuentran fuera del cumplimiento de las normas, retirándoles el apoyo financiero y político.
Las corporaciones lograron su objetivo y la ley jamás fue sancionada.