Derivado de las leyes secundarias en materia energética se prevé que la actividad minera se extienda más allá del 16% del territorio nacional que actualmente ocupa, pero también es de esperar que esta expansión detone los conflictos sociales, principalmente en zonas indígenas del país.
En las últimas dos décadas, cuando la cifra de concesiones mineras se incrementó hasta nueve veces, se gestaron en el país 28 conflictos sociales relacionados con la contaminación del agua y zonas agrícolas de distintas comunidades agrarias del país.
De acuerdo con el informe “La Minería en México”, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas –dependiente de la Secretaría de Gobernación- estos conflictos crecieron debido a la falta de una reforma a la Ley Minera y de una legislación que establezca la obligación de realizar una consulta previa con las comunidades antes de autorizar un proyecto.
La actual reforma a la Ley Minera que se discute en la Cámara de Diputados no atiende este señalamiento, ya que está más encaminada a “poner orden” en la explotación de hidrocarburos.
“La legislación vigente le da a las empresas mineras la oportunidad de sacar provecho del gas que encontraban en sus yacimientos, pero ahora el gas y el petróleo serán regidos únicamente por la ley de hidrocarburos”, señaló Francisco Cravioto, del Centro de Investigación y Análisis Fundar.
La nueva legislación permite la entrada de privados a la explotación de hidrocarburos y varias empresas mineras ya mostraron su interés por incursionar en esta actividad.
Cravioto previó que la industria se expanda a estados donde esta actividad no se ha explotado, como son los del norte, lo que significa una amenaza tanto para el medio ambiente como para las comunidades agrarias.
José Durán Vera, secretario del Consejo Agrario Permanente (CAP), explicó que figuras como la “ocupación temporal” y la “servidumbre legal” planteadas dentro de las leyes secundarias de la reforma energética ponen en peligro la protección de las tierras y ejidos agrarios, al dar prioridad a la utilidad pública de hidrocarburos por encima de la propiedad superficial.
“Ya no hay protección del Estado sobre la tierra social, ahora está la imposición de servidumbre legal de hidrocarburos que, administrativa o judicialmente, terminarán por afectar los terrenos ejidales”, dijo
Durán Vera previó que con estas modificaciones la minería se consolidará en 26 estados de la República y las concesiones para esta actividad podrían cubrir hasta 25% del territorio nacional.