Más de 150 personas de los pueblos originarios del territorio Arica y Parinacota, junto a organizaciones sociales, culturales, ambientales y personas de los valles y ciudadanía en general, participaron en la “Gran Movilización por la Defensa del Territorio y Aguas: No a la Minería”, que se realizó este 27 de septiembre en Arica.
La acción autoconvocada por los pueblos de Belén, Chapiquiña, Pachama, Copaquilla, Lupica, Saxamar, Tignamar, Guallatire, Livilcar, Zapahuira, Socoroma, Putre, Caquena, Timar, Pachica y el valle de Azapa, buscó visibilizar la oposición de los pueblos a la minería que amenaza las formas de vida tradicionales y afectación al medioambiente, exigiendo al gobierno que reconozca los territorios ancestrales y no los apropie como fiscales. Asimismo, cuestionaron el Plan Maestro de Repoblamiento para Parinacota que anunció el gobierno, estrategia que no cuenta con la participación de los pueblos.
Marcha
La movilización pacífica partió en la plaza Los Leones donde se dirigió hasta SERNAGEOMIN, organismo que recibe las solicitudes de exploraciones minera; luego las y los manifestantes llegaron a la CONAF institución pública a la que emplazaron a informar los daños de flora y fauna que están realizan los proyectos mineros que hoy están afectando a la Región. Por calle Juan Noé la marcha se detuvo en CONADI, Poder judicial y oficinas de enlace de las comunas de Camarones y Putre, ocasión donde se solicitó a las autoridades comunales que expresen públicamente su postura ante la minería y apoyen en esta lucha a los territorios.
Finalmente, la movilización llegó al frontis de la Intendencia Regional para hacer entrega de una carta donde se exige que: el Ministerio de Bienes Nacionales reconozca el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, dando cumplimiento a la titulación de los territorios al amparo de la normativa internacional.
La reforma al Código de Agua reconozca la propiedad y el uso que ancestralmente hacen las comunidades indígenas territoriales de la región, respetando nuestra cosmovisión indígena.
La reforma al Código de Minería la cual otorga concesiones mineras en territorios indígenas, dañando irreparablemente nuestro patrimonio cultural y natural, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada.
Y eliminar la minería como eje de desarrollo en la región de Arica y Parinacota y, en nuestros territorios, respetar nuestro derecho a decidir nuestro propio desarrollo.
Cabe destacar que la Gobernación Provincial no autorizó el recorrido solicitado, a pesar que la carta fue enviada hace más de 15 días de anticipación, hecho que los pueblos calificaron de arbitrario y discriminatorio. Según las y los organizadores, no descartan realizar las acciones pertinentes por vulneración de derecho a la libertad de expresión a los pueblos originarios.
COMUNICADO PUBLICO
Los pueblos precordilleranos y cordilleranos, comunidades indígenas aymaras y quechuas, y las organizaciones sociales, culturales, ambientales y de los valles de la región de Arica y Parinacota, autoconvocados en la ciudad de Arica, en el marco de la defensa de los DERECHOS TERRITORIALES establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestamos lo siguiente:
Que el actual gobierno del Presidente Sr. Sebastián Piñera, tiene el deber de reconocer el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, donde su fundamento no descansa en la existencia de un título o una inscripción en el Registro Público de Tierras Indígenas de la CONADI, sino, en la ocupación y el uso tradicional que de las tierras y territorios han hecho o hacen desde tiempos inmemoriales.
Que el gobierno tiene el deber de tomar las medidas que sean necesarias para regularizar la propiedad territorial, con el fin de garantizar su debida protección y dar solución a las legítimas reivindicaciones territoriales, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT.
Que la titulación de territorios indígenas, ya tiene precedentes en los gobiernos anteriores, que mediante la acción del Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena lograron titular territorios indígenas en la segunda región, situación que demuestra que solo se requiere de voluntad política del actual gobierno para delimitar los territorios de las comunidades indígenas territoriales de esta región.
Las comunidades indígenas rechazamos la doctrina de la negación que realiza el Gobierno en materia territorial, al establecer que nuestro sistema jurídico no reconoce el “dominio por preexistencia o ancestralidad”, desconociendo la dimensión colectiva y espiritual; relación especial que poseen nuestras comunidades indígenas territoriales. Asimismo, condenamos la separación de la tierra y el agua, establecida en el Código de Aguas, pues la correspondencia de ambas es necesaria para la supervivencia, desarrollo y continuidad de nuestras formas de vida.
Exigimos la derogación del Decreto Exento Nº215 emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales que destina aproximadamente 9.000 hectáreas al Ministerio de Defensa para la instrucción y entrenamiento militar de la VI División del Ejército, territorios que le pertenecen histórica y ancestralmente a la Comunidad de Socoroma.
La comunidades indígenas territoriales rechazamos como eje de desarrollo la minería en nuestros territorios, ya que se contrapone a nuestra visión de desarrollo basada en la agricultura, ganadería y el turismo patrimonial, decisión que se toma bajo el amparo de los derechos a la autonomía territorial y la libre determinación, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En consecuencia, rechazamos la exploración minera de la empresa transnacional Rio Tinto Mining and Exploration Ltda., en territorio de la comunidad territorial de Belén, debido a que afecta su forma tradicional de vida, provoca un daño irreparable al patrimonio cultural y natural existente en su territorio y genera división en su comunidad.
Por lo tanto, exigimos al gobierno, a través su representante en la región, la Intendenta Sra. María Loreto Letelier Salsilli, lo siguiente:
- a) Que el Ministerio de Bienes Nacionales reconozca el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, dando cumplimiento a la titulación de los territorios al amparo de la normativa internacional.
- b) Que la reforma al Código de Agua reconozca la propiedad y el uso que ancestralmente hacen las comunidades indígenas territoriales de la región, respetando nuestra cosmovisión indígena.
- c) La reforma al Código de Minería la cual otorga concesiones mineras en territorios indígenas, dañando irreparablemente nuestro patrimonio cultural y natural, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada.
- d) Eliminar la minería como eje de desarrollo en la región de Arica y Parinacota y, en nuestros territorios, respetar nuestro derecho a decidir nuestro propio desarrollo.
Los pueblos precordilleranos y cordilleranos, comunidades indígenas aymaras y quechuas, y las organizaciones sociales, culturales, ambientales y de los valles de la región de Arica y Parinacota, continuaremos con el proceso de defensa y protección de nuestros territorios y aguas, no cederemos ante la arremetida de proyectos mineros y no descansaremos hasta que el Estado elimine la minería como eje de desarrollo en nuestros territorios y reconozca jurídicamente nuestros derechos territoriales ancestrales.