Un verdadero festín de concesiones mineras, metálicas y no metálicas, se habría en el país, con la confabulación de falsos inversionistas del ramo y funcionarios corruptos de la administración pública.
EL HERALDO supo que estas concesiones habrían sido otorgadas, muchas de ellas, con la velocidad de un rayo, por lo que ahora se investiga a los funcionarios que se prestaron para cometer esta nueva anomalía.
De estas irregularidades ya estaría informado el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, quien habría ordenado una exhaustiva investigación que conlleve al castigo de los responsables y a la cancelación de todas las concesiones viciadas de irregularidades.
En ese sentido, EL HERALDO supo que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) ya investiga 259 concesiones mineras cuyos permisos de exploración o de explotación habrían sido obtenidos de manera irregular.
Las concesiones
El primer aspecto que se está analizando es la parte jurídica, si las concesiones fueron tramitadas con base en la nueva ley, que deja importantes dividendos al Estado y a las municipalidades, o con base en las leyes anteriores, que nada o poco dejaban al país.
Entre las 259 concesiones mineras hay 98 que son metálicas (oro, plata) y 161 no metálicas (arena, grava, yeso, piedras).
Lo primero que encontraron los técnicos entre las 98 concesiones mineras de carácter metálico es que los sitios adjudicados fueron abandonados por los inversionistas, supuestamente a la espera de venderlos a otros empresarios y sacar ganancia sin dejar nada al Estado.
De este tipo de casos fueron detectados 22, lo que motivó a cancelar los permisos, informó a EL HERALDO Carlos Pineda Fasquelle, viceministro de Ambiente y Minas.
De manera minuciosa se están investigando las otras 76 concesiones metálicas.
Las otras 161 concesiones no metálicas están pasando por el mismo esquema de investigación.
Honduras es un país rico en recursos naturales a pesar de haber sido saqueado durante los trescientos años de la conquista española y la posterior presencia de aventureros que gozaron de jugosas concesiones otorgadas por los gobiernos de turno.
Cuando las autoridades de aquellos tiempos se enteraron que era necesario crear un marco jurídico, crearon un Código Minero (vigente desde principios del siglo pasado), posteriormente una Ley General de Minas, que estuvo vigente hasta abril del año pasado, y la recién creada Ley General de Minería.
Los dos primeros cuerpos jurídicos daban luz verde para otorgar concesiones de exploración y de explotación al mismo tiempo. Ahora, con la nueva ley, la exploración es una cosa y la explotación otra y ambas requieren de licencia ambiental.
Antes de que entrara en vigencia la Ley General de Minería, las comunidades solo tenían derecho a presenciar la explotación inmisericorde de sus recursos, algunos bajo la modalidad de cielos abiertos, con los consecuentes daños al ambiente y a la salud.
Ahora, con la nueva ley, si las comunidades no están de acuerdo no hay explotación. Incluso, las comunidades pueden aprobar o improbar la modalidad a utilizar.
Diferencia
Otra diferencia con las leyes anteriores es que la actual fija el pagadero de un canon según el área asignada y el pago del dos por ciento de las exportaciones a las municipalidades y otro dos por ciento al Estado (al Instituto Hondureño de Geología y Minas). También las empresas constituidas pagan impuesto sobre la renta.
A la fecha, con la entrada en vigencia del nuevo cuerpo jurídico, el Instituto Hondureño de Geología y Minas recibió ingresos por 53 millones de lempiras resultado de la exportación, hasta abril de este año, de 380 millones de dólares en minería metálica y no metálica.
Las primeras dudas que motivaron una intervención en las decenas de expedientes de exploración y explotación se basan en que algunas concesiones pudieron haber sido otorgadas tomando en cuenta las antiguas regulaciones jurídicas para evadir el pago de impuestos.
“Este es un escenario que hay que estar atentos porque ninguna ley es retroactiva, excepto el Código Penal”, recordó el viceministro de Ambiente y Minas, Pineda Fasquelle. “En el Código Minero no se diferenciaba, una concesión era para explorar y explotar al mismo tiempo. En la Ley General de Minería -que estuvo vigente hasta abril del año pasado- también las concesiones eran de exploración y explotación”, dijo el funcionario.
“Hay evidencia”, puntualizó, “de que en diez minutos alguien recibió diez solicitudes”.
Se le preguntó si sospecha que pudo haber dinero bajo la mesa o comisiones.
“Cuando hay gente corrupta hay dos: el corruptor y el que acepta el soborno. Eso es difícil comprobarlo, generalmente la gente que actúa así no deja huella”.