La Argentina es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos de índole socioambiental provocados por empresas mineras en cuanto a contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, pero también por la repartición de rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, tal como lo indica un flamante estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
De acuerdo con el portal mexicano Jornada, la Argentina y México comparten el segundo lugar entre una veintena de naciones mineras de la región que afrontan esta clase de problemas.
Cada uno tiene 26 casos, y de ese modo sólo son superados por Perú y Chile, que cuentan con 33 conflictos mineros, que la CEPAL atribuye a «la falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales, entre otras, y que -sobre todo- sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países en cuestión».
Según el organismo, los proyectos de todas las empresas mineras que actualmente están implicadas en algún conflicto en México representan un 13 por ciento de la producción de oro de esa nación.