14 de Agosto de 2012
El texto original elaborado por miembros de la Corte Suprema de Justicia Argentinay otros juristas fue modificado por el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones introducidas por el gobierno de Cristina Kirchner están la eliminación de la
posibilidad de realizar acciones colectivas en materia de medio ambiente y de defensa de usuarios y consumidores y la supresión de un artículo que garantizaba el acceso al agua. Otro punto polémico es la decisión del Poder Ejecutivo de circunscribir al ámbito rural el derecho de propiedad para los pueblos aborígenes.
El debate del proyecto que unifica los Códigos Civil y Comercial comenzará a tomar color mañana, cuando el grupo de juristas que redactó el anteproyecto de ley asista a la comisión bicameral que deberá analizar el texto remitido por el Poder Ejecutivo.
«Para nosotros, la discusión pasa porque existen dos códigos: el elaborado por los juristas y el que envió el Poder Ejecutivo», aseguró el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut), anticipando las críticas de su partido a los cambios introducidos por la administración de Cristina Kirchner al anteproyecto.
El texto original fue redactado por una comisión integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; la jueza de ese tribunal Elena Highton de Nolasco y la destacada jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, ex miembro de la Corte de Mendoza. Los tres serán los únicos invitados a la reunión que se celebrará mañana, a las 14, en el Salón Azul del Senado.
Y el tema de los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo ya está empezando a dar que hablar en las filas opositoras.
Así, el radicalismo pretende consultar a los juristas acerca de las llamativas modificaciones introducidas por el Gobierno en materia de la responsabilidad civil del Estado.
Según explicó a LA NACION el senador Ernesto Sanz (Mendoza), el anteproyecto de los juristas «regulaba civilmente los supuestos de Responsabilidad del Estado».
«Pero la reforma del Ejecutivo virtualmente los expulsa del sistema del Código Civil», agregó.
«Esto es bien típico del kirchnerismo, que confunde el Estado con el gobierno y se comportan como si ellos fueran los dueños del Estado», sentenció Sanz.
Según una minuta elaborada por el equipo de especialistas que asesora a los diputados y senadores radicales de la comisión bicameral a la que tuvo acceso LA NACION, allí se afirma: «El Gobierno pretende sujetar todo cuanto importa a la responsabilidad estatal a disposiciones específicas de estricta naturaleza administrativa y no civil, cuya entidad se desconocen al no haber sido aún dictadas».
Sanz graficó la situación con un ejemplo: «Se puede llegar al extremo de que una persona víctima de mala praxis en un hospital público deba recurrir a la vía administrativa, mientras que otra, también víctima de mala praxis pero en una clínica privada ubicada en la misma cuadra que el hospital, podrá accionar en el fuero civil».
«El Estado se desliga así de toda responsabilidad, y cuando estás obligado a recurrir a la vía administrativa, podés considerarte afortunado si obtenés sentencia en 45 años», exageró Sanz.
MÁS CAMBIOS
Otra de las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo que prometen generar polémica es la eliminación de la posibilidad de realizar acciones colectivas en materias de medio ambiente y de defensa de usuarios y consumidores. El derecho fue reconocido por los juristas en el artículo 14 de su anteproyecto, pero el Gobierno lo eliminó.
Por último, el jefe del bloque de senadores de la UCR, Luis Naidenoff (Formosa), cuestionó otros aspectos del proyecto reelaborado por la administración de Cristina Kirchner. «El Gobierno eliminó el artículo 214 [del anteproyecto] que garantizaba el acceso al agua, violentando así un derecho fundamental», denunció el formoseño.
Otro punto polémico es la decisión del Poder Ejecutivo de circunscribir al ámbito rural el derecho de propiedad para los pueblos aborígenes, negándoles así acceso a las zonas urbanas.
PULSEADA POR EL TIEMPO DE LA DISCUSIÓN
El kirchnerismo tiene la orden de sancionar el nuevo Código cuanto antes. Con ese objetivo, fijó en 90 días el plazo de trabajo de la comisión bicameral, a pesar del pedido de la oposición por no apurar un debate tan complejo y extenso. El primer paso en esa estrategia fue ubicar al frente de la comisión a dos ultrakirchneristas: el senador Marcelo Fuentes (Neuquén) y la diputada Diana Conti (Buenos Aires); y sostener que el código de Dalmacio Vélez Sarsfield se votó a libro cerrado. Esto no es tan así: el jurista entregó el primero de los cuatros libros en 1865 y el último, en 1869. El Código, en tanto, entró en vigor en 1871.