25 de junio 2011
Víctor Ortega Vargas
Hoy se hará oficial la derogatoria del Decreto Supremo N° 083-2007, que será publicado a través del diario oficial El Peruano, luego que se sostuviera extenuantes y agotadoras jornadas de diálogo entre los miembros del Ejecutivo y los dirigentes aymaras en la ciudad de Lima, mientras en la región se suscitaba la huelga antiminera.
Fueron más de 10 horas de negociaciones entre ambas partes, que culminaron cerca de las 3:00 horas de la mañana del jueves. El acuerdo fue sellado con un fuerte apretón de manos entre el viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala y el líder aymara, Walter Aduviri Calisaya, en la sede del MEM en Lima.
Con esta derogatoria se pone fin al proyecto minero Santa Ana, que pretendía extraer plata de las entrañas del distrito de Huacullani, en la provincia de Chucuito-Juli. Asimismo, se aplicará el procedimiento de Consulta Previa para las actividades mineras y petroleras en el departamento de Puno, según normas que también serán oficializadas hoy en El Peruano.
Este constituye un gran paso para las poblaciones aymaras, que desde el pasado 9 de mayo iniciaron una huelga indefinida en la zona sur de la región, exigiendo la cancelación de las concesiones mineras, y el retiro de la mina Santa Ana.
Finalmente, el Gobierno cedió a los pedidos del retiro de la mina Santa Ana, perteneciente a la empresa Bear Creeek Mining Company, a la cual, días atrás el congresista por Puno, Yonhy Lescano Ancieta, denunció haber obtenido la concesión en medio de una serie de irregularidades.
La derogatoria de este Decreto se hace después de más de 35 días de iniciada la paralización en la región por parte de los pobladores de la zona aymara en Puno. Asimismo, se dispondrá que los procesos, procedimientos, títulos de concesiones mineras y el otorgamiento de derechos de exploración y explotación de hidrocarburos existentes en Puno, no autorizan por si mismos a realizar actividades mineras, petroleras, ni de exploración y explotación.
Sino que todas estas previamente deberán ser sometidas a un proceso de consulta con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente, en el marco del Convenio 169 de la OIT y la Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas y según lo determine el Ministerio de Cultura.
De otro lado, se dispone también que las concesiones mineras vigentes y para el otorgamiento de derechos de exploración y explotación de hidrocarburos ubicados en Puno, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) coordinará con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura a efectos de una adecuada determinación de los pueblos indígenas que deberán ser materia del proceso de consulta dentro del marco del Convenio N° 169.
Asimismo, el MEM ampliará los alcances de la Resolución Suprema N° 131-2011-PCM a efectos de estudiar y proponer las acciones pertinentes respecto a los derechos de exploración y explotación de hidrocarburos ubicados en las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo.
En el mes de mayo pasado, el Poder Ejecutivo formó una Comisión Multisectorial, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM), encargada de estudiar y proponer en un plazo de 180 días, las acciones pertinentes respecto a las concesiones mineras en las provincias de Chucuito y Yunguyo, ubicadas en el departamento de Puno.
SANTA ANA AMENAZA INICIAR ACCIONES LEGALES
Por su parte, ante el anunció de la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007, que le quitaría también la concesión minera a Santa Ana, los representantes de la minera Bear Creek Mining Company en el Perú, salieron al frente para anunciar que iniciarían acciones legales contra el gobierno si es que el proyecto es anulado.
Andrew Swathouth, ejecutivo de la empresa canadiense en el Perú, dijo que su empresa tiene un fuerte recurso legal si el proyecto es anulado o suspendido por más tiempo. Dijo asimismo, que aún el gobierno no les comunicó, ni les notificó la decisión.
El Gobierno peruano ya había aplazado el estudio de impacto ambiental de Santa Ana por 12 meses en un intento por aplacar las protestas, lo que había golpeado las acciones de la empresa, que el viernes operaban con leves cambios en sus inversiones.
Bear Creek tenía previsto desarrollar desde el 2012 la mina Santa Ana, donde planeaba invertir unos 71 millones de dólares y producir 5 millones de onzas de plata en los primeros seis años. Asimismo, tiene en la zona norte de Puno, el proyecto Corani en Macusani, que se encuentra en estudio de factibilidad y cuenta con reservas por 258 millones de onzas de plata.