La resolución final del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial -cualquiera que sea-, sobre la demanda interpuesta por la minera Pacific Rim, ahora Oceana Gold, no significa que el Estado deba entregarle una concesión para operar, aseguró ayer el abogado representante del país en este caso, Luis Parada.
La empresa minera le exige a El Salvador $250 millones por negarle el permiso de explotación de la mina El Dorado, en Cabañas.
Parada informó que a finales de agosto el CIADI publicará el laudo que determinará si el Estado salvadoreño deberá pagarle a la empresa, si desestima la demanda y el tribunal castiga a la minera con que reembolse todo o parte de los $13 millones que el país ha gastado producto del litigio; o bien que gane El Salvador y cada parte asuma sus costos legales del proceso.
En cualquier escenario, explicó Parada, “el tribunal no puede obligarle a El Salvador a que le dé un permiso de concesión de explotación a la empresa”, porque el proceso discutido “solamente es el reembolso del dinero”.
Defiende postura
El abogado aseguró que otorgar una concesión a Pacific Rim, que en 2013 fue adquirida por Oceana Gold, no es una opción. El representante legal aseguró que la empresa no cumplió con los requisitos que dicta la Ley de Minería salvadoreña, por lo que no puede recibir una autorización, ni siquiera en el hipotético caso de tener que pagarle los $250 millones.
“No es una opción para el Gobierno salvadoreño otorgar una concesión a cambio del pago, porque no puede pasar encima de sus propias leyes”, insistió Parada.
Desde 2009, Pacific Rim interpuso una demanda contra El Salvador por no haber recibido una licencia para extraer oro y plata en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas. Durante los siete años del proceso legal, se estima que el Estado ha destinado alrededor de $13 millones en gastos de representación.
El representante del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andrés McKiley, consideró indignante e injusto que pese a no contar con argumentos válidos para la demanda, Oceana Gold aún mantenga presencia en el país y busque “ganar el favor de la población” para poder presionar al Estado y continuar operaciones en la Mina El Dorado.
“La empresa no cumplió con los requisitos de la ley de minería. Está llevando la demanda como una forma de chantaje, está tratando de forzar a El Salvador a pesar del rechazo amplio de la ciudadanía de esa industria minera”, puntualizó el representante del IUDOP.
El caso
2009
Pacific Rim anunció el inicio de un arbitraje en contra de El Salvador argumentando que el país suspendió los permisos para iniciar trabajos en El Dorado, donde pretendía explotar minas de oro.
2013
Tras desestimar su amparo al CAFTA en 2012, Pacific Rim anunció una nueva demanda en el CIADI por $315 millones amparada bajo la Ley de Inversiones de El Salvador.
2014
Habiendo sido comprada por Oceana Gold un año antes, Pacific Rim continúa el litigio contra El Salvador. Peritaje revela ajustes matemáticos y demanda reduce a $250 millones.
2016
Después de siete años de litigio en el tribunal arbitrario, el CIADI emitirá el laudo final en agosto de 2016. La defensa salvadoreña está segura que no perderá.
$250 Millones
Oceana Gold exige el pago de $250 millones por negarle un permiso para explotar la mina de oro El Dorado, Cabañas.
80 % Desacuerdo
Según el IUDOP, en los municipios afectados por la minería, el 80 % piensa que el país no es apropiado para esta industria.
Fuente: http://elmundo.sv/aunque-el-salvador-pierda-arbitraje-no-darian-concesion-a-oceana-gold/