El análisis de la firma nace luego de la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente y el estudio de una opción de desarrollo minero subterráneo.
Jueves 08 de Febrero de 2018.- La resolución de clausura total y definitiva que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) decretó sobre el proyecto minero binacional Pascua-Lama reforzó la idea de la canadiense Barrick de explorar una alternativa de desarrollo subterráneo.
Por esto, y según comunicó la minera a través de un comunicado, está reclasificando las reservas probadas y probables de Pascua-Lama de aproximadamente 14 millones de onzas, que se basan en un plan de mina a cielo abierto, como recursos medidos e indicados.
Como resultado de este análisis y de la clausura de las actuales instalaciones, la firma realizará una pérdida contable de US$ 429 millones antes de impuesto.
Sin embargo, mantiene la esperanza de poder desarrollar el proyecto y reforzó la opción de asociarse con la firma china Shandong para seguir adelante con una iniciativa subterránea.
“La resolución no afecta la evaluación continua de la compañía de una operación subterránea de excavación en bloques de Pascua-Lama, que requeriría permisos adicionales y aprobaciones regulatorias tanto en Argentina como en Chile, independientemente de la reciente decisión de la SMA. En cualquier escenario subterráneo, Barrick también cerraría las instalaciones del sitio y las alteraciones de la superficie en Chile, que no son necesarias para una mina subterránea”, señaló.
Agregó que “un cambio a una operación subterránea resolvería una serie de inquietudes de la comunidad al reducir significativamente los impactos ambientales generales del proyecto, en comparación con una operación a cielo abierto”.
Recalcó que “además, una operación subterránea sería menos susceptible a los impactos en la producción relacionados con el clima durante el invierno”.
La iniciativa ya había sido sancionada por la SMA en 2013; sin embargo, el tribunal ambiental decretó que la agrupación de infracciones que se utilizó en el fallo no se ajustaba a la ley, por lo que instruyó un nuevo proceso en donde se considerara cada falta de manera independiente.
Así, y luego de años en tramitación, la Superintendencia del Medio Ambiente emitió su resolución que incluyó un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves. Asimismo, se aplicaron diversas multas a un total de 24 infracciones, las que sumaron US$ 11,5 millones.