La Paz – Bolivia .- Menos del 50% de las empresas mineras que operan en La Paz, Oruro y Potosí cuentan con licencia ambiental, aseguró el viernes el director general de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, Pascual Arellano, aunque no especificó las cifras.
«Lamentablemente el sector de minería en este momento del 100 por ciento que operan entre Potosí, Oruro y La Paz solamente solicitaron su licencia ambiental menos del 50% para operar y reducir la contaminación del medio ambiente», indicó a la ABI.
Arellano explicó que esta situación, entre otros factores, se debe a que las cooperativas mineras, contabilizadas también como operadores mineros, trabajan de manera artesanal y van migrando de un lugar a otro por los constantes avasallamientos que sufren.
Entre enero y septiembre de esta gestión la Dirección de Medio Ambiente entregó 79 licencias ambientales en el sector de hidrocarburos y 32 en el minero.
El Director explicó que las licencias son entregadas en el marco de la atribución que confiere la Ley 1333 de 1992, la cual faculta a la emisión de licencias ambientales para el sector de hidrocarburos, excepto a las estaciones de servicio de gasolina, y el sector de la minería que utilice maquinaria pesada.
El documento o licencia, añadió, establece cómo la empresa que explota los recursos naturales prevendrá o mitigará la contaminación que su actividad provoque.
Una vez entregadas las licencias ambientales a estos sectores, dijo Arellano un brazo operativo de la Dirección de Medio Ambiente y Cambios Climáticos realiza el «control y seguimiento» para el cumplimiento del compromiso de no contaminar el lugar.
La autoridad informó que si alguna de las empresas incumple con el compromiso, mediante una Resolución Ministerial, ésta es sancionada por la «infracción ambiental», pena que se determina de acuerdo con el costo de la operación y el grado de contaminación que habría generado la compañía.
Agregó que esa multa se destina a un programa denominado «Partida de multa» que va al Tesoro General de la Nación (TGN), para realizar las auditorias a los infractores.
«Ahí se establecen las responsabilidades del daño ocasionado e incluso, luego de la investigación, y de acuerdo a lo encontrado, se le puede quitar la licencia, puede tener un proceso penal si hubieran daños graves o muertes, o puede haber la suspensión de la licencia», finalizó.