Written by Revistazo.com, 26 abril 2010
Se trata de 107 áreas protegidas en Honduras, las que con las tradicionales “componendas políticas”, esta vez mediante la derogación de dos decretos ejecutivos, estarían a merced de los depredadores de oficio de los recursos forestales, incluyendo entre estos, a las empresas térmicas y las nocivas mineras. images Honduras cuenta con 107 áreas denominadas protegidas, 96 de ellas están legalmente declaradas, mientras que 11 en calidad de propuestas. La definición oficial establece que son sitios determinados por un Estado, sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservación de sus particularidades y riquezas medioambientales y culturales.
Sin embargo, Valerio Gutiérrez es el nombre de la persona que trasciende vinculado a las Áreas Protegidas, no por fomentar su preservación, sino porque siendo titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente –SERNA- durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín, hizo su última “jugada” a escasos días de dejar su puesto.
A Gutiérrez, se le sindica como el responsable de la derogación de dos decretos ejecutivos que prohibían la construcción de proyectos hidroeléctricos en las zonas de reserva, abriendo con ello la posibilidad de privatizar los recursos hídricos.
La sucia maniobra contra las áreas protegidas, se produjo durante el gobierno de facto de Roberto Micheleti Baín, según denuncia la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riego (MNIGR), integrada por organizaciones de defensa de los recursos naturales de Honduras.
La MNIGR denuncia que el epicentro del asunto está en el decreto 233-2010 aprobado el 22 de enero de 2010, el cual deroga los decretos ministeriales 001-96 y 158-2009.
En ambos se establecía que: “La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente se abstendrá de dar trámite a las solicitudes de licencia ambiental, cualquiera que sea la naturaleza del proyecto, contratas de aprovechamiento de aguas y estudios de factibilidad para proyectos hidroeléctricos de generación de energía, si los mismos se encuentran en áreas protegidas…”.
El acuerdo 001-96 en su artículo 1 y reformado por el decreto 420-2009, obliga a la SERNA a “abstenerse de dar trámite a las solicitudes de licencia ambiental, cualesquiera que sea la naturaleza del proyecto, contratos de aprovechamiento de aguas y estudios de factibilidad para proyectos hidroeléctricos de generación de energía, si los mismos se encuentran ubicados en Áreas Protegidas debidamente declaradas por autoridad competente conforme a ley”.
El artículo 2 del mismo acuerdo 00196 y 158-2009 dice que: “Los proyectos a desarrollarse en las zonas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas propuestas o declaradas, deberán contar con el dictamen favorable de parte de Instituto de Conservación Forestal (ICF).
El decreto que abre las puertas a la destrucción forestal
A pocos días de su salida del gobierno de facto y de su cargo como Secretario de la SERNA, Gutiérrez aprobó el decreto 233-2010, el 22 de enero del año 2010. El decreto fue publicado en el Diario oficial La Gaceta el 4 de febrero de este año; establece reformas y derogaciones a los acuerdos 001-96 y el 158-2009. 
“Para nosotros esta disposición es atentatoria que se deroguen estos decretos ministeriales, así que estamos frente a un riesgo de perder las áreas protegidas, frente a un riesgo de que se aprueben proyectos en esa zonas y a un riesgo de perder lo vital que tiene el ser humano que es el agua”, advirtió ante los medios de comunicación, Clarisa Vega, la reconocida ambientalista y miembro de la MNIGR.
Con las reformas y derogaciones de los acuerdos, la SERNA estaría permitiendo facultades absolutas a los miembros del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), una organización a la que el MNIGR cuestiona de estar conformada por miembros escogidos al antojo de los funcionarios de alto rango dentro de la SERNA.
“Es una manera de favorecer una posible intervención y destrucción de Áreas Protegidas de Honduras, zonas donde se produce la gran mayoría de agua que consumen las comunidades rurales y urbanas de Honduras”, dice el comunicado emitido por la organización denunciante.
images “Tanto los ríos y cuencas localizadas en zonas de amortiguamiento y áreas protegidas, pueden ser ahora utilizadas por empresas que generan energía eléctrica a base del recurso hídrico”, afirman los denunciantes.
Se sabe que detrás de los proyectos hídricos, se encuentran los dueños de las empresas térmicas, denominados los “chupa sangre del Estado”, por los millonarios contratos que suscriben con los gobiernos de turno, para generar energía a la población, a un costo elevado.
Solicitan derogar decreto y deducir responsable a ex funcionario
Al presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, al del Congreso Nacional y al actual titular de la SERNA, Rigoberto Cuellar, la MNIGR piden analizar las condiciones legales y repercusiones que tendrá la aplicación del acuerdo.
Asimismo, derogar o dejar sin valor el acuerdo y deducir las responsabilidades del caso a los funcionarios que ordenaron la reforma de los decretos en mención, a fin de evitar más daños, de los ya existentes, a los recursos forestales.
“Esto nos llena de rabia, porque es lo único que queda en el país”, dijo en el evento en que hicieron pública la denuncia, German Casco, integrante de la organización denunciante.