14 Febrero 2011
Carina Pérez
Se trata de la denuncia penal contra dos ex funcionarios de Cobos, Morandini y Morgani, por la construcción del nuevo camino de ese parque. El fiscal Carniello debe decidir si la eleva a juicio.
La denuncia penal contra dos ex funcionarios de la gestión Cobos, Francisco Morandini –quien ocupaba el Ministerio de Obras Públicas– y Gustavo Morgani –secretario de Medio Ambiente–, por presuntas irregularidades en la construcción del camino al parque Aconcagua podría tener una pronta resolución judicial, ya que el fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello debe decidir si eleva a juicio la acusación o archiva el caso.
Tanto Morandini como Morgani fueron imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque, según la red ambiental Oikos, nunca fue realizado el estudio de impacto ambiental antes de concretar la obra y, además, el proyecto presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo, financiador del camino, estaba pensado para otro tramo y no el que finalmente se hizo.
Este cambio sugiere para la red ambiental que los fondos fueron desviados de su fin específico.
El conflicto por este tema tuvo varios capítulos, uno de ellos fue cuando la Fiscalía de Estado –al mando por ese entonces de Pedro Sin– ordenó paralizar el proceso hasta tanto se completaran los requisitos previstos por la ley. Además, la Fiscalía pidió que la Justicia investigara el accionar de los funcionarios implicados.
Sin embargo, estos desoyeron ese pedido y concretaron la obra que finalmente inauguró el ex gobernador Julio Cobos a fines de abril del 2007.
Con estos hechos consumados, en julio de ese mismo año, Oikos elevó las pruebas del expediente a la oficina de Integridad Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un cuerpo que controla tanto al banco como al destinatario de los créditos de la entidad para informarlos de que podría existir un posible fraude.
La primer respuesta del organismo fue concluir que no había daño patrimonial al banco, pero la red ambientalista insistió sobre los expedientes que fueron tramitados por la Fiscalía y el organismo tomó cartas en el asunto para saber qué pasó con el dinero.
Sin informe ambiental
El otro punto fuerte de la presentación judicial fue la ausencia del informe sectorial del Iadiza sobre el impacto ambiental que reportaría la realización del nuevo camino.
Durante más de cuatro años, el expediente fue incorporando pruebas de ambas partes en conflicto, pero fue la semana pasada cuando el fiscal Carniello concedió una audiencia a Morandini para volver a traer informes técnicos y, a la vez, Oikos hizo lo propio.
Según Eduardo Sosa, titular de esa red ambientalista, el camino costó más caro de lo previsto originalmente y reparar el daño ambiental ocasionado es más caro todavía. “Lo más triste es que nunca quedará en su estado original”, comentó.
De todos modos, se mostró confiado en que habrá una sentencia condenatoria y resaltó que “podría ser un caso testigo a nivel nacional, ya que hasta el momento no hay funcionarios de alto rango de áreas ambientales procesados por la Justicia debido a daños ambientales, con lo cual la Justicia podría dar un fuerte mensaje al sistema político respecto de que los temas ambientales también son importantes y que los delitos contra el medio ambiente tienen cabida en la Justicia”.
Si el fiscal decidiera archivar la causa en lugar de elevarla a juicio, Oikos tiene una instancia más y podría apelar esta decisión ante un juez de garantías.