19 de Marzo de 2012
El Senado de Australia aprobó hoy el Impuesto a la Renta de los Recursos Minerales, que grava el 30 % de los beneficios extraordinarios de las mineras y que permitirá al Estado recaudar unos 11.213 millones de dólares (8.530 millones de euros) en los primeros tres años.
Por 38 votos a favor y 32 en contra, el Senado ha dado el visto bueno al tributo que aprobó en noviembre el Congreso de los Diputados, y que entrará en vigor el próximo 1 de julio, después de que haya pasado el trámite de convertirse en ley.
Las empresas mineras cuyas ganancias extraordinarias anuales superen los 132,38 millones de dólares (100,52 millones de euros) serán gravadas desde ahora con el 30 % de sus beneficios y las que ingresen más de 79,4 millones de dólares (60,3 millones de euros) pagarán un porcentaje inferior.
Las autoridades calculan que el arancel afectará a una treintena de compañías.
El Ejecutivo de la primera ministra, Julia Gillard, defiende que el canon asegurará que los beneficios extraordinarios provenientes del auge del comercio de minerales se redistribuyan con justicia y favorezcan el desarrollo de Australia.
Los ingresos permitirán aumentar el fondo de jubilación, financiar obras de infraestructura y reducir los aranceles para los pequeños comerciantes del 30 a 29 %.
El secretario del Tesoro de Australia, Wayne Swan, celebró la medida, que representa «una enorme reforma económica en estos tiempos», y comentó que todos los australianos son dueños de los recursos y «es justo que todos compartan los beneficios», dijo.
La oposición conservadora cree que la carga, cuya recaudación será publicada mensualmente, ahuyentará las inversiones y dañará a la industria minera.
El Partido Laborista intentó en 2010 aprobar un gravamen del 40 % a los beneficios mineros, pero la fuerte oposición que encontró logró derrocar al entonces primer ministro, el laborista Kevin Rudd.
Gillard sucedió a Rudd, compañero de formación, y llegó a un acuerdo con las tres principales mineras, BHP Billiton, Xstrata y Rio Tinto, para reducir el impuesto al 30 %.