En las viviendas del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, flamean banderas verdes que dicen: “Agro sí, mina no”. Hace cuatro años todas las casas tenían una; hoy, según comprobó El Comercio en un recorrido, solo se agitan de manera alternada, en una vivienda sí y en otra no. Además, desde el 2018 hay inscripciones en algunas paredes con la frase: “Agro sí, desarrollo económico también”.
El valle, conformado por los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, es una franja agrícola de más de 13.000 hectáreas, cuyos productos bandera son el arroz y azúcar. Según la Gerencia Regional de Agricultura, en la zona unas 25.000 familias viven directamente de esta actividad.
A tres kilómetros de ese lugar, Southern Perú tiene una concesión minera de 35.000 hectáreas. Desde el 2009, la empresa busca desarrollar su proyecto que le permitirá explotar 120.000 toneladas de cobre refinado al año.
Sin embargo, en dos meses vence el plazo del estudio de impacto ambiental (EIA) de Tía María. Southern Perú debe iniciar sus actividades antes de agosto, pero aún no reciben la licencia de construcción. Esta es la última autorización que requiere la empresa minera para intervenir en su concesión.
Pese a que están contra el tiempo, el vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacob Ruisanchez, indicó a El Comercio que están tranquilos, porque cumplieron con todos los requisitos. Explicó que desde noviembre del 2018 están a la espera de la licencia que debe entregarles la Dirección General de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
“Nosotros hemos cumplido todos los requisitos técnicos, legales y ambientales. Si bien el EIA puede vencer, creemos que vamos a recibir la licencia antes de que caduque el estudio. Estamos listos para iniciar los trabajos”, dijo Jacob.
Según las proyecciones de la empresa, si Tía María inicia sus operaciones, se estima que la región Arequipa recibiría al año más de S/270 millones por canon y regalías.
–Conflicto latente–
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Tía María es considerado como un conflicto social latente. Entre el 2011 y 2015, siete personas han muerto por este conflicto social. Actualmente, la población del Valle de Tambo está dividida. Hay quienes apoyan el desarrollo de la mina y otros no. La noche del pasado jueves 9 de mayo, cerca de 500 agricultores protestaron en Dean Valdivia. En un improvisado mitin, se evidenció que los dirigentes están fraccionados y no logran reactivar el Frente de Defensa del Valle de Tambo.
Hace cuatro años eran un gremio fortalecido. Pero en medio de las protestas del 2015, se difundieron unos audios que comprometían a su entonces presidente, Pepe Julio Gutiérrez, quién pedía un millón y medio de “lentejas” (dólares) a Southern a cambio de suspender las protestas. Desde el 2018, tras cumplir 33 meses de prisión preventiva, Gutiérrez afronta en libertad el juicio que se le sigue por presunta extorsión y asociación ilícita para delinquir.
Los agricultores han perdido la confianza en sus líderes. “Pero esa situación no cambia la posición de rechazo que tenemos frente a Tía María. El pueblo está en la capacidad de autoconvocarse y no permitirán que el proyecto ingrese”, asegura el dirigente agrario Miguel Meza Igme.
–Programas sociales–
María Eugenia Salas, responsable de Valle Unido, organismo de Southern que socializa el proyecto Tía María, explicó que el panorama es diferente a lo vivido hace cuatro años. Luego del conflicto, los dos centros comunitarios de la minera fueron cerrados, pero en el 2017 regresaron para construir relaciones y ahora hay cuatro centros que funcionan en la provincia.
A través de Valle Unido, Southern llegó a los agricultores con campañas médicas, asistencia técnica, financiamiento de proyectos, capacitaciones y otros programas. “Al inicio, la gente sentía miedo de acercarse a los centros comunitarios porque eran señalados como traidores. Ya se superó esa etapa; estamos construyendo confianza”, agregó Salas.
A inicios de marzo, el titular del Minem, Francisco Ísmodes, señaló en un evento en Canadá que este año su sector priorizará el proyecto Tía María. El Comercio solicitó una entrevista con Ísmodes para conocer cuándo se entregará la licencia para el proyecto. Se le envió un cuestionario a través de su área de prensa, pero no hubo respuesta.
–Otras posiciones–
El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió al ministro Francisco Ísmodes respetar la voluntad del Valle de Tambo. “La población del valle no está de acuerdo con la mina. Para el pueblo, Tía María no va y mi posición es la posición del pueblo”, declaró.
El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera Cervera, señaló que no aceptarán que se les imponga un proyecto que genera tanta desconfianza. Pidió al Gobierno Central no ocasionar conflictos en el valle.
–¿Qué pasa si vence el EIA de Tía María?–
El 1 de agosto del 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA de Tía María, con una vigencia de tres años. En el 2017 se venció, pero el gobierno (de acuerdo a ley) lo aplazó por dos años más. El próximo 1 de agosto vence de manera definitiva.
En diciembre del 2015, las competencias para la evaluación de los EIA del sector de Energía y Minas fueron transferidas al Senace, un organismo técnico adscrito al Ministerio del Ambiente. Actualmente, la normativa es más rigurosa para evaluar dichos estudios. La ministra del Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic, que llegó a Arequipa a inicios de este mes, explicó que si Tía María pierde la vigencia del EIA debe realizar un nuevo trámite ante el Senace.
Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/agota-proyecto-tia-maria-informe-noticia-ecpm-638711?fbclid=IwAR27XDn67-OflkC2YdCy7_CxJ1ChfkcLSQ1jDgoUrFNkUSBu6XUwQ8WUqtg