La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados recibió este miércoles a autoridades municipales y al grupo de ciudadanos que se oponen a los decretos de la Junta Departamental de Tacuarembó, por los que se declara prohibida la explotación minera metalífera de gran porte y se declara reserva ambiental a toda la zona rural del referido departamento.
Cuando salga de la comisión para ser considerado por la Asamblea General, tendrá un informe en mayoría y otro en minoría, ya que las opiniones están divididas.
Si los mismos legisladores que votaron la Ley de Minería, votan contra los decretos municipales como el de Tacuarembó -pero que también han respaldados las juntas departamentales de San José y Lavalleja-, no se podrá impedir que las mineras se instalen con iniciativas locales.
Al día de hoy, hay dos recursos interpuestos por el artículo 303 de la Constitución que dice que «los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, serán apelables ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el departamento».
Los defensores del recurso que se presentaron este miércoles ante la Comisión son el Frente Amplio, el PIT-CNT, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), un edil del Partido Nacional, dos sociedades de fomento rural que representan a pequeños productores y ciudadanos particulares, promovidos por el diputado tacuaremboense, Edgardo Rodríguez del MPP.
El legislador dijo a El Espectador que no todo el mundo se opone a la minería.
«Hay productores que les viene recontra bien que Ancap esté trabajando ahí, porque es un buen dinero el que reciben por ese tipo de tareas en esos predios. Entonces no todo el mundo está en una situación contraria en ese sentido», argumentó Rodríguez.
El diputado oficialista Jorge Orrico, integrante de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados dijo que no hay sustento legal para defender los decretos municipales.
Orrico opinó que se hace política con el discurso de las “autonomías municipales”.
«La producción minera y todo lo que a ella atañe está en manos del Estado, persona jurídica mayor que los departamentos (…) Yo creo que estos recursos se van a aprobar y en consecuencia va a quedar sin efecto lo dispuesto por la Junta Departamental de Tacuarembó», dijo el representante nacional.
La Junta Departamental de San José emitió días atrás un decreto con el que suspende las autorizaciones para actividades mineras en el departamento.
El intendente maragato, José Luis Falero, expresó la semana pasada en En Perspectiva que esta decisión no representa una negativa rotunda a las inversiones metalíferas, sino la necesidad de «analizar el impacto negativo o positivo» de un emprendimiento de esa envergadura.
El jerarca de la comuna agregó que ya existen antecedentes de autorizaciones otorgadas por Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) «sin analizar en profundidad lo que se está produciendo».
«Entendemos que el territorio del departamento de San José tiene un fuerte arraigo productivo tradicional que nos permite pensar que cualquier tipo de producción diferente que se quiera instalar en el departamento en forma específica, tenemos que analizarla y estudiarla. No es decir que no, simplemente tomamos medidas de suspensión para poder analizar el impacto (de la instalación de una industria de megaminería)», argumentó Falero.
La Ley de Ordenamiento Territorial del año 2008, que aún no fue reglamentada, podría ser sustento legal para defender la posición de las Intendencias.
La norma establece que los gobiernos departamentales “tendrán la competencia para categorizar el suelo, así como para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre usos, fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección del suelo y policía territorial, en todo el territorio departamental, mediante la elaboración, aprobación e implementación de los instrumentos establecidos por esta ley, en el marco de la legislación aplicable”.
El también integrante de la Comisión de Constitución de Diputados, Pablo Iturralde, sostiene que los decretos municipales están ajustados al derecho.
Pese a lo que opina el diputado nacionalista Iturralde, muchos juristas no tienen dudas con respecto de que norma prevalece sobre otra.
El abogado constitucionalista José Korzeniak, opinó que la Ley Nacional está por sobre la municipales en todos los casos y recordó que el numeral 3 del Artículo 85 de la constitución establece que es competencia de la Asamblea General expedir casi todas las leyes salvo algunas excepciones.