A las dificultades ambientales que enfrenta el proyecto minero binacional Pascua-Lama, la canadiense Barrick sumará una nueva arista: la tributaria.
Esto porque la compañía se acogió a beneficios para exportadores, sin embargo, la suspensión de la iniciativa pone en peligro que cumpla con los plazos acordados con la autoridad, por lo que se verá obligada a devolver más de S$ 400 millones, sumado a reajustes, intereses y multas, lo que podría elevar el monto al doble, según estiman expertos.
De acuerdo a información oficial de la canadiense, Pascua-Lama recibió US$ 403 millones en devoluciones de IVA por parte del Estado chileno, los que deberán ser reintegrados de no estar en producción la mina el 30 de junio de 2018.
Dada la suspensión temporal de la iniciativa, en la empresa tienen claridad que no será posible cumplir con la fecha estipulada, por lo que “Barrick espera poder extender el plazo de 2018 para evitar la devolución de estas cantidades”, informaron en su reporte financiero al tercer trimestre.
Según conocedores de la industria, Pascua-Lama se acogió a beneficios económicos establecidos en el decreto supremo 348 de 1975 que entrega créditos fiscales para exportadores de bienes. En la normativa, los futuros exportadores pueden solicitar devoluciones de IVA anticipadas para compra de bienes necesarios para establecer la actividad económica que sustentará la exportación.
La normativa establece que, en este caso Barrick, puede pedir al Ministerio de Economía una extensión del plazo “al menos con 30 días de anticipación a su vencimiento”. El documento recalca que la petición debe estar documentada y “que se concederá cuando existan razones fundadas y debidamente acreditadas”.
Un abogado experto cuenta que este instrumento es utilizado por gran parte de la minería en el país y es una incentivo para fomentar la actividad exportadora. Para el caso de Pascua-Lama, opina, la compañía tendría argumentos para lograr una extensión de plazo, aunque esta tampoco puede ser “indefinido”.
Otro abogado de la plaza coincide con los argumentos que tendría la canadiense, pero “desde Impuestos Internos, si pasa mucho tiempo, puede inquietarse por esta situación. No es cómodo tener plata sin cobrar”, grafica.
Tampoco se puede descartar, dicen, que debido a los problemas de la iniciativa, esta finalmente no entre en producción. ¿Qué pasaría en este caso? El monto que debería pagar es mucho mayor, porque a la devolución de US$ 403 millones, se sumaría el reajuste, intereses del 1% mensual y las multas que pudieran aplicarse. “Las multas, junto con los reajustes e intereses, de Impuestos Internos son altísimos, pueden ser el doble o en algunos casos cerca del triple del monto original”, dice un abogado tributarista.
Operativa del mecanismo
El objetivo del decreto es entregar beneficios a los exportadores, debido a que estos productos no se les aplica IVA y, por ello, las empresas que se dedican a este rubro no pueden obtener crédito fiscal.
Las compañías no exportadoras descuentan el IVA de los productos adquiridos y sólo pagan el diferencial del gravamen de los artículos comercializados, lo que no pueden hacer las exportadoras.
Por eso el decreto 348 permite que estas compañías puedan recibir devoluciones de IVA con la presentación de las facturas de exportación, pero también existe la posibilidad para proyectos que todavía no hacen envíos, se les pueda devolver de manera anticipada. A este mecanismo fue el que se acogió Barrick para Pascua-Lama.
El momento del megaproyecto
Suspendido temporalmente. Ese es el actual estado del megaproyecto binacional de oro, plata y cobre Pascua-Lama, emplazado -por el lado chileno- en la Región de Atacama. La decisión le permite a la canadiense Barrick disminuir los costos del proyecto, enmarcado en la agresiva cam- paña de la firma por disminuir su deuda. Aunque esto posibilita bajar costos en la obra, deben mantener las obligaciones ambientales establecidas por la autoridad. «Estamos en un proceso de reducir muy significativa- mente nuestros costos de holding en Pascua-Lama. Ha sido un objetivo clave en los últimos meses y durante la semana pasada presentamos ante las autoridades regulatorias una suspensión temporal del plan», explicó en septiembre el presidente de la minera, Kelvin Dus- hnisky, durante una conferencia con inversionistas del banco de inversión Bank of America Merrill Lynch. Además, la empresa está a la espera de una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la que está reformulando la sanción que aplicó al proyec- to en mayo de 2013, que alcanzó a 16.000 UTA (unos US$ 16 millones de la época). El proceso se reabrió después de una serie de im- pugnaciones ante el Tribunal Ambiental de Santiago, el que finalmente declaró la ilegalidad de la sanción aplicada y obligó a rehacerla. Según ha explicado la SMA, este nuevo proceso no sólo incluye multar por cada una de las infracciones detectadas por separa- do, sino que se abre a todo el espectro de sanciones contempladas en la legislación, es decir, se arriesga perder incluso, en el peor de los escenarios, el permiso ambiental.