Giselle Salazar Blanco
El pasado 05 de junio se recordó el conflicto en Bagua, el cual caló profundamente en nuestro país por las consecuencias lamentables que trajo y por la intencionada «sordera» del gobierno
de entonces ante la fuerte y contundente voz de las poblaciones amazónicas de ser incluidas en la toma de decisiones que afectan sus territorios.
Así Bagua, entre otros aspectos, puso en evidencia la no existencia de canales de diálogo legítimos y una institucionalidad que aborde los conflictos en nuestro país. Bagua nos hizo ver las consecuencias de la implementación de una errónea estrategia represora que logró finalmente acentuar el uso de la violencia y que terminó con el saldo lamentable de 34 muertes, entre comuneros y policías.
¿Qué nos quedó después de Bagua? La necesidad urgente de implementar una política e institucionalidad efectiva, de prevención, atención, solución y transformación de los conflictos, que paulatinamente erradicara dentro del imaginario social el mecanismo de la violencia como única forma de atención y solución a demandas legítimas. En ese sentido, las señales claras de un gobierno con voluntad política para abordar los conflictos deben basarse en la implementación de espacios de diálogo efectivos y legítimos, con interlocutores representativos.
Los actuales sucesos de Espinar y Cajamarca nos hacen reflexionar sobre los mismos temas. ¿Se han abierto canales democráticos y genuinos de participación de las poblaciones en la toma de decisiones que tengan que ver con sus territorios, modos de vida y conceptos de desarrollo? ¿Cómo evaluar las actuales respuestas del gobierno que priorizan el uso desproporcionado de la fuerza y las detenciones arbitrarias? ¿Podemos garantizar canales de diálogo efectivo, cuándo las autoridades que representan las demandas de las poblaciones han perdido su libertad? ¿Hemos aprendido algo de Bagua?
Es importante resaltar que para afrontar una política efectiva de diálogo, el gobierno debe de atender las causas estructurales de los conflictos traducidos en las agendas y reivindicaciones legítimas de las poblaciones. Por ejemplo, se necesita contar con una institucionalidad ambiental fortalecida, transparente y objetiva, que asuma de manera preventiva y sancionatoria los impactos de las actividades en sus territorios.
También es urgente reconocer, impulsar y promover las herramientas de ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y económica dentro de un proceso de descentralización como instrumentos preventivos; implementar instrumentos como la Evaluación Ambiental Estratégica que nos mide las políticas, programas y planes con una mirada previa de impactos acumulativos, entendiendo al tema ambiental como una condición sin la cual no se podría hablar de desarrollo sostenible en el país.
Recordando también el Día del Ambiente, es necesario señalar que la sociedad demanda que el Estado tome decisiones que tengan una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo y con un claro enfoque de derechos. Además se debe sincerar y reconocer a las actividades extractivas como intervenciones de alto riesgo que impactan directamente al ambiente y que obligan al diseño de políticas de control efectivas y una institucionalidad ambiental fuerte, coherente y transparente, base de cualquier estrategia que busque el desarrollo sostenible en nuestro país.