En la Sala Constitucional de la Corte Suprema se escucharon este lunes nuevos alegatos relativos el cuestionado proyecto minero Pascua Lama, impulsado por la trasnacional Barrick Gold en la Región de Atacama, con una inversión estimada en 3.000 millones de dólares.
En representación de la compañía el abogado José Antonio Urrutia pidió a la Suprema que ratifique la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que a mediados de julio paralizó el proyecto, exigiendo que se cumplieran todas las medidas de mitigación contempladas por la regulación medioambiental.
Tras realizar una inédita inspección a más de 4.000 metros de altura, la Corte de Copiapó dijo que Barrick no cumplió con las obligaciones comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental de 2006, e indicó que las obras no podían continuar mientras no estuvieran éstas cubiertas.
«La empresa ha reconocido que ha cometido infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental. Por lo tanto, creemos que ese fallo está ajustado a derecho y estamos solicitando que se confirme el fallo emitido por la ilustre Corte de Apelaciones de Copiapó», dijo el abogado Urrutia.
«Como empresa esperamos ahora hacer las cosas bien. Estamos cumpliendo con todo lo que nos dice la autoridad, con todos los requerimientos, y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que este proyecto se haga con pleno cumplimiento y apego a la legislación vigente, a las resoluciones administrativas y a lo que disponga la autoridad y las comunidades vecinas», añadió el jurista.
subir Comunidades: El proyecto es inviable
Mediante esta vía Barrick busca oponerse a la solicitud de las comunidades diaguitas demandantes del Valle del Huasco, que están pidiendo que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental.
«Consideramos que se debe aplicar el Convenio 169 de la OIT, por cuanto en el año 2006 no hubo consulta alguna a los pueblos originarios diaguitas de la zona. Lo que procede en esta época es recalificar el proyecto», argumentó Inti Salamanca, abogado represetante de las comunidades.
«Han transcurrido ya seis o siete años desde la revisión del proyecto, el año 2006, y hoy día tenemos graves impactos ambientales, que ya fueron constatados por la Corte de Apelaciones», resaltó el querellante, que subrayó que para él y sus clientes «el proyecto en realidad es inviable».
Para Salamanca la «estrategia» de Barrick Gold apunta a seguir adelante con el proyecto sólo cumpliendo con las disposiciones ambientales fijadas hace años.
También presente en la audiencia, el abogado Edesio Carrasco, del Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, defendió el actuar de este organismo.
«Aquí se han alegado ciertas omisiones por parte de la Comisión en orden a sancionar al proyecto, pero eso se ha hecho: hay seis procedimientos sancionatorios resueltos ya. Hay incluso un procedimiento paralelo a éste ante el Segundo Tribunal Ambiental. Por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado desde el inicio es que la comisión ha actuado y ha actuado bien, toda vez que ha impuesto sanciones dentro del ámbito de su competencia», indicó Carrasco.
El proyecto Pascua Lama, una mina de oro a tajo abierto situada a 4.000 metros de altura, debiera comenzar a operar en el segundo semestre de 2014 si las resoluciones son favorables para Barrick.
Por ahora la Corte Suprema decidió dejar en suspenso su fallo, a la espera de que se cumplan las medidas de mitigación exigidas, y que la empresa reconoció haber ignorado.