Escribe: Emma Gómez M.
El 5 de junio es una fecha que ningún peruano debe olvidar. Hace 4 años se dieron los trágicos sucesos de Bagua que cobraron la vida de 33 personas y una persona desaparecida. Son muchas las lamentables consecuencias de estos hechos: procesos judiciales que no ha seguido el debido proceso, funcionarios que dieron las órdenes de las acciones de represión que no han recibido las sanciones correspondientes.
A raíz de los hechos de Bagua, se abrió el espacio para discutir la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Luego de un largo proceso, en setiembre de 2011, el presidente de la República promulgó la Ley de Consulta Previa y en abril de 2012 se aprobó su reglamento.
Estas medidas fueron felicitadas desde todos los sectores y fueron reconocidas por la comunidad internacional como un gran avance en la política peruana sobre pueblos indígenas. Era un primer gran paso, que parecía dar inicio a una etapa seria de reconciliación entre el Estado y las comunidades nativas a nivel nacional.
Los hechos posteriores han ido diluyendo el entusiasmo inicial y haciéndonos caer en una realidad que aún es lejana a entender que el Perú es un país pluricultural y que los pueblos indígenas deben participar en los procesos de toma de decisión que les afectan.
Algunos hechos preocupantes:
* Las declaraciones del propio presidente Ollanta Humala señalando que el derecho a la consulta previa beneficiaría a los pueblos no contactados, excluyendo a las poblaciones procedentes de las comunidades campesinas que constituyen la mayoría de la población indígena del país.
* El presidente también ha señalado que es deber del gobierno “mantener un equilibrio frente a la presión de determinadas ONG que veían en esta ley un mecanismo de poder frente al Estado, frente a las empresas y de poder frente a los cooperantes extranjeros para pedirles más plata”.
* Anuncios de eximir del proceso de consulta a 14 proyectos mineros.
* El retroceso en la publicación de la base de datos de pueblos indígenas.
Esto devela que el actual Gobierno sigue sin entender el derecho a la consulta en su real dimensión y lo sigue viendo como un obstáculo para la inversión. Los logros a la fecha han sido más formales que reales y las demandas de los pueblos indígenas siguen sin ser atendidas, agudizando en muchos casos las situaciones de tensión en todo el territorio nacional. Además se han dado declaraciones de ex autoridades y del propio sector empresarial que han señalado que la ley de consulta atrasa las inversiones(1) o que han considerado que la ley es “una trampa en la que se ha metido el Estado”.
Mientras no se entienda que el derecho a la consulta es un proceso de diálogo intercultural, y no una traba para las inversiones, son pocos los avances que se puedan lograr en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y en un reconocimiento de los mismos como ciudadanos, con pleno derecho a ser consultados y dar su consentimiento sobre los proyectos que afectan sus vidas.