24 de noviembre 2011
Diana Porras
Transnacionales a la carga
Mientras aumentan los precios de los productos básicos como el petróleo, el oro y el gas, los gobiernos de América Latina han vivido un proceso que les ha quitado de las manos el resguardo de sus países ante la llega de la industria extranjera extractiva. Desde el momento en que las transnacionales comenzaron a acudir a tribunales internacionales para solucionar conflictos con los países, las administraciones latinoamericanas están rindiendo cuentas a cierto modelo que finalmente le entrega derechos a la inversión foránea.
Las empresas transnacionales acuden cada vez más a tribunales de arbitraje internacionales para resolver las disputas en torno a los derechos a recursos naturales.
En el tribunal de uso más frecuente -el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)- hay 137 casos pendientes, 43 de ellos relacionados con las industrias del petróleo, la minería y el gas. Una cifra que dista mucho de los tres que habían pendiente hace diez años en los mismos ámbitos y los siete que fueron presentados en total entre la década de 1980 y 1990.
Esta es parte de las principales conclusiones y temas a debatir en el estudio “Extrayendo ganancias en los Tribunales Internacionales” de la Red para la Justicia en las Inversiones Globales que tiene sus oficinas en Washington, Estados Unidos.
El informe aclara que “durante los siglos pasados las disputas sobre las inversiones extranjeras se han resuelto ya sea a través del sistema judicial del país receptor o por medio de procesos de gobierno a gobierno. En América Latina se ha considerado un abuso a la soberanía nacional el sacar estas disputas que involucran al gobierno y a las poblaciones nacionales a juzgados internacionales y fuera del control de las autoridades nacionales”.
Pero durante las tres últimas décadas las reglas del juego han cambiado. Las economías poderosas como Estados Unidos y la Unión Europea, así como instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han impuesto a América Latina una agenda neoliberal que implica abrir sus fronteras al libre mercado y la región ha sido convencida de que de esa forma atraerían un volumen mayor de inversiones extranjeras.
Pero de esto no existe evidencia clara, y según los investigadores Susan Anderson, Manuel Pérez Rocha, Rebecca Dreyfus y Alejandro Artiga-Purcell, de hecho “los países en desarrollo que han sido los mayores receptores de inversión extranjera (China, India, Brasil) no han firmado tratados de libre comercio o de inversión con los Estados Unidos …aun así, la mayoría de los países del mundo tienen ahora la obligación de proporcionar importantes derechos a inversionistas a través de una creciente red de tribunales de arbitraje internacionales, acuerdos para la protección y promoción recíproca de las inversiones (APPRI) y tratados de libre comercio(TLC).
Éstos últimos le dan nuevos y amplios derechos a las empresas: solución de conflictos a nivel internacional, restricciones a la expropiación “directa”, normas vagas de “trato justo y equitativo”, prohibición de los controles de capital y límites a los requisitos de desempeño.
La investigación concluye que desde la sociedad civil se revisan alternativas que permitan promover “un equilibrio más equitativo entre los intereses corporativos y el interés público” en todos los países del mundo, pero principalmente desde Estados Unidos.