La Asamblea Popular por el Agua, volvió a rechazar la idea que tiene el Gobierno provincial de reactivar el proyecto San Jorge, de explotación de cobre y oro en la mina ubicada a 45 kilómetros de Uspallata.
Estas últimas semanas, reflotó el proyecto de ley impulsado por el intendente de Malargüe Juan Antonio Agulles y los legisladores del Frente para la Victoria José Muñoz, Raúl Guerra y Silvia Ramos, que propone modificar la ley 7.722 llamada «antiminera».
Entre las principales reformas, la más importante radica en la utilización de sustancias químicas prohibidas, como el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otros, fuera de las áreas no permitidas establecidas taxativamente en los artículos 33 y 36 del Código de Minería de la Nación, como así también en un radio de 10 kilómetros desde el centro de cualquier localidad provincial.
Por otro lado, otro plan que tiene el Gobierno es explotar la mina y trasladar las rocas hasta San Juan, provincia que sí tiene permitido utilizar procedimientos con las sustancias químicas que aquí no están permitidas, para poder realizar el proceso de tratamiento y así obtener cobre y oro.
Una de las integrantes de la Asamblea Popular por el Agua, María Teresa Cañas, reafirmó que la organización está totalmente en contra de la megaminería y opinó que el Gobierno «está tirando de la cuerda para ver cómo reaccionamos».
«El Ejecutivo está tanteando a la sociedad con estos avances y movidas que realiza para ver si tiene licencia social. Pero bien sabe que desde las asambleas sociales no lo va a tener», indicó.
Con respecto a la posibilidad de que Mendoza llegue a un acuerdo con San Juan para «esquivar» la ley 7.722, Cañas exclamó que «es una tomada de pelo para el pueblo que se alzó contra megaminería» y agregó que el impacto ambiental «sería el mismo» para la provincia.
Además, cargó contra el Ejecutivo, que según ella sigue actuando «sin importarles la gran cantidad de agua que se realiza en estas prácticas ni tampoco la contaminación que se produce».
A su vez, comentó que es necesario que se escuche a las organizaciones ambientalistas y también que los políticos lleven al debate otros modelos de desarrollo o de transición diferentes al que se está aplicando ahora. «Este modelo está terminado, estamos llegando al fin de la era del petróleo y en el debate de ordenamiento territorial no se ha tocado el tema», agregó.
Finalmente, dijo que la Asamblea Popular por el Agua seguirá actuando con todas las herramientas legales que tengan y no claudicarán con las movilizaciones que han estado realizando en los diferentes puntos de la provincia.